La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su profunda preocupación ante el debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso sobre el dictamen que propone ampliar por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, sobre todo, reincorporar a miles de mineros informales previamente excluidos.
Las prórrogas sucesivas del Reinfo no han contribuido a una verdadera formalización. Por el contrario, han sido utilizadas por operadores vinculados a la minería ilegal como un instrumento para continuar actividades que generan graves impactos sociales, ambientales y económicos, expresó el gremio através de un comunicado.
De aprobarse este dictamen, se producirían efectos de alto riesgo para la ciudadanía, la actividad empresarial y la seguridad del país. En primer lugar, se incrementaría la violencia asociada a organizaciones criminales involucradas en minería ilegal como la trata de personas, el lavado de activos y la deforestación masiva. En segundo lugar, esta situación expone a miles de trabajadores a condiciones laborales precarias, sin acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y protección frente a riesgos laborales y estándares profundizando su vulnerabilidad y limitando sus oportunidades de progreso.
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Contraviene los compromisos internacionales
Asimismo, esta iniciativa contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Perú en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal promovida por la Comunidad Andina (CAN). El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones y restricciones comerciales que afectarían gravemente la canasta exportadora de la industria y de las mypes.
“La Cofiep reafirma que la verdadera formalización minera debe basarse en reglas claras, plazos definitivos, trazabilidad, supervisión efectiva y articulación entre el Estado, las comunidades y el sector privado”, anotó.
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En esa línea instaron al Congreso de la República a actuar con responsabilidad, priorizando el interés nacional, el respeto al marco legal y la protección de los ciudadanos. “El Perú no puede retroceder en la lucha contra la minería ilegal. Es momento de fortalecer la institucionalidad y asegurar que el crecimiento económico avance de la mano con la legalidad, la seguridad y la preservación del medio ambiente”, subrayó..





