
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su rechazo al predictamen del Proyecto de Ley N.º 9778/2024-CR, que será debatido mañana miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso de la República, por su pretensión, según indicaron, de modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para restringir la participación del sector privado y estatizar la actividad portuaria en el país.
“Esta propuesta legislativa representa un grave retroceso que contradice los avances alcanzados en los últimos 20 años en cuanto a modernización, eficiencia y competitividad portuaria, poniendo en riesgo los proyectos actuales y futuros que apuntalan el comercio exterior peruano; y, por ende, el desarrollo del país”, sostuvo a través de un comunicado.
Recordó que gracias a la participación privada, el Perú ha logrado mejoras sustanciales en su sistema portuario, movemos 72% más que el 2011 en carga suelta, casi el doble en contenedores que el 2011, 3.5 millones de TEUS (Twenty-Foot Equivalent Unit), más de 2,300 millones de dólares en inversión ejecutada, con proyección a llegar a 3,500 y se han generado 50,000 empleos directos e indirectos.
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“Este proyecto de ley plantea que la actividad portuaria no puede tener participación del sector privado y que el Estado solo puede asociarse hasta por un 40% y por el plazo de 10 años, sin mayor motivación ni justificación alguna. Con este criterio, no se hubiese podido desarrollar el puerto de Chancay, por ejemplo”, apuntó.

La historia reciente del país ha demostrado que cuando el Estado asume un rol empresarial, lo hace con criterios políticos y eso originó la antigua historia de ENAPU o la actual de Petroperú que terminan convirtiéndose en un lastre para todos los peruanos, indicó AFIN.
Añadió que el proyecto también presenta serios cuestionamientos legales, pues desconoce la existencia de contratos de concesión vigentes, compromisos firmes de inversión privada y el marco jurídico que protege la estabilidad de las inversiones. Modificar arbitrariamente estas reglas no solo ahuyenta nuevos proyectos, sino que puede generar controversias legales y afectar la credibilidad del país.
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Por ello , AFIN exhortó a la Comisión de Justicia del Congreso a archivar este proyecto de ley, por ser contrario al interés nacional, debilitar el sistema portuario y frenar la competitividad del Perú en un contexto internacional donde se necesitan señales claras a favor del crecimiento económico.
“El país no necesita más empresas públicas sin rumbo ni eficiencia. Necesita más inversión, conectividad y desarrollo logístico para integrarse al mundo”, acotó.

