El viernes 16 de mayo el sector agrario registró un episodio de violencia. Los trabajadores de la empresa agroexportadora Blueberries, ubicada en Chao, La Libertad, fueron abaleados mientras viajaban en una minivan. Cuatro de ellos resultaron heridos.
Las víctimas son Rosmery Utrilla de la Cruz, José Fernando Asto Patricio, María Ulogia Sebastián Muñoz y una persona que aún no ha sido identificada. Hasta el momento, solo dos han recibido el alta.
Ante este escenario —posterior a la masacre de 13 trabajadores del rubro minero en Pataz, también en La Libertad—, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) adelantó con Gestión el comunicado que alistan.
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AGAP muestra preocupación ante criminalidad
Desde el directorio, AGAP le brindó a este diario un comunicado en el cual condena enérgicamente los actos criminales contra los trabajadores de la compañía agroexportadora.
“Se suman a una preocupante ola de violencia e inseguridad que viene afectando a diversos sectores del país, que son víctimas de continuos ataques a su integridad y extorsiones”, manifestó.
En esa línea, aseguró que la expresión de ferocidad exige reacciones veloces.
“Estos hechos son reflejo de una situación que requiere atención urgente y medidas concretas. La presencia del crimen organizado en zonas productivas no puede ser tolerada”, argumentó.
Agregó: “Es indispensable que las autoridades actúen con firmeza, diligencia y coordinación para restablecer el orden, proteger a la población y garantizar condiciones mínimas de seguridad para el trabajo y la inversión en el país".
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La huella de la inseguridad ciudadana
AGAP subrayó que la inseguridad ciudadana no solo pone en riesgo la vida de las personas, sino que también debilita la confianza en el Estado.
“Deteriora el clima de negocios y amenaza la sostenibilidad de una actividad fundamental para el desarrollo económico y social del Perú, como lo es la agricultura”.
Por ello, el gremio le solicitó al Poder Ejecutivo, al Ministerio del Interior, al Congreso de la República, Poder Judicial y Ministerio Público trabajar en conjunto y tomar acciones inmediatas para enfrentar con decisión la creciente inseguridad en las zonas productivas agrarias.
“Para que asuman la responsabilidad que les otorga la Constitución Política del Perú y devuelvan la paz y la tranquilidad en todo el país”, finiquitó.
