El pedido de facultades legislativas delegadas será sustentado por el Gobierno de Perú ante el Congreso de la República hoy. Uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa en esta solicitud está vinculado a la agroexportación.
Así, se busca la creación de un Certificado de Aporte para la Promoción Agraria (CAPA), para las empresas que cumplan con la bonificación establecida en la Ley N° 31110, del Régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, para promover la inversión en tierras del Estado.
Gestión revisó los detalles.
LEA TAMBIÉN: Cadenas productivas del agro en descuido: los factores que explican el freno del rubro
Una “compensación” tras el pago del bono BETA
En concreto, con este instrumento -especifica el texto- se quiere reconocer a las empresas que cumplen con la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (bono BETA), permitiéndoles utilizar dichos certificados como un crédito en subastas de tierras estatales.
“Se genera un incentivo directo al cumplimiento de obligaciones laborales y a la vez se fomenta la inversión privada en tierras con vocación agraria”, se lee en el pedido de facultades.
Se busca la creación de un Certificado de Aporte para la Promoción Agraria (CAPA). (Foto: Andina)
Este planteamiento ya rondaba en el Poder Ejecutivo desde la gestión anterior. En agosto de este año, el entonces ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, dijo a este diario que no se iba a retroceder con el pago del bono BETA porque “es un asunto social”.
Pero, destacó Manero, se quería compensar un 50% del bono como crédito para la compra de tierras en las subastas de proyectos de irrigación o de cualquier terreno estatal. Ahora, tres meses después, y bajo otro Gobierno, se extendió el pedido al Congreso mediante la solicitud de facultades.
“El mecanismo CAPA responde a la necesidad de equilibrar los costos adicionales que enfrentan las empresas agrarias formales. Dichos costos adicionales asociados al cumplimiento de la bonificación laboral bono BETA y la contribución al Senati, han limitado la capacidad de expansión e inversión en el sector”, añadió el Poder Ejecutivo.
Según la estimación del Gobierno, la medida “reduciría en un 15% la tasa de informalidad laboral en zonas rurales priorizadas e incorporará más de 10,000 hectáreas en tierras estatales al circuito productivo en sus primeros tres años de aplicación”.
LEA TAMBIÉN: Cebollas: Bland Farms acelera importaciones desde Perú tras cierre de campaña en EE.UU.
Bono BETA: cómo se compone
Hay que recordar que antes de culminar el 2020, se publicó la Ley N° 31110, que -entre otros- estableció el pago de una Bonificación Especial por Trabajo Agrario equivalente al 30% de la Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir, más de S/ 300 (con el valor actual). Dicho BETA no es de carácter remunerativo.
Si bien inicialmente la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) se mostró en contra de la incorporación de esto, lo cierto es que una vez aprobado descartó que el sector privado que representa esté buscando algún mecanismo para recortar derechos a los trabajadores agrarios.
“Rechazamos la afirmación que desde el sector privado se esté buscando recortar los derechos de los trabajadores del sector agrario formal como el bono BETA”, aseguró en su momento.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
