En septiembre del 2024, se publicó el Decreto de Urgencia (DU) N° 013-2024, para establecer medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera que permitan superar la coyuntura de Petroperú. Casi 10 meses después, se busca que sea declarado inconstitucional. Gestión cuenta los detalles.
Este diario pudo conocer que el Colegio de Abogados de Arequipa acudió al Tribunal Constitucional (TC) para interponer el último 7 de julio una demanda de inconstitucionalidad contra el DU mencionado. Bajo este escenario, Gestión conversó con Walter Gutierrez, abogado que lidera el equipo que patrocina la demanda.
“El Poder Ejecutivo ha emitido distintos DU para apalancar dinero para Petroperú. Estos DU que están pensados para eventos de emergencia, situaciones excepcionales, no se pueden utilizar para cuestiones ordinarias, estructurales, que sabes que van a suceder. Se utilizan para un terremoto, pandemia, para algo que no se puede prever”, explicó.
Por lo expuesto, a su consideración, no se puede permitir al Estado que continúe usando esta herramienta para darle más recursos o similares a la petrolera estatal.
Hay que recordar que este DU, entre otras cosas, amplió plazos establecidos en decretos de urgencia anteriores (Nº 023-2022 y Nº 010-2022); estableció medidas de optimización y austeridad para la sostenibilidad financiera de Petroperú, entre otros.
“Realmente esta situación debió ser, primero, controlada por el propio Ejecutivo (...) El segundo filtro es el Congreso de la República, porque la propia Constitución señala que este tipo de normas son evaluadas por el Parlamento, pero no lo hizo. El tercer y último filtro es el TC, y ahí es donde estamos ahora”, mencionó Gutierrez.
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Por qué el Colegio de Abogados de Arequipa presentó esta demanda
Gutierrez detalló las razones (de fondo y de forma) por las que el Colegio de Abogados tomó la decisión de ir por este camino.
Gutierrez detalló las razones (de fondo y de forma) por las que el Colegio de Abogados tomó la decisión de ir por este camino. Como se mencionó líneas atrás, en primer lugar, no se “activaron” los filtros necesarios para revisar el DU en favor de Petroperú.
Además, “a lo largo de los últimos años la petrolera estatal viene recibiendo apoyo del Estado para poder financiarse (...) pero, hemos tenido una compañía que registra pérdidas y reducción de su participación en el mercado”.
Un cuarto tema resaltado por Gutierrez es hasta qué punto utilizando DU o similares el Estado peruano puede financiar o sostener una empresa cuyo modelo -a su criterio- es “inviable”.
Para el abogado, estas son razones suficientes para que se haya ido tras una demanda de inconstitucionalidad.
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El proceso que seguirá la demanda
¿Qué pasará en los próximos meses? Aunque siempre es un albur los tiempos de los procesos que se siguen en el país, Gutierrez intentó explicar lo que debería suceder en un “escenario ideal”.
Refirió que en los próximos días se esperaría que el TC admita la demanda o haga alguna observación para que sea subsanada. Cuando ya esté en manos del tribunal, este debe emplazar al Poder Ejecutivo, quien emitió el DU.
“Notificará al Ministerio de Energía y Minas (Minem), al de Economía y Finanzas (MEF), Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), etcétera. En un escenario ideal podría notificarlos en 30 a 45 días”, estimó los plazos.
Así, el Poder Ejecutivo tendría alrededor de 30 días para contestar la demanda. Con ello, el TC fijará fecha para una audiencia pública.
“En esa (audiencia) expondremos ante el TC las razones legales, materiales, de por qué ese DU es inconstitucional. Los procuradores, por su lado, defenderán el DU. Luego el TC deliverará, y en el estado ideal de cosas, hacia fin de año se podría tener una sentencia”, complementó.
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¿Qué pasa si el TC declara inconstitucional el DU de Petroperú?
En el escenario que el Tribunal Constitucional declare como inconstitucional el DU de Petroperú, y como consecuencia sea nulo, no se puede pasar por alto que ya “hay hechos consumados”.
“Si sucede que el DU se declara inconstitucional (...) aquello que ya hiciste y pasó no se va a poder revertir, pero ya no vas a poder usar otro DU para lo mismo. Lo que buscamos, justamente, es evitar que se siga utilizando esta herramienta que es una ‘puerta falsa’ por donde se están drenando recursos del Estado", consideró el abogado.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
