A una semana de cumplirse la fecha límite para que el Gobierno tome una decisión respecto a la autógrafa de ley que propone reformar las Asociaciones Público Privadas (APPs), el Consejo Fiscal (CF) alertó el inminente riesgo que representa el proyecto para las finanzas públicas.
Para el CF, la modificación a la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP) debilitaría los mecanismos diseñados para proteger el equilibrio fiscal en APP, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero ¿por qué?
En conversación con Gestión, el presidente del CF, Alonso Segura, explicó que la ley acota las capacidades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y le quita su rectoría sobre el sistema de inversión pública, fundamental para las “garitas” o controles que son considerados necesarios por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.
Pese a que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) aseguró que la reforma no le quitaría funciones clave al MEF, Segura precisó que se ha establecido una lista de restricciones sobre lo que pueda opinar el ministerio.
Uno de los aspectos más peligrosos es la inclusión del silencio positivo. Si Proinversión envía proyectos, incluso grandes contratos por miles de millones de dólares, y el MEF no opina en 15 días, se considera aprobado.
Esto debilita el sistema de “garitas”, reduciéndolas y creando un “carril de vía libre” para los proyectos que la agencia determine. Es decir, el ministerio ya no podría frenar proyectos sin viabilidad.
“Le ponen al MEF una serie de restricciones para que pueda ejercer el control fiscal (...) Entonces ya no es un control eficaz, el control fiscal tiene que ser irrestricto y esa rectoría no puede salir del MEF. De ahí se desprenden un montón de otras aristas”, comentó.
De acuerdo con el reporte del CF, otros de los cambios más relevantes es que la autógrafa se restringe la intervención del MEF en modificaciones al equilibrio económico-financiero solo a proyectos que superen las 100 mil UIT (alrededor de US$ 150 millones).
Además, se excluye su participación en proyectos que Proinversión declare autofinanciados, lo que podría activar garantías fiscales sin una evaluación previa adecuada; y también se sustituye el análisis de capacidad presupuestal por uno de “disponibilidad financiera”, considerado insuficiente para garantizar el control fiscal.
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Esta propuesta, precisó Segura, se presenta en un contexto en el que el Gobierno busca lanzar US$ 70 mil millones en adjudicaciones de proyectos durante los próximos 18 meses. Esto no encaja dentro de la restricción presupuestaria multianual.
Incluso muchos de esos proyectos cofinanciados están a nivel de perfil, es decir, solo están como una idea. Un ejemplo, indicó, es la carretera central, cuyo costo se ha disparado de S/ 11 mil millones a S/ 25 mil millones sin tener aún el expediente técnico.
“Están queriendo meter sea por APP o por gobierno a gobierno, una escala de proyectos que es impagable para el Perú”, alertó.
En ese escenario, permitir que los proyectos pasen sin el filtro del MEF representa un grave riesgo pues se estaría comprometiendo un gran monto.
“Es aún más peligroso si lo haces debilitando todo el marco de APP para que los proyectos pasen por ‘fast track’ sin controles. Entonces, cuando te des cuenta ya hipotecaste toda la responsabilidad fiscal de Perú, ya afectaste la sostenibilidad”, sostuvo.
Asegurar la disciplina fiscal en materia de APP demanda un proceso de garitas administrado por el MEF. (Fuente: Consejo Fiscal)
Irregularidades de fondo
Aparte del contenido de la ley, el presidente del CF advirtió que también se han observado irregularidades en su origen. Como se recuerda, la ley fue aprobada por el Congreso sin una discusión previa.
Segura consideró que el origen de la autógrafa resulta sospechoso pues habría sido impulsado clandestinamente por una parte del Ejecutivo, saltándose el Consejo de Ministros y compromisos internacionales con la OCDE sobre análisis de impacto regulatorio.
Además, su contenido es “sospechosamente muy parecido” a propuestas de estudios de abogados de constructoras. Por ello, apuntó que la prisa por promulgar el proyecto a como dé lugar y sin una discusión técnica es “tremendamente preocupante”.
Deficiencias en Proinversión
El representante del CF señaló que también se deben tener en cuenta las deficiencias internas de ProInversión.
“Lo que no se ve en este proyecto de ley es la autocrítica interna. Hay diagnósticos, inclusive reportes del Banco Mundial, donde encuentran múltiples deficiencias en los procesos de Proinversión. La demora en cierres financieros es 100% responsabilidad de ellos, no hacen una estructuración financiera adecuada de los proyectos”, explicó.
Al hacer una inadecuada estructuración de proyectos, precisó, cuando estos llegan al mercado y hay un postor ganador, las empresas terminan con problemas para iniciar la obra, lo que implica múltiples adendas, demoras de ejecución y controversias arbitrales.
Muchas de estas problemáticas, señaló, son de gestión y capital humano, por lo que no se resuelven cambiando normas.
“No hay evidencia de que se haya corregido porque no hay evidencia de que Proinversión se haya fortalecido internamente. No es que es burocracia, no es que son trabas, es que simplemente no puede sacar proyectos con estándar de calidad mínimos al mercado, por eso se paran”, apuntó.
Segura añadió que el Consejo Fiscal no se opone a mejoras en el sistema de APP. Por ello, consideró que este proyecto deberá abrir una discusión técnica amplia que involucre no solo al MEF y Proinversión, sino también a Contraloría, reguladores, el propio CF, y a organismos internacionales especializados.
Por lo pronto, el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, ha confirmado A Gestión que observarán el proyecto de ley para hacer “mejoras no menores” relacionadas a gobernanza y recordando que se aprobó en el pleno del Congreso sin pasar previamente por una comisión.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
