Un problema con implicancias severas -que se viene acrecentando en Perú- es que cada vez hay más obras públicas paralizadas, las cuales están a cargo de diferentes niveles de gobierno y sectoress.
Uno de los factores que explica este grave freno sobre el cierre de las brechas sociales es la alta rotación de funcionarios claves a cargo de la elaboración, aprobación y otras gestiones alrededor de los proyectos de inversión pública.
El último reporte disponible de la Contraloría General de la República sobre las obras públicas paralizadas en el territorio nacional revela que, al primer semestre del 2025, el país acumula 2,428 proyectos públicos paralizados, lo que representa un monto inmovilizado de S/ 44,298 millones. Del total, los gobiernos regionales lideran la lista con S/ 17,339 millones en 327proyectos suspendidos.
En este contexto, hay un indicador que no puede pasarse por alto: la duración de los funcionarios que, entre otros, tienen la función de “remar” en acciones como la inversión pública. El Observatorio de Propuestas del Bicentenario, del Instituto Videnza, mostró que el tiempo promedio de la gestión de los gerentes generales regionales viene reduciéndose desde la gestión del 2015-2018.
En ese entonces el indicador apuntó unos 16.5 meses. En el siguiente periodo (2019-2022), se redujo en más de cinco meses hasta los 11.3. En lo que va de este período 2023-2026, el tiempo promedio continuó reduciéndose, aunque ligeramente, hasta los 11.1 meses.
“Hay una correlación. Tener más obras paralizadas va de la mano con una menor estabilidad y esas son señales de deficiencia en la inversión pública”, anotó Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas.
Así, agregó que una alta rotación de los gerentes generales en los gobiernos regionales tiene un impacto significativo en el cumplimiento de sus competencias institucionales.
“Los Gores son como una empresa: no se puede tener cambios constantes de los gerentes generales porque no le da continuidad a la implementación de políticas públicas”, indicó.
Castilla mencionó que la gravedad de una baja permanencia es que, cuando se retira un gerente, también lo hace su ‘gabinete’ y algunos puestos de línea de carrera, como los directores de infraestructura, de presupuesto y de financiamiento, por mencionar los relevantes. “En general, los tiempos se vuelven más lentos”, agregó.
A su turno, Carlos Casas, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP, indicó que, con este escenario, el principal perjuicio lo reciben los ciudadanos al ver afectado los servicios básicos que proveen los Gores.
“Con tanta rotación de altos funcionarios podría entenderse, en cierto modo, la disconformidad de ciertas regiones”, anotó.
Regiones críticas
Segregado por regiones, la permanencia promedio de los gerentes regionales presenta algunas variaciones. Con datos a mediados de septiembre, el observatorio de Videnza Instituto mostró que son solo cinco las regiones que registran una permanencia de sus gerentes de casi 33 meses. En el período 2019-2022, la máxima duración fue de 25 meses y la tuvo solo un único gobierno regional.
En el presente período, de otro lado, el menor tiempo de duración de estos funcionarios es de cinco meses y medio. Tres regiones tienen este registro: Callao, Cusco y Tacna. Muy cerca le siguen Arequipa y Lambayeque con 6.6 meses y, luego, Loreto y Huánuco, con 8.2 meses.
Los actuales indicadores presentan una ligera mejora que el período gubernamental anterior, cuando el Callao anotó solo 4.9 meses de duración.
Ante todo este panorama, Castilla Señaló que esta inestabilidad en los altos funcionarios se ha vuelto “crónica”. “Lo ves a nivel nacional: los ministerios hoy son sillas voladoras”, refirió.
Castilla y Casas coincidieron en que esta baja permanencia en el cargo responde a diversos factores, que puede incidir de manera individual o en acumulado. Castilla apuntó como primer factor que algunos gerentes regionales se ven inmersos en procesos judiciales como parte de una organización gubernamental, por lo que son removidos de su cargo.
El exministro también recordó que estos cargos son de confianza, por lo que suelen estar expuestos a las decisiones de las más altas autoridades de los gobiernos regionales.
Agregó que un fenómeno observado en los tres niveles de gobierno es que hay un mayor copamiento político de puestos claves. Esto significaría la designación de personas no calificadas en puestos relevantes y su remoción ante la evidente ineficiencia.
“El costo de este copamiento es que buenos profesionales no están donde deben estar. Hoy la gobernabilidad, en general, es más frágil”, sostuvo.
Casas complementó: “Un aspecto preocupante es que los gerentes generales están sujetos a la presión de los gobernadores. Entonces, se efectúan cambios cuando no resultan de su interés”.
El académico de la UP, por su parte, señaló como una explicación de esta baja permanencia los bajos salarios que existen para estos funcionarios calificados.
“No tenemos suficientes recursos para retener talento. En el Estado ocurre una paradoja: es rentable para el personal poco calificado y, para los altos, no lo es, no se les puede retener. Entonces, si tienes sueldos bajos, atraes gente que no tiene mucha capacidad profesional, termina haciendo mal las cosas y como gobernador vas cambiándolos”, ilustró.
¿Cómo revertir la situación?
Recordando que para estos cargos se realizan designaciones por confianza, Castilla indicó que una vía para darle vuelta a esta alta rotación podría ser impulsar nombramientos por concurso público y hacerlo vinculante al régimen Servir.
“Si vas a tener puestos de confianza que se financian por otras modalidades discrecionales [en los gobiernos regionales], se tendrá este tipo de distorsiones. Debería impulsarse concursos públicos para los nombramientos y sus respectivas remociones con reglas claras para estos casos”, señaló.
A su turno, Casas mencionó que revertir esta descapitalización del capital humano debe empezar por reconocer que las regiones son heterogéneas y que no pueden establecer límites salariales para algunas posiciones.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
