A unas semanas de iniciar el año escolar en el Perú, se estima que más de 6.6 millones de alumnos ingresarán a las aulas públicas, a pesar de que la infraestructura educativa sigue sin condiciones adecuadas para garantizar una enseñanza de calidad.
El desafío persistente durante décadas refleja una falta de compromiso por parte de los Gobiernos para abordar las brechas de infraestructura. El Ministerio de Educación (Minedu) calcula que se necesitan S/ 164,000 millones para adecuar los 55,436 colegios públicos a nivel nacional.
Del total de locales educativos en el país, unas 30,292 están “en muy mal estado” y demandan atención prioritaria con una inversión integral estimada por más de S/ 86,000 millones, en beneficio de 1.4 millones de estudiantes.
En el peor de los casos, los locales educativos que requieren sustitución total son aquellos que tiene más del 70% de ratio de demolición de su área techada total que, a diciembre de 2023, ascienden a ese número de “muy mal estado”.
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“Estos representan el 54.64% del total a nivel nacional (55,436). De estos locales, más del 90% se ubican en zonas rurales”, apuntó.
También hay 14,528 locales educativos que se encuentran “en mal estado” y requieren de sustitución parcial, reforzamiento o intervenciones en la infraestructura menos complejas. La inversión aproximada es de S/ 65,000 millones, en beneficio de 3.6 millones de escolares.
Mientras que 10,616 locales educativos requieren mantenimiento regular, es decir, no son intervenciones estructurales (reposición de equipamiento y mobiliario, servicios básicos u otros). El monto estimado es S/ 13,000 millones, en beneficio de 1.6 millones de alumnos.
Colegios con condiciones inadecuadas
Otro dato bastante alarmante a unas semanas de empezar el año escolar 2024, es que el 92.5% de los locales educativos públicos tienen la condición de inadecuados; es decir, requieren de algún tipo de intervención, como sustitución total o parcial, falta de servicios básicos, entre otros.
Para la educación básica regular, que incluye inicial, primaria y secundaria, de 53,508 locales educativos públicos se tienen, a diciembre de 2023, un total de 49,507 con capacidad instalada inadecuada, según Minedu.
“Los locales educativos públicos que tienen la condición de inadecuados, son aquellos que requieren de algún tipo de intervención (sustitución total o parcial, falta de servicios básicos, cerco perimétrico, entre otros)”, sostuvo Fátima Altabás Kajatt, viceministra de Gestión Institucional del Minedu.
| Situación de los locales educativos en Perú | ||
|---|---|---|
| Muy mal estado | 30,292 | Se necesita inversión de S/ 86,000 millones |
| Mal estado | 14,528 | Se necesita inversión de S/ 65,000 millones |
| Requieren mantenimiento regular | 10,616 | Se necesita inversión de S/ 13,000 millones |
| Total | 55,436 | Unos S/ 164,000 millones |
| Fuente: Minedu | ||
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Riesgos por lluvias y fenómeno El Niño
Ante la llegada de lluvias en algunas regiones y el fenómeno El Niño, el Minedu presentó un balance de los colegios a nivel nacional que son calificados como vulnerables y exposición al peligro.
Determinó que se identificaron 34,683 locales educativos que podrían ser afectados por lluvias intensas, inundaciones, huaicos y/o deslizamientos ocasionados ante la presencia del fenómeno El Niño.
En este contexto, precisó que son 438 locales educativos se encuentran en muy alto riesgo y 7,506 en peligro alto. En tanto, en riesgo medio se tienen 19,476 mientras que en nivel bajo 7,263 locales educativos.
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¿Cuál es el principal problema de no poder reducir la brecha?
Para Fátima Altabás Kajatt, viceministra de Gestión Institucional del Minedu, el principal problema es la limitada disponibilidad presupuestal, para el financiamiento de inversiones del sector, en los tres niveles de gobierno.
Este 2024, la ley de presupuesto destinó a este rubro la suma de S/ 295 millones para más de 55,000 locales educativos. “En este contexto, se brindará asistencia técnica a las instituciones educativas a fin que prioricen sus acciones de mantenimiento”, indicó la funcionaria.
Adicional al presupuesto, lo que retrasa a una mejor infraestructura es el tiempo que demora la elaboración de los expedientes técnicos. Por ese motivo, Altabás aseguró que en este gobierno se encuentran actualizando el Plan Nacional de Infraestructura Educativa y sincerando la situación real del estado de los locales educativos.
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Intervenciones
Altabás indicó que este año se continuará brindando asistencia técnica a gobiernos regionales y locales para el saneamiento físico legal de los predios que ocupan los locales educativos.
“Hemos elaborado una guía para el saneamiento físico legal para ponerla a disposición de las direcciones/gerencias regionales de educación a nivel nacional”, sostuvo la funcionaria, quien añadió que se seguirá dando asistencia para la elaboración de expedientes técnicos.
Como los recursos públicos son insuficientes para cerrar la brecha en infraestructura educativa, la viceministra de Gestión Institucional del Minedu consideró la importancia de promover la participación del sector privado mediante alianzas público-privadas que contribuyan con su experiencia y recursos a este objetivo, lo cual se está contemplando en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa.
Bajo ese contexto, precisó que se está priorizando una nueva cartera de inversiones bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) o de Obras por Impuesto (OxI), así como para la operación y mantenimiento de locales educativos a fin que la brecha no se incremente.
A la fecha, cuentan con una cartera de inversiones en APP por S/ 2,711 millones que comprende 51 locales educativos en ocho regiones y en beneficio de más de 90,000 estudiantes. Igualmente, tienen 32 proyectos priorizados por OxI en 13 regiones con un monto de inversión de S/ 1,387 millones en beneficio de más de 77,000 estudiantes.
Escuelas Bicentenario
La funcionaria de Minedu también señaló que cuentan con la experiencia del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario que, bajo un contrato de Gobierno a Gobierno, se encuentra construyendo 75 locales educativos en Lima y nueve regiones (Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Junín, Cusco, Puno, Ucayali, Lima Provincias y El Callao) por una inversión de S/ 5,900 millones en beneficio de más de 118,000 estudiantes.
Agregó que, durante el 2024, este proyecto de Escuelas Bicentenario entregará un total de 31 colegios en Lima, cuatro de ellos en marzo y a partir de julio de manera escalonada hasta diciembre. En 2025, se terminarán los 44 colegios restantes.
Además, vienen ejecutando tres Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en Áncash, Tacna y Moquegua mediante el mecanismo de obras por impuesto los que culminarán este año.
Como parte de la estrategia para cierre de brecha y como alternativa a la construcción convencional, Altabás manifestó que se implementarán escuelas modulares, intervenciones integrales que comprenden un conjunto de módulos prefabricados de rápido ensamblaje que contarán con todos los espacios pedagógicos, mobiliario y equipos, así como servicios básicos.
“En el presente año, se tiene previsto adquirir e instalar 26 escuelas modulares (una por región) considerando zona rural y frontera, con una inversión total de S/ 139 millones”, aseveró.
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Unos 25 años para cerrar brecha de infraestructura educativa
En conversación con este medio, Marilú Martens, exministra de Educación y directora de Care Perú, enfatizó que las regiones que mantienen mayor brecha son: Cajamarca, Lima Metropolitana, Puno, Loreto y Piura.
“Si comparamos la brecha total con la cantidad de estudiantes en el sistema educativo público peruano, tendríamos que invertir S/ 16,477.76 por cada estudiante para asegurar un acceso igualitario a infraestructura educativa adecuada y si mantenemos el ritmo de inversión promedio, requeriríamos más de 25 años para cerrarla”, aseveró.
Martens aseguró que las principales razones del por qué no avanzamos en el cierre de esta brecha, es por recursos insuficientes, una inadecuada e ineficiente ejecución del presupuesto y porque la brecha es demasiado alta.
“Para lograr avanzar en el cierre de brecha no son suficientes los esfuerzos por parte del Ministerio de Educación, sino que también deben involucrarse respuestas multisectoriales e involucrar la participación de la inversión privada”, recomendó.
De esta manera, la exministra mencionó que, además de la intervención de Pronied, deben continuar empleándose mecanismos como las Asociaciones Públicos-Privadas (APP) y las Obras por Impuesto (OxI).
Por otro lado, Martens comentó que se sigue pendiente el desarrollo de un instrumento único de gestión de información de infraestructura educativa, para que se evite la generación de documentación incorrecta respecto de inversiones, brechas y asignación de recursos para mantenimiento e inversión.
Plan Nacional de Infraestructura Educativa
De acuerdo a Martens, el Minedu, para mejorar la infraestructura educativa en el 2024, tiene previsto la realización de un censo de Infraestructura Educativa, la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) 2026–2030, el saneamiento físico legal de locales educativos en coordinación con los Gobiernos regionales y locales.
Según la exfuncionaria, una de las problemáticas vigentes respecto a la inversión en infraestructura educativa es que se sigue invirtiendo más en mejoras de escuelas urbanas, emblemáticas, entre otras y no se da en la misma medida (incluso muy poco) en las que requieren con mayor necesidad, como son las rurales.
Asimismo, señaló que se sabe que la infraestructura en zonas rurales es más costosa por los problemas de accesibilidad y la escasez de materiales o de mano de obra calificada.
“Otro punto importante y también invisibilizado que debe estar presente en el PNIE es el referido a la infraestructura educativa para personas con discapacidad”, remarcó.
En atención a ello, la Defensoría del Pueblo realizó la supervisión nacional “El derecho a la educación inclusiva en el contexto de retorno a la educación presencial”, visitaron 92 escuelas, identificando que la mayoría de ellas presentan barreras de accesibilidad física, principalmente en los servicios higiénicos, el 68% de estos no están adaptados para el uso de personas con discapacidad en sillas de ruedas.
Asimismo, el 47% de las aulas presentan obstáculos para ingresar y desplazarse en silla de ruedas, el 46% de las áreas recreativas tienen desniveles y el 39% no cuenta con rampas de ingreso al local educativo.
Ante los daños que ocasionan las torrenciales lluvias a las instituciones educativas públicas, Martens sugirió que se debe incentivar la formulación de un Plan de Contingencia en las regiones, mediante una organización multisectorial de los actores involucrados a favor de la comunidad educativa.
“Esto nos permitirá organizar, ejecutar y evaluar las acciones orientadas a reducir los efectos de las lluvias intensas, inundaciones y otros”, acotó.
De acuerdo al enfoque metodológico de las directrices establecidas por el Ministerio de Educación, en este plan de contingencia se debe abordar la información general de la región, incluyendo aspectos como ubicación, accesibilidad, clima y otros, así como la base legal, objetivos y la determinación del escenario de riesgo, considerando el nivel de peligro y vulnerabilidad.
“Es importante que las autoridades ejecuten oportunamente los presupuestos asignados para atender preventivamente y de manera activa cualquier riesgo de desastre”, declaró.
Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.
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