
Antamina, que registra las mayores inversiones del sector minero en el Perú en lo que va del 2025, enfrenta hoy diversos retos, no sólo por la puesta en marcha del proyecto de US$ 2,000 millones para extender su vida útil hasta el 2036, sino también por la creciente conflictividad social y violencia en el área donde opera, en la zona altoandina de la región Ancash.
Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y julio, esa empresa ocupó el primer lugar en las inversiones del ramo (con US$ 255.2 millones), representando el 9.04% del total que invierte el sector en el país, aunque la cifra resultó 13.9% inferior que la de igual periodo del 2024.
Además, su producción de cobre, en los primeros siete meses del año, que alcanzó las 192,952 toneladas, resultó menor en 25.9% con respecto al acumulado de igual periodo del año previo.
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Ahora, la empresa ha retrocedido al cuarto lugar entre las principales cupríferas, tras haber descendido al segundo puesto el 2023, y luego que se posicionara como el líder en el 2022.
Se acelera la recuperación
Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Antamina, en diálogo con Gestión, refirió que la caída en la producción que se viene registrando, obedece al accidente fatal ocurrido en las instalaciones de la empresa en abril último, y que llevó a paralizar sus operaciones.
Sin embargo, la también exministra de Economía y Finanzas refirió que ya están recobrando su producción y consideró que, a fin de año, van a lograr recuperar parte de lo que se perdió y el próximo año también.
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“Para Antamina, la seguridad es lo más importante y obviamente el hecho (el accidente fatal) nos hizo repensar en todos nuestros procesos; hubo una caída en la producción, pero ya estamos recuperándonos de manera acelerada y, el próximo año, ya debemos llegar a los niveles normales”, avizoró.

En cuanto a la caída de sus inversiones (en 14% a julio), la ejecutiva dio a entender que habría sido por la demora en la aprobación de la modificación del estudio de impacto ambiental para el proyecto Reposición Antamina, pero que ya están poniendo en marcha las inversiones para esa iniciativa, que les permitirá mantener producción entre el 2028 y el 2036.
La violencia en la zona
No obstante, refirió que hay otro problema que está enfrentando de manera creciente la empresa: la conflictividad social y actos de violencia en las áreas aledañas a su zona de operación (en el distrito de San Marcos) y que involucran a un grupo de personas dentro de la comunidad de Huaripampa.
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Cooper indicó que, si bien durante 25 años de actividad han tenido buena relación con esa comunidad, ahora, dirigentes de la misma, azuzados por un asesor, están ahora desconociendo la venta de predios de la zona a la empresa, realizada en 1998, a pesar que la transacción está inscrita en registros públicos.
Explicó que, previamente, ese mismo grupo había exigido un pago por presunta usurpación de tierras a otra empresa minera que opera en la zona, la compañía Contonga y que, poco tiempo después, están haciendo lo mismo con Antamina, exigiéndole que les pague US$ 27 millones, en este caso, argumentando que se les habría quitado 184 hectáreas de su propiedad.
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Sucesión de ataques
Cooper señaló que, si bien Antamina ha intentado negociar con los dirigentes de la comunidad de forma que la empresa pueda realizar inversiones de carácter social en la zona en favor de la comunidad, como proyectos viales o de riego, su propuesta es rechazada, pero tampoco están judicializando el caso, sino ahora acudiendo cada vez más a la violencia.

Inicialmente, recordó, ese grupo intentó invadir áreas de propiedad de la compañía, pero fueron retirados en forma pacífica, pero ahora, se han instalado en los límites que colindan con el área de operación de la empresa.
Asimismo, indicó que el 22 de agosto último ese grupo de dirigentes comuneros, azuzados por el mencionado asesor, quemaron maquinarias que son de empresas proveedoras de Antamina.
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A continuación, el 19 de setiembre último, atacaron camionetas y agredieron a personal de seguridad, lanzándoles artefactos explosivos, afectando particularmente activos de empresas de la propia comunidad que son proveedoras de Antamina y le prestan servicios.
Cooper refirió que, si bien esa situación no ha paralizado las operaciones de la compañía, las amenazas de continuar la violencia son constantes, pero que, a pesar de todo, buscan llegar a un acuerdo que sea viable para ambas partes, aunque remarcó que la mayor parte de la comunidad no está de acuerdo con los dirigentes.
“Lo que nos ha complicado (el diálogo) es aceptar la violencia; tenemos muchos trabajadores allí y que, obviamente, cuando ocurren estas cosas (ataques) se asustan”, aseveró.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.