La cotización internacional del oro bordeaba este lunes los US$ 3,990 por onza troy, manteniendo una ligera tendencia a la baja tras romper la barrera de los US$ 4,000 que se pronosticaba aún para cierre del 2025 (a inicios de la semana pasada llegó a un inusitado “pico” de US$ 4,398).
Pese a esta corrección a la baja de los últimos días, entidades financieras como HSBC y Bank of America pronostican que el precio del oro podría llegar a US$ 5,000 por onza el 2026, impulsado por la incertidumbre geopolítica, la debilidad del dólar, la demanda sostenida de los bancos centrales, los déficits fiscales y el aumento de la deuda pública.
Marcial García Schreck, socio de la División de Tax Services de EY-Perú, recordó a Gestión que hace un año atrás nadie habría apostado a que el oro rompería la barrera de los US$ 4,000 por onza, y que aún con las fluctuaciones, su precio sigue siendo muy atractivo para las inversiones.
Algunos estudios -refirió el experto- sugieren que el costo promedio de la producción de oro a nivel mundial en el presente año puede fluctuar entre los US$ 900 a los US$ 1,400 por onza, es decir que, a partir de esas cifras resulta rentable su explotación.
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Más de la mitad de la actividad vinculada al oro
En Perú, al analizarse las cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem) se puede concluir que la mayor parte de la operación minera formal que registra ese sector está vinculada al oro, por sobre otros principales metales que exporta el Perú.
De un universo de 514 titulares mineros (entre pequeños, medianos y grandes) que reportaron operaciones en general a agosto del 2025, unas 273 empresas (53.11% del total) realizan actividades relacionadas al oro.
Otras 56 compañías -también entre pequeñas, medianas y grandes (10.89% de ese universo) se vinculan al cobre, y porcentajes menores se relacionan al zinc, plata, plomo, hierro, molibdeno, entre otros.
La mayor parte de la actividad minera hoy está vinculada al oro en el Perú
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Denuncias contra ilegales se triplicaron
Sin embargo, en línea con el alza en el precio del oro y el contexto favorable para la actividad, las denuncias por minería ilegal se han triplicado en los últimos cuatro años, pasando de 800 el año 2020, a más de 2,500 en el 2024, según Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en base a data del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Ortiz señaló que, aunque el Comando Unificado Pataz (integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional) está realizando incautaciones a la minería ilegal en La Libertad, el combate a esa actividad ilícita no debe reducirse a acciones aisladas.
En su lugar, propuso que el accionar de las fuerzas del orden se articule con políticas de formalización minera, inversión en desarrollo territorial y fortalecimiento de la institucionalidad.
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En esta línea, el presidente de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, planteó que se debe establecer en el país un sistema nacional de trazabilidad del oro, que garantice la certificación del producto desde la extracción hasta la comercialización.
“En el mundo ya no se compra oro sin trazabilidad. A las empresas formales nos exigen todo tipo de certificaciones, mientras los informales pasan desapercibidos”, remarcó, durante el Primer Congreso Minero del Norte del Perú (Normin 2025).
Y, ya la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) había advertido que un eslabón débil en la lucha contra la minería ilegal, lo constituye la trazabilidad a las plantas procesadoras de oro a nivel nacional.
Un análisis de ese gremio concluyó en que el uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) más el vacío normativo existente, habían convertido a algunas plantas procesadoras de minerales en canal para legalizar el oro de origen ilícito.
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¿Monitoreo en riesgo?
Si bien el sector empresarial plantea fortalecer la trazabilidad al oro, ahora, por el contrario, surge el riesgo de que ese monitoreo a las plantas que procesan el mineral de origen dudoso, por el contrario, se debilite.
Esto ocurriría, de aprobarse el proyecto de ley que espera poner en debate la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para extender la vigencia del Reinfo hasta el 2026. Si bien se puso en stand by su votación, nada asegura que realmente se dejará de lado esta idea y se concentrarán los esfuerzos en una Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).
La propuesta para ampliar el Reinfo trae consigo, además, que se deje sin efecto la exclusión de más de 50,000 mineros que no cumplieron con los requisitos para su formalización.
El problema es que, junto con esa cantidad de mineros informales, tras la “depuración” del Reinfo se había excluido también a titulares de cerca de 6,000 plantas de beneficio que les prestaban servicio a los primeros.
Es decir que, de aprobarse esa iniciativa legal, esas plantas y sus proveedores volverían a tener luz verde para seguir operando, sin mayor control, cuando esas instalaciones, según la SNMPE, son clave para garantizar la esperada trazabilidad, y determinar si el mineral acopiado procede de una actividad formal o ilegal.
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El costo de pasivos que deja el Reinfo
Raúl Benavides, director de Minas Buenaventura, advirtió que existe una nueva ola de presión social que busca extender una vez más la vigencia del Reinfo, a pesar de que, desde su implementación (en el año 2017), la fecha límite para formalizarse ya se ha postergado en repetidas ocasiones.
Explicó que, remediar los pasivos ambientales que dejan las operaciones de mineros ilegales no es gratuito, pues según estimaciones del sector, mitigar un pasivo puede costar en promedio US$500,000.
En tal sentido, calculó que, si el Estado tuviera que asumir los 60 mil pasivos dejados por las inscripciones en el REINFO que ya están vencidas, el costo ascendería a unos US$ 30 mil millones, casi la mitad de las reservas internacionales del país.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
