La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) expresó su profunda preocupación por el contenido y las implicancias del predictamen del Proyecto de Ley N.º 9778/2024-CR.
Esta iniciativa propone modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N.º 27943) y el Código Penal. ¿Cuál es el objetivo?
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¿Qué dice el Proyecto de Ley N.º 9778/2024-CR?
La iniciativa legislativa restringe la participación privada en la administración de los terminales portuarios. Asimismo, establece nuevas figuras de control sobre el movimiento de mercancías.
Al respecto, ASPPOR considera que el proyecto, en su redacción actual, representa un serio retroceso para el desarrollo del sistema portuario peruano y, por extensión, para el crecimiento del comercio exterior del país.
“La experiencia internacional y los resultados obtenidos en Perú durante las últimas dos décadas demuestran que la participación del sector privado ha sido clave para modernizar nuestros puertos, incrementar la eficiencia operativa, reducir costos logísticos y atraer inversiones superiores a los US$ 2,200 millones”, se puede leer en el comunicado oficial de la institución.
Añade, en ese sentido, que limitar esta participación a un 40% y reducir los plazos de concesión, sin un análisis técnico ni económico que lo sustente, genera inseguridad jurídica, desincentiva nuevas inversiones y pone en riesgo la competitividad del Perú frente a otros países de la región.
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Respaldo de los principales actores
Los operadores portuarios respaldaron plenamente las observaciones formuladas por entidades técnicas y constitucionales como OSITRAN y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las cuales advierten que la propuesta contraviene principios fundamentales de la Constitución Económica.
Entre ellos, la libre iniciativa privada, la libertad de contratación, el pluralismo económico, la igualdad de condiciones entre inversiones nacionales y extranjeras y el principio de subsidiariedad del Estado en actividades empresariales.
“ASPPOR considera particularmente preocupante que se pretenda crear nuevas entidades y figuras penales sin un análisis jurídico y técnico riguroso, lo cual puede resultar en duplicidad de funciones, retrasos operativos y mayor burocracia, afectando directamente la fluidez del comercio exterior”, agrega.
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Llamado al Congreso
Por ello, ASPPOR hizo un llamado al Congreso de la República para que, en lugar de aprobar medidas que restringen la participación privada, promueva normas que fortalezcan la competitividad, la transparencia, la fiscalización eficiente y el diálogo público-privado.
“El desarrollo del Perú pasa por tener puertos modernos, eficientes y abiertos a la inversión. La sostenibilidad del comercio exterior y la integración del país a los mercados globales no puede comprometerse por decisiones que, lejos de resolver problemas, los profundizan”, señaló el gremio.
