El reparto de utilidades podría enfrentar un cambio sustancial, al menos para un sector. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Parlamento aprobó la modificación del artículo N° 2 del Decreto Legislativo 892 y ya el sector privado empezó a mostrar preocupación.
El cambio incorpora expresamente al sector hidrocarburos dentro de la lista de actividades económicas con derecho a participación en utilidades, asignándole un porcentaje propio del 8% sobre la renta neta anual antes de impuestos.
Esta modificación se justifica en que el sector hidrocarburos comparte características productivas y de rentabilidad con otros rubros extractivos, como minería o electricidad, que ya cuentan con porcentajes superiores.
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En este contexto, Gestión se comunicó con el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, quien expresó su preocupación por la aprobación del predictamen en la Comisión de Trabajo, al considerar que carece de análisis técnico y económico sobre el impacto real en el sector.
“Nos sorprende porque no ha habido un estudio de impacto económico, como sí se realizó en un proyecto similar para el sector eléctrico y que tuvo como consecuencia que dicha iniciativa no prosperara”, señaló.
De ser ley, el incremento sería progresivo. Por ejemplo, en 2026, la participación será del 6%. (Fuente: Andina)
El representante gremial advirtió que elevar el porcentaje de utilidades de 5% a 8% constituye un cambio sustancial en las reglas de juego, que puede afectar la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas. Además, para él, este ajuste de 3 puntos podría ser, en la práctica, “como un impuesto para las compañías del sector”.
“Pasar de 5% a 8% significa que los accionistas recibirían utilidades sobre un 90% de la ganancia, lo cual equivale -por tratar de hacer un símil- a aumentar la carga impositiva. Este es un cambio fundamental que afecta la rentabilidad y la recuperación de la inversión”, explicó.
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Cantuarias recordó además que la Comisión de Economía del Congreso es la comisión dictaminadora principal para temas de impacto tributario o financiero, y que el predictamen aprobado por la Comisión de Trabajo tiene carácter secundario.
“La Comisión de Economía debe hacer un análisis más profundo. Este tipo de decisiones no puede tomarse sin evaluar su efecto en la competitividad del país”, subrayó.
El presidente de la SPH enfatizó que la medida va en sentido contrario al mensaje del Gobierno de promover seguridad jurídica y previsibilidad para atraer inversión privada.
“Decisiones así generan incertidumbre, porque de un día para otro se cambia la rentabilidad de los proyectos. Eso no solo afecta al sector hidrocarburos, sino a toda la cadena de inversión energética”, añadió.
