Si bien Perú mantiene una de las deudas públicas más bajas entre las economías emergentes, la tendencia de deterioro es preocupante, advierte el Área de Estudios Económicos del BCP.
La erosión de esta fortaleza fiscal se evidencia en diversos indicadores clave. Por ejemplo: la deuda pública bruta ha aumentado del 20% del PBI en el primer trimestre de 2015 al 31% en el primer trimestre de 2025.
“Cuando uno ve la deuda pública bruta como porcentaje de la recaudación tributaria, prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años. Si bien todavía hay una fortaleza fiscal, es bastante claro que esta fortaleza fiscal se ha ido erosionando”, comentó Carlos Prieto, gerente del Área de Estudios Económicos del BCP.
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El representante de la entidad resalta que, si no se hubieran consumido casi 10 puntos del PBI en ahorros fiscales acumulados durante los auges de los commodities, esta deuda ya habría superado el 40% del PBI.
Asimismo, la deuda neta ha experimentado un salto considerable del 2% al 23% del PBI.
Un punto de preocupación particular es la reducción del Fondo de Estabilización Fiscal, diseñado para afrontar crisis o desastres naturales. Este fondo ha disminuido de 4.5 puntos del PBI a apenas 1 punto del PBI.
“Hace 10 años en el país gastaba en intereses un punto del PBI, ahora gasta un nivel más cercano al dos, lo cual significa que hay menores recursos disponibles para otras áreas”, sostuvo.
A esto se suma un incremento del 40% en el gasto en remuneraciones entre 2014 y 2024, sin que esto se haya traducido en una mejora en la calidad de los servicios públicos, sino más bien en un “deterioro en la calidad del gasto público”.
Pese tener términos de intercambio en sus niveles más altos en 75 años, aún está en discusión si el déficit fiscal se acercará al 3% o al 2.5% del PBI, cuando en condiciones normales se podría tener un ligero superávit.
Los riesgos fiscales crecientes, añadió, están relacionados principalmente a las medidas populistas del Poder Ejecutivo y del Congreso.
“Ese populismo está creciendo y hay contingencias fiscales no menores como los últimos arbitrajes internacionales. Hay una deterioro claro en nuestra fortaleza fiscal en los últimos años”, agregó.
Ante esto, plantea la necesidad de otorgar al Consejo Fiscal la facultad de ir al Tribunal Constitucional para solicitar la inconstitucionalidad de normas que afecten la sostenibilidad fiscal y establecer que, una vez convocadas las elecciones, no se puedan aprobar modificaciones que afecten los ingresos fiscales de la siguiente administración.
