El último viernes, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su proyección de crecimiento para el sector construcción este 2025. Motivados por esta buena noticia, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) manifestó su respaldo a estos estimados, pero advirtieron de una posible amenaza ante este optimismo.
Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, recordó, durante la última presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) de su gremio, que la inversión pública ha sido el motor en el último año de avance del sector.
Precisamente, este componente está próximo a sufrir un gran cambio: la entrada en vigencia de una nueva Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP). A ello se suma que la Contraloría, que debe velar su correcto uso, está al borde de una “crisis institucional”.
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“Curva de aprendizaje” podría impactar en el avance del sector construcción
El último viernes, en su más reciente Reporte de Inflación (RI) el BCRP elevó su estimación de avance del rubro de 3.2% a 3.8%. Según explicó el banco, ello se debe principalmente al avance de la inversión pública, motor del crecimiento del 2024.
“El sector construcción creció 3.6% en 2024 debido al mayor avance de obras públicas. Para el 2025, se revisó al alza la proyección de crecimiento, de 3.2% a 3.8%, por una mayor inversión pública. Para el 2026, se mantiene en 2% la proyección de crecimiento del sector, sustentada en una mayor inversión privada”, dice textualmente el BCRP en su reporte.
Capeco saludó este cambio al alza, aunque recordó que la encuesta de febrero que realizaron a los empresarios del sector anticipa un crecimiento aún mayor: 4.9% en 2025.
Si bien todo parece optimismo, Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, reconoció a Gestión que la entrada en vigencia en abril de la nueva LGCP podría impactar en estas proyecciones.
“Al ser más compleja que la ley anterior, con nuevos desafíos, implicará una curva de aprendizaje (para los funcionarios públicos). El punto es ver cuál será su magnitud, podría afectar la ejecución pública”, manifestó.
El vocero gremial también saludó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haya tenido la disposición de revisar la LGCP nueva junto al sector privado, pero no esperó grandes cambios a partir de su aplicación.
“Creemos que es una ley mejor que la anterior, pero pensamos sinceramente que no resolverá los problemas claves de la contratación pública”, lamentó.
De momento, el sector ha arrancado el año con buen pie. En enero, según datos del INEI, creció 4.1%, misma tasa que el PBI nacional. Para febrero, Capeco espera un crecimiento menor, de 2.9%, que se explicaría por un cambio entre los componentes que sostienen al sector.
La obra pública se contraería 2.2%, mientras que el consumo interno de cemento crecería 4.6%, lo contrario a lo registrado en enero.
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Situación de Contraloría preocupa, pero no golpearía al sector construcción
Ayer, en entrevista con Gestión, el contralor, César Aguilar, advirtió que la Contraloría está en una situación financiera crítica. Solo podrían pagar planillas hasta mayo y sus operaciones de fiscalización se reducirían severamente.
“Entraremos en una crisis institucional y habrán más recortes de personal. Solo con los trabajadores que se irán en marzo, vamos a disminuir nuestros servicios de control en un 33%”, advirtió.
Esta situación, que se habría generado por un mal armado de su presupuesto público desde el MEF, se presentaría en pleno año preelectoral. Y, como ya se dijo, de entrada en vigor de una nueva LGCP.
Este Diario pudo conocer, sobre ello, que la Contraloría ya ingresó al Congreso un proyecto de ley para aprobar un crédito suplementario con el que solucionarían este problema.
El total solicitado asciende a S/ 478.4 millones, con cargo a “otros ingresos” del Tesoro Público, para financiar su continuidad operativa. En caso no se solucione, el contralor Aguilar ya dijo que la entidad se centraría en la supervisión de “obras emblemáticas” en cada región.
A falta de que el proyecto inicie su trámite legislativo, desde Capeco catalogaron de “terrible” la delicada situación de la Contraloría.
“Es malo que una entidad como esa se quede sin recursos porque no solo hacen control concurrente a las obras. También previo, posterior y supervisan otras actividades del Estado que no están vinculadas a obras”, sostuvo Valdivia.
A pesar de ello, el ejecutivo de Capeco aclaró el impacto que la labor de Contraloría tiene en la obra pública. Afirmó que tener una entidad de control menos presente no eliminaría las situaciones adversas y tampoco evitaría que se puedan superar.
“El proceso no se detendría en ese sentido. Una de las buenas cosas que tiene la LGCP es implementar la Junta de Resolución de Disputas (JRD), una entidad independiente que es una alternativa al arbitraje”, explicó.
En ese sentido, Valdivia señaló que la Contraloría hace una función diferente: verifica la legalidad de las cosas. Por ello, no creería que su “ausencia” en ciertas obras frene la inversión pública.
“Las obras tienen supervisores, eso se olvida a veces. En la JRD actúan ingenieros calificados. Sus resoluciones y recomendaciones son de obligatorio cumplimiento. Los arbitrajes son los que paran obras”, consideró.
Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.
