El Congreso avanza en el proceso de inhabilitación política de Betssy Chávez, acusada de participar en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. De aprobarse el informe final, la exprimera ministra quedaría impedida de ejercer cargos públicos por 10 años.
Pero, mientras su situación política se define, las decisiones que adoptó durante su gestión ministerial siguen produciendo efectos.
Desde el Decreto Supremo 001-2022-TR, que restringió la tercerización laboral, hasta la disposición que ordenó la venta presencial de boletos a Machu Picchu, las medidas emitidas cuando ministra marcaron cambios en la regulación del trabajo y del turismo.
Más allá del desenlace legislativo, las normas que dejó Chávez continúan impactando sobre la formalidad, la competitividad y la gestión pública en sectores claves de la economía.
Las decisiones que Betssy Chávez dejó en el Estado y que aún dividen a expertos. Composición: Gestión.
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Tercerización: una norma que dejó litigios y costos
Durante su paso por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Chávez firmó el Decreto Supremo 001-2022-TR, que prohibió la tercerización de actividades vinculadas al “núcleo del negocio”.
La medida, que modificó el reglamento de la Ley 29245, fue cuestionada por gremios empresariales y especialistas por su impacto en la formalidad y la productividad.
César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, sostiene que el decreto “fue mal concebido desde la génesis”.
“No se discutió en Consejo de Ministros, no pasó por el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), ni por análisis de calidad regulatoria. Incluso, el MEF y el BCR se opusieron. Desde su origen, fue una norma sin sustento técnico”, explica.
El abogado recuerda que el concepto de “núcleo del negocio” no existe en la ley de tercerización y que su uso genérico generó inseguridad jurídica.
“Esa indefinición abrió la puerta a interpretaciones discrecionales, amparos y procesos en Indecopi y el Poder Judicial. Aun cuando fue parcialmente anulada, el daño ya estaba hecho: las empresas tuvieron que asumir altos costos de defensa y reorganización”, precisa.
Desde el frente económico, Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, considera que el impacto fue doble: “No solo se afectó la operación de sectores clave, sino que se rompió la confianza en el proceso regulatorio”.
“Estas normas se aprobaron sin cumplir los estándares de diálogo tripartito ni de prepublicación, como exigen los convenios de la OIT y las reglas de mejora regulatoria. Por eso, el Indecopi las declaró barreras burocráticas ilegales”, señala.
Dupuy advierte que, pese a esas resoluciones, el decreto aún no ha sido derogado totalmente, lo que prolonga la incertidumbre. “Mientras otros ministerios ya eliminaron medidas declaradas ilegales, el de Trabajo mantiene esta pendiente. Es una contradicción dentro del mismo discurso del ‘shock desregulatorio’ que el Gobierno busca reactivar”, sostiene.
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Relaciones colectivas
Aunque el Decreto Supremo 014-2022-TR fue publicado semanas después de que Betssy Chávez dejara el Ministerio de Trabajo, especialistas coinciden en que la norma siguió la línea política y técnica que ella impulsó durante su gestión.
“Un decreto supremo no se redacta en cuestión de días —explica Puntriano—, su preparación demanda semanas de trabajo técnico y revisión legal, por lo que es razonable asumir que su elaboración se inició bajo su administración”.
El D.S. 014-2022-TR modificó el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo e introdujo cambios sustantivos en la negociación colectiva.
Entre ellos, restringió la posibilidad de extender los beneficios pactados con sindicatos minoritarios a los trabajadores no afiliados, estableció nuevas reglas sobre la representatividad sindical, precisó condiciones para el arbitraje potestativo y reforzó los procedimientos para el ejercicio del derecho de huelga.
En la práctica, estas modificaciones incrementaron la complejidad de la gestión laboral en las empresas, sobre todo en aquellas con varios sindicatos.
“La norma buscó proteger la representatividad de los sindicatos minoritarios, pero terminó generando rigidez y fragmentación dentro de las compañías”, explica Puntriano.
“Hoy las empresas deben manejar múltiples negociaciones y escenarios de conflicto interno, lo que eleva los costos y la incertidumbre”.
Desde el plano económico, Dupuy señala que, aunque el impacto cuantitativo fue limitado —debido a que solo el 10 % de la PEA formal está sindicalizada—, el efecto reputacional fue relevante.
“El mensaje fue claro: se podían aprobar normas laborales sin diálogo tripartito ni evaluación de impacto. Eso debilita la institucionalidad y desalienta la inversión”, advierte.
El D.S.014-2022-TR también ha sido cuestionado judicialmente. Una acción popular presentada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) fue declarada infundada en primera instancia, pero actualmente se encuentra en apelación ante la Corte Suprema, lo que mantiene abierta la discusión sobre su validez y alcance.
El Congreso puede cerrarle la puerta a la política, pero los decretos que impulsó aún condicionan al mercado laboral, la inversión y Machu Picchu. (Foto: Andina)
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Mil boletos y el caos en Machu Picchu
En el Ministerio de Cultura (Mincul), Chávez promovió la disposición que ordenó la venta presencial de 1,000 boletos diarios en Machu Picchu Pueblo, formalmente firmada por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco.
Para Dupuy, el caso reflejó un patrón ya visto. “Se tomaron decisiones bajo presión local y sin análisis técnico. Se quiso favorecer a grupos con intereses económicos en Aguas Calientes, en lugar de priorizar la eficiencia turística. Eso dañó la experiencia del visitante y la imagen del país”, indica.
Luis Jaime Castillo, exministro de Cultura, coincide en que la medida respondió más a presiones locales que a criterios de gestión.
“Durante su gestión, el Mincul se dejó influenciar por demandas de comerciantes del pueblo que buscaban que los visitantes permanecieran más tiempo en el sitio. La intención era generar consumo local, pero terminó provocando congestión y desorden”, señala.
Castillo precisa que la decisión “no cumplió su propósito económico” y generó efectos colaterales: “Cada noche se concentraban cientos de personas en las calles de Aguas Calientes, lo que afectó la logística turística y la imagen del destino”.
El exministro añadió que incluso hubo cuestionamientos internacionales sobre la gestión del sitio y la coordinación con la Unesco, además de conflictos en la operación de transporte local.
Para Castillo, el episodio reflejó la falta de experiencia y de soporte técnico en la conducción del sector cultural. “Las advertencias se hicieron, pero no se tomaron en cuenta. Se priorizó una decisión política antes que una solución sostenible”, concluyó.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
