Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso de la República de Perú plantea otorgar un bono mensual.
Este se daría en casos de emergencia a trabajadores informales y jornaleros que no cuenten con empleo formal ni acceso a subsidios permanentes. Es decir, aquellos bonos que, por ejemplo, fueron extraordinarios por pandemia ahora serían normados por ley.
Su viabilidad ha sido puesta en duda por especialistas debido a los desafíos de focalización, sostenibilidad financiera y posibles distorsiones en el mercado laboral.
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¿Qué propone el Congreso sobre dar subsidios ante emergencias por ley?
El texto legislativo lleva por título “Ley que crea el Bono Familiar de Emergencia para jornaleros y trabajadores informales en caso de crisis sanitaria o económica”.
Según el proyecto, el bono estaría dirigido a trabajadores sin vínculo formal, incluyendo jornaleros rurales, vendedores ambulantes, madres solteras sin empleo, trabajadores de construcción civil sin contrato, mototaxistas, recicladores y pescadores artesanales, entre otros.
El monto del bono sería de S/ 400 mensuales, por un período inicial de hasta tres meses, prorrogables mediante decreto supremo. Para acceder, los beneficiarios deberán estar clasificados como hogares pobres, pobres extremos o en situación de exclusión, conforme al padrón del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).
La aplicación sería a nivel nacional, priorizando regiones con mayor índice de informalidad, pobreza o desempleo estructural.
El registro de beneficiarios estaría a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), mediante una declaración jurada y validación por geolocalización.
Además, se establece que la Contraloría General de la República ejercerá control concurrente y que el Midis deberá publicar un padrón digital abierto.
El financiamiento del bono se propone a través del Fondo de Estabilización Fiscal, donaciones, cooperación internacional y recursos del Tesoro Público. En caso de aprobación, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo de 15 días calendario.
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Viabilidad fiscal y sostenibilidad financiera
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, advierte que el proyecto no es viable desde el punto de vista fiscal ni técnico. Estima que, si el bono se aplica a cinco millones de personas por tres meses, el costo superaría los S/ 6,000 millones, sin que el proyecto precise fuentes efectivas de financiamiento.
Además, remarcó que los préstamos públicos no pueden usarse para financiar gasto corriente, como plantea el proyecto.
Juan Valera, abogado laboralista, coincide en que no se define con claridad de dónde saldrán los recursos. Critica que el texto mencione fondos genéricos como el Fondo de Estabilización Fiscal o la cooperación internacional sin establecer previsiones concretas ni sostenibles. Señala que ampliar el gasto sin ampliar la base tributaria genera presiones insostenibles sobre las finanzas públicas.
Focalización y riesgo de filtraciones
Ambos especialistas coinciden en que el proyecto presenta debilidades en la focalización. Castilla sostiene que el padrón del Sisfoh no necesariamente abarca a la población objetivo —trabajadores informales sin ingresos registrados— y que eso podría generar errores en la asignación. También advierte que los bonos entregados durante la pandemia mostraron dificultades similares.
Valera complementa esta preocupación indicando que muchas personas con ingresos informales no registrados —como quienes cobran en efectivo o por aplicaciones móviles— podrían aparecer como sin ingresos ante el Estado y recibir el bono injustificadamente. “Esto termina beneficiando a quienes no lo necesitan y deja fuera a quienes sí”, señaló.
En qué consiste el proyecto de ley que da bono a informales | Foto: Andina
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Riesgo de asistencialismo y dependencia
Castilla y Valera también advierten sobre el riesgo de que un subsidio temporal se convierta en permanente.
El exministro considera que estos programas, una vez implementados, son difíciles de desmontar y pueden desincentivar la búsqueda de empleo formal. “El incentivo a formalizarse se reduce si se recibe un bono sin condiciones”, afirmó.
Valera añadió que una medida así puede institucionalizar un modelo asistencial sin retorno. “Las personas se acostumbran a vivir del bono y luego reclaman aumentos o extensiones. Esto puede convertirse en una dinámica continua y complicada de revertir”, explicó.
Falta de conexión con políticas de formalización
Ambos especialistas coinciden en que la propuesta carece de articulación con una política de formalización laboral. Castilla propone una alternativa: reformar los regímenes tributarios para permitir que las pequeñas empresas puedan deducir gastos laborales, lo que incentivaría la formalidad de manera sostenible.
Valera subraya que ya existen leyes dirigidas a micro y pequeñas empresas que aún no se reglamentan, y considera que una política efectiva debería orientarse a promover la productividad y la empleabilidad, no solo a transferencias monetarias. “No se vincula el bono con ninguna mejora en capacidades ni generación de ingresos”, sostuvo.
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Contexto político y uso electoral
Tanto Luis Miguel Castilla como Juan Valera coinciden en que la presentación del proyecto puede responder a una estrategia política vinculada al proceso electoral de 2026.
Castilla considera que este tipo de iniciativas, sin justificación técnica ni sostenibilidad financiera, suelen estar motivadas por un interés en generar impacto político inmediato. “No hay justificación clara. Se trata de una propuesta populista que no considera las restricciones del fisco ni la viabilidad operativa”, indicó.
Valera complementa esta visión señalando que, al estar a menos de un año de las elecciones generales y en un periodo en el que los congresistas no pueden ser reelegidos pero sí postular al Senado, muchas iniciativas legislativas buscan proyectar liderazgo.
“Este tipo de propuestas les permite decir que impulsaron un beneficio visible. No es casual que el autor haya presentado varios proyectos similares centrados en transferencias directas sin sustento técnico ni financiero”, advirtió.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
