Rutas de Lima dio a conocer el último martes que iniciará su proceso de liquidación. Esta situación se da, explicó la empresa,“como consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como actos y omisiones de diversas entidades del Estado peruano". Ahora, Brookfield, inversor en Rutas de Lima, envió un comunicado tras este anuncio.
Recordó que el día 29 de septiembre, la Junta General de Accionistas de su subsidiaria Rutas de Lima se vio obligada a aprobar el inicio de un proceso de disolución y liquidación de esta empresa.
“Esta lamentable decisión se debió tomar como consecuencia de una serie de medidas arbitrarias y abusivas, así como un hostigamiento sostenido por parte de diferentes entidades del Estado peruano”, acusó. A su consideración, al menos ocho situaciones llevaron a que se decida por esta salida:
- La Sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el cobro de peajes en la Unidad de Peaje Chillón, “llevando a la empresa a perder más del 50% de sus ingresos”.
- La Sentencia judicial que suspendió el cobro de peajes en la estación de peaje de Conchán, “que aumentó la pérdida de ingresos a más del 60%”.
- La toma indebida del Tramo Ramiro Prialé, “que ha impedido que la empresa pueda construir y operar este tramo, pese a los más de S/500 millones que Rutas de Lima ya invirtió en este tramo de la concesión”.
- “El repudio expreso de laudos arbitrales internacionales”, los cuales han sido confirmados por la justicia federal de los EE.UU., por un valor de más de S/700 millones.
- Decenas de procesos de hábeas corpus, solicitudes de medidas cautelares y acciones penales promovidos por autoridades estatales “que han buscado perjudicar la concesión y cancelar sus ingresos”.
- “La continua campaña de hostigamiento y difamación impulsada por el alcalde de Lima y otras autoridades”, que ha incluido, entre otras acciones, ataques sistemáticos en la prensa y redes sociales.
- Las penalizaciones exorbitantes y procesos internacionales contra la empresa y sus accionistas que han deteriorado aún más la situación financiera de Rutas de Lima.
- La inacción de distintas autoridades del Estado peruano frente a estos hechos durante los años en los que Brookfield invirtió en el Perú.
“Brookfield ha mantenido su compromiso con el país, incluyendo con la inversión de más de S/3,300 millones para mejorar la infraestructura vial de la ciudad de Lima”, refirió en su comunicado. Cabe recordar que el inversor ya había denunciado, en conversación con este diario en mayo último, que se enfrentaban a una “expropiación progresiva” de la concesión.
Recordó que a la fecha Rutas de Lima no ha repartido dividendos ni retornado capital a los accionistas de la empresa, sino que ha reinvertido las recaudaciones de peajes.
“La serie de injustas y arbitrarias medidas del Estado peruano ha destruido la viabilidad financiera de Rutas de Lima. En efecto, como reflejan los estados financieros auditados más recientes de la empresa, la pérdida de valor de la misma es de tal magnitud que el patrimonio de la empresa se ha vuelto negativo. Ante esta situación y, en aplicación de la Ley General de Sociedades, la Junta General de Accionistas se ha visto en la necesidad de aprobar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa”, insistió.
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El arbitraje en curso
Como ya había dicho a Gestión, Brookfield reiteró que “las medidas del Estado peruano han resultado en la expropiación indebida de su inversión en el Perú”.
Ben Vaughan, Global Chief Operating Officer de Brookfield Infrastructure Group, indicó que: “La disolución de Rutas de Lima es consecuencia directa de las acciones del Estado peruano, que han destruido el valor de nuestro activo sin consideración alguna por la seguridad jurídica, demostrando que este no respeta sus compromisos y desconoce las normas aplicables. El Perú asegura que busca atraer la inversión extranjera, pero el trato que ha otorgado a Brookfield envía el mensaje contrario”.
Frente a estas conductas, Brookfield ha iniciado un arbitraje internacional en contra del Estado peruano al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, y se reserva todos sus derechos “con relación a las violaciones continuas del Estado y la destrucción de su inversión”, finalizó.
Respecto a este proceso, Bloomberg ha informado que Brookfield había estimado el valor empresarial de las autopistas en US$ 2,700 millones, la misma cifra que ahora busca reclamarle a Perú en el arbitraje internacional.
También recordó que las acusaciones de corrupción han perseguido al proyecto durante años, debido a la participación minoritaria de Obebrecht en RdL, con múltiples arbitrajes y casos judiciales en Estados Unidos. RdL rechaza esas denuncias y ha ganado US$ 200 millones en arbitrajes, aunque dichos pagos siguen pendientes.
