El Congreso de la República viene siendo centro de cuestionamientos de diversos economistas luego de que aprobó un proyecto de ley que propone ajustes en la distribución de lo recaudado vía Impuesto General a las Ventas (IGV). Del 18% retenido, se busca reducir de 16% a 14% los recursos para el Gobierno central y elevar de 2% a 4% lo destinado al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).
La medida se aprobó con casi 100 votos en la sesión del Pleno del miércoles 21 de mayo y fue exonerada de segunda votación. Así, el Ejecutivo deberá tomar una decisión hasta mediados de junio, cuando vence el plazo para pronunciarse.
“Lo que ha cambiado es la distribución [de los recursos retenidos] El Gobierno central tendrá menos recursos, entonces, tendrá que gastar menos o endeudarse más”, explicó Waldo Mendoza, exministro de Economía, a RPP. Además la ha calificado como la “ley fiscal más dañina del siglo”.
Un primer impacto de esta medida es que ocasionará que el Gobierno central deje de recaudar, al menos, S/ 10,000 millones cada año. El principal afectado es este nivel de gobierno porque realiza el presupuesto público considerando que recibe un 16% del total del 18% del IGV.
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Ante este escenario, Mendoza indicó que se tendrá dos opciones para enfrentarlo. “Lo más probable es que el gobierno se endeude para gastar como lo ha venido haciendo”, agregó.
Esto, sin embargo, tendrá un impacto directo en el cumplimiento de las reglas fiscales, que ya tiene un panorama adverso, pues en el 2023 y el 2024 se incumplieron los límites de déficit.
“El déficit fiscal va a elevarse en, aproximadamente, un punto del Producto Bruto Interno (PBI), cuando la idea era que vaya bajando. Esa tarea [de cumplir las reglas fiscales] se hace más complicada, se vuelve más lejana”, subrayó. “Con esta medida, el Gobierno pierde ingresos”, complementó.
La otra opción, ante este recorte de recursos, es que se suban los impuestos, como el IGV. “Es menos factible”, apuntó.
“Me sorprende el respaldo [del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes]. Es un mal debut. Creo que no es desatinado pensar que se dio por motivos políticos [esta aprobación en el Pleno]. Quieren ganar popularidad con los más de 1,800 alcaldes”, mencionó.
En general, Mendoza criticó que el manejo de la política fiscal viene siendo deficiente, “tanto por la culpa del Ejecutivo como del Congreso”.
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