El avance las economías ilegales viene aumentando la desconfianza de la población. Alrededor del 77% de latinoamericanos no confía en que se pueda ganar la guerra contra el crimen organizado, reportó la Cámara de Comercio de Lima (CCL) con datos del Latinobarómetro.
El presidente de la CCL, Roberto De La Tore, precisó que solo un 17% de los ciudadanos creen que se está ganando la lucha contra las economías criminales.
“Un 45% considera que ya la estamos perdiendo y un 32% cree que es imposible ganar. Tenemos ahí un 77% de la población que dice que no vamos a ganar la guerra contra el crimen organizado”, comentó.
Solo en la región, se estima que el costo económico del crimen y la violencia alcanza el 3.44% del PIB regional. Esto, indicó, equivale a aproximadamente el 78% del presupuesto público destinado a la educación.
Además, aunque América Latina representa solo el 9% de la población mundial, concentra más de un tercio de los homicidios a nivel global.
“Las economías criminales han pasado de ser únicamente un fenómeno delictivo a posicionarse como nuevas formas de gobernanza criminal que operan bajo lógicas empresariales, penetran cadenas logísticas, manipulan instrumentos financieros, compran voluntades y desafían abiertamente al estado de derecho. No podemos ni debemos normalizar esta situación”, advirtió.
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Esto se ve impulsado también por la informalidad, que en Latinoamérica oscila entre el 40% y el 60%, señaló Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia.
“La informalidad es el combustible, es el eslabón más débil, pero es el alimento de esos sistemas de economía criminal. La informalidad en las fronteras, en las zonas más complejas, y en las zonas de comercio popular permiten la criminalidad y la violencia”, indicó.
En ese sentido recordó que, acorde a los últimos datos del Banco Mundial, la actividad criminal se concentra en el 2.5% del territorio latinoamericano. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 40 se encuentran en América Latina y el Caribe, y de estas, 37 se ubican en puertos marítimos y ciudades fronterizas.
Esto, explicó, se debe a la disputa de las mafias por el control de la cadena de comercio exterior para asegurar la exportación de sustancias ilícitas y la monetización de dinero ilícito.
De hecho, el contrabando es una economía ilegal que representa entre el 5% y el 10% del PBI global, generando ingresos por cerca de US$ 460,000 millones cada año.
“Estamos frente a una economía ilegal que de ser un país hoy sería la tercera nación más poderosa del mundo. En Latinoamérica y el Caribe son cerca de US$ 210,000 millones, pero lo preocupante aquí es que el 90% de esa economía criminal procede de Asia, particularmente de China”, sostuvo.
En Perú, indicó De La Tore, el impacto económico de la criminalidad en Perú es sustancial. El costo de la seguridad en Perú, que incluye tanto la parte privada como la pública, es del 2.2% del PIB, lo que equivale a más de US$ 6,000 millones.
Según recordó, las principales economías criminales que afectan a Perú son la minería ilegal, con exportaciones de oro ilegal de aproximadamente US$ 7,400 millones el año pasado; la trata de personas, que mueve alrededor de US$ 1,300 millones; el narcotráfico, con una estimación de US$ 1,200 millones; la tala ilegal de madera, que alcanza los US$ 880 millones; y la extorsión, con un estimado de US$ 758 millones.
