El Congreso de la República de Perú aprobó en mayo una reducción gradual del Impuesto General a las Ventas (IGV) de 16% a 14% entre 2026 y 2029, lo que representaría un desbalance fiscal para el Gobierno central de alrededor de S/ 8 mil millones anuales, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE).
La región cuenta con experiencias de respuesta de política a desbalances fiscales, las cuales derivaron en alzas impositivas en el corto plazo para compensar la pérdida de recursos dada la baja diversificación de su estructura recaudatoria.
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El caso colombiano
En la región, Colombia tuvo una experiencia reciente de desbalance en la recaudación. En 2015, los ingresos derivados del petróleo recaudaron 1.2% del Producto Bruto Interno (PBI), menos de la mitad que el promedio entre 2012 y 2014 (2.8%).
Esta menor recaudación de su principal producto de exportación (52% del total) estuvo vinculada a una fuerte caída en el precio internacional del petróleo. Este se redujo en alrededor del 50% entre 2012 y 2014, pasando de US$ 95 por barril a US$ 48, en un contexto de desaceleración económica global.
El Gobierno colombiano estimó que el precio del petróleo mantendría su reducción. Así, los ingresos por este concepto serían nulos en los próximos dos años y se recuperarían parcialmente en casi diez años, derivando en un desfinanciamiento de más de 2% del PBI cada año.
Este ajuste se dio sobre una de las principales categorías de la estructura recaudatoria de Colombia. Al 2016, el Impuesto a Renta de empresas (35%) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (35%) acumulaban 70% de la recaudación.
Para compensar el desbalance inmediato, se optó por una modificación impositiva a la tasa del IVA de 16% a 19%.
Desbalance presupuestario en Perú
En Perú, la reciente reducción del IGV contrasta con la cada vez mayor rigidez del gasto por parte del Gobierno central.
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 2024, casi el 60% del gasto del Gobierno central sería rígido, puesto que corresponde a categorías poco flexibles como remuneraciones (27%), pensiones (8%), adquisición de bienes y servicios (16%), y el pago del servicio de deuda (18%), lo que implica que estos no pueden ser modificados discrecionalmente en el corto plazo.
Por ende, es improbable que el recorte de la recaudación por IGV pueda ser absorbida a través de un ajuste del gasto.
Sumado a esto, destaca el incremento de la participación de algunos gastos rígidos en la composición de gastos del gobierno, como remuneraciones y el servicio de deuda.
El pago de remuneraciones pasó de representar 22% del gasto total entre 2020 y 2023 a 27% en 2024; mientras que, el servicio de deuda se incrementó desde 12% del total en 2021 a 18% en 2024. El MEF prevé que estos mantendrían una participación similar para 2025.
Recuperar el equilibrio presupuestal requerirá, necesariamente, más impuestos, dice IPE. (Foto: Doucefleur/iStock)
Ajuste será necesario en Perú
En el caso peruano, mayores gastos por el Congreso de la República y Poder Ejecutivo incrementarán la presión sobre las cuentas fiscales. Recuperar el equilibrio presupuestal requerirá, necesariamente, más impuestos.
Detrás del IGV, el Impuesto a la Renta es el de mayor relevancia en la composición de los ingresos tributarios, concentrando 4 de cada 10 soles recaudados. Sin embargo, una modificación de la tasa de IR tendrá efectos distorsionadores en las decisiones de inversión y consumo, lo que representaría un riesgo a la baja para el crecimiento económico.
De un lado, son apenas 200 mil empresas las que tributan bajo el régimen general del IR, en comparación de los más de 3 millones de contribuyentes en los otros regímenes empresariales. De otro lado, únicamente 5.5 millones de trabajadores tributan en la quinta categoría de renta, quienes representan solo 32% de la población ocupada al 2024.
Perspectivas a futuro para la disciplina fiscal en Perú
El recorte de ingresos tributarios para el Gobierno central regirá progresivamente desde 2026, en un contexto en que se disiparían los ingresos extraordinarios por la regularización del impuesto a la renta.
Sumado a esto, la entrada de un nuevo gobierno en 2026 dificultará que este tenga los incentivos para tomar medidas impopulares como reducir gastos o incrementar la recaudación.
Sin una reversión de la modificación al IGV y un compromiso real con la consolidación fiscal en el corto plazo, el déficit fiscal continuará incumpliendo su meta y avanzando en una trayectoria insostenible.
La pérdida de la disciplina fiscal tiene consecuencias graves en la calificación crediticia del país. Perú se encuentra a una reducción adicional en la calificación de perder el grado de inversión, según la escala de Standard & Poor’s.
En la región, Colombia perdió el grado de inversión en 2021 dada la acumulación constante de déficit elevados, lo que ocasionó que su riesgo país se duplique hasta el promedio de países emergentes. De ocurrir un episodio similar en el Perú, el riesgo país casi se duplicaría, al pasar de 159 a 308 puntos básicos, lo que haría al país menos atractivo a inversiones extranjeras y encarecería considerablemente el costo de la deuda del Estado y las empresas.
La más reciente modificación al IGV generará un forado fiscal en un momento contexto crítico para la sostenibilidad fiscal del país. Las opciones para generar más ingresos son limitadas en la estructura recaudatoria vigente y necesariamente pasarían por incrementar tasas del IGV o del Impuesto a la Renta, con graves consecuencias para el crecimiento económico y la predictibilidad del sistema tributario.
El Congreso y el MEF deben retroceder en esta medida y asumir un compromiso real con el uso responsable de los recursos de todos los peruanos.
