Julia Torreblanca Marmanillo, que a fines de enero asumió la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), conversó con Gestión sobre el destrabe de proyectos mineros y de la “permisología”, que anuncia el Gobierno peruano, así como la propuesta que se alista para la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).
-El Gobierno peruano anunció el destrabe de proyectos mineros. ¿Hemos avanzado en ese objetivo?
El nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero Cornejo anunció que entre este y el próximo año se prevé iniciar la construcción de 11 proyectos mineros por US$ 8,000 millones, y que su sector se va a enfocar en el acompañamiento y destrabe de estos proyectos.
Mencionó a Reposición Antamina, Corani, Reposición Raura, Reposición Tantahuatay, ampliación Huancapeti, Romina, Tía María, Zafranal, Pampa del Pongo y Trapiche, aunque muy similar compromiso anunció hace un año atrás el anterior ministro el señor Rómulo Mucho.
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-¿Significa que aún no se han destrabado esas iniciativas?
Es necesario promover las acciones para desarrollar esta actividad, pero todavía el reto que hay -y por eso hacía referencia al anuncio de este año respecto al del año pasado- es que persisten altos niveles de complejidad en la normativa de minería en general, hay retrasos excesivos en la obtención de permisos.
-¿Podría citar un ejemplo?
En algunos casos proyectos de exploración para los que se debe hacer consulta previa se han demorado 36 meses; (vemos que) falta interoperatividad entre las entidades públicas que dificulta el análisis y toma de decisiones de manera oportuna.
-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ofreció a ayudar a destrabar los proyectos, ¿qué se ha logrado?
Las Mesas Ejecutivas que lidera el MEF han funcionado muy bien para la discusión técnica de mejoras en procedimientos, pero creemos que todavía se necesita empujar un poco más para simplificar los procedimientos de exploraciones mineras.
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-¿Qué más se necesita para promover las inversiones en exploración?
Establecer más supuestos de cambios operativos sujetos a comunicación previa para simplificar el proceso de aprobación y optimizar la evaluación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) (de los proyectos).
Si uno tiene una comunicación previa incorporando de esta manera lo que ya está regulado en las normas ambientales, y le sumas más supuestos, puedes lograr acelerar inversión, puedes acortar plazos, ampliar criterios para evaluar los ITS para cambios que no sean significativos.
-¿De esa forma en qué medida se podrían reducir los plazos?
En teoría, deberían darse aprobaciones en 15 días.
-Entiendo que también hay demoras debido a la consulta previa para estos proyectos...
Hay que revisar y optimizar los procesos de consulta previa que en este caso están a cargo del Minem, pero es una etapa relevante para la viabilidad de las inversiones y en la práctica genera demoras. Se debe definir un único momento para realizar la consulta previa para proyectos mineros.
Julia Torreblanca, nueva presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señala las expectativas del gremio minero energético sobre las inversiones en el sector. Foto: SNMPE
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Propuesta de reglamento de cierre de minas
-¿Qué otros procesos administrativos traban estas inversiones?
Hay un proyecto que está revisando el Minem para realizar modificaciones al reglamento de la norma de cierre de minas, que incorpora nuevas obligaciones a los titulares mineros que generarán altos costos. Se están introduciendo garantías financieras para el cierre progresivo que se ejecutan durante toda la vida del proyecto.
-¿Cuál es el problema con esa propuesta?
Si es que no hay un plazo para que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) pueda dar el visto bueno y se liberen esas garantías, se incrementa bastante el gasto a las empresas mineras y nos deja vulnerables a ser invadidos durante (la etapa de) cierre por la minería ilegal.
-¿Qué otros riesgos traen esa iniciativa para la actividad formal?
Nos expone a ser sancionados directamente por consecuencias ambientales o consecuencias de seguridad que estas actividades (ilegales) generan. Estos retrasos en la emisión de certificados que deberían emitir la OEFA deben corregirse, deben revisarse; es importante que esta modificación tome en cuenta nuestras observaciones.
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Ventanilla Única Digital
-El Gobierno había anunciado desde el 2023 la Ventanilla Única Digital (VUD) para Minería, ¿qué está pendiente?
Esa ventanilla es clave, no solo para que cuando los documentos sean revisados en forma simultánea, sino para que haya también una interacción entre entidades públicas que los deben analizar de manera oportuna, a fin de evitar duplicidad de observaciones, lo cual requiere un trabajo integral de simplificación de procedimientos, reducción de pasos, incorporación de tecnología, que sea compatible entre esas entidades.
-En la cartera del Minem, hasta diciembre último, había 31 proyectos de construcción de minas sin fecha de inicio de obras, ¿las mineras asociadas a la SNMPE han previsto fecha para retomarlos?
Al momento no, pero creo que es muy importante que de parte del Estado peruano se pueda motivar o promover que se desarrollen todas las partes previas y que se brinde la certidumbre y la predictibilidad a todos los inversionistas para que esas fechas se materialicen.
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-Se había anunciado el destrabe del proyecto Yanacocha Sulfuros, pero no hubo más noticias positivas. ¿Hay algún avance en definir una fecha para ello?
Lo que he leído es que se ha decidido aún postergar Yanacocha Sulfuros porque Newmont está privilegiando proyecto de mayor rentabilidad en otras plazas. Esperamos que la compañía continúe con las evaluaciones del caso y que se puedan dar las condiciones para materializar la inversión, ojalá, en el corto plazo.
-El titular del Minem indicó que estaban buscando consensos para implementar lo que denominó corredor minero del norte, que incluía a ese proyecto, así como a El Galeno, Michiquillay, y La Granja. ¿es eso factible?
El Perú puede desarrollar más de un corredor minero, pero tienen que darse esas condiciones que necesitan los inversionistas, no solo respecto al marco regulatorio sino también de seguridad jurídica y seguridad ciudadana para que sus operaciones se desarrollen sin exponer a sus trabajadores frente a la minería ilegal.
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Producción e inversiones
-El 2024 las inversiones mineras (US$4,961 millones) crecieron apenas 0.5%, es decir prácticamente se estancaron, ¿qué se espera para el 2025?
Para este año prevemos que va a ser la misma (inversión minera) registrada el año pasado, creemos que se mantendrá igual a la del 2024.
-La producción de cobre cayó 0.7% en 2024, pero el Minem espera alcanzar las 3 millones de toneladas este año, ¿es factible ello o podría seguir declinando?
Es difícil poder contestar. En el Perú tenemos varias operaciones minerales de larga data por lo cual la ley de cobre si es un desafío. La única manera de lograr nuestros objetivos es que se motive no solamente a los proyectos de reposición sino también nuevos exploraciones y nuevos proyectos.
-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una posible implementación de los aranceles al cobre lo que causó mucha preocupación en Chile. En el caso de Perú, ¿hay razones para preocuparse por esta medida?
No. Con la información que se tiene actualmente no vemos un impacto mayor en nuestra producción, pero igual estamos monitoreando para ver qué otra orden pueda dar el presidente Trump (que afecte esa actividad).
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Propuestas para la Ley MAPE
-La próxima semana se prevé la instalación de la Comisión de Energía del Congreso de la República y que pueda retomar el debate del proyecto de Ley MAPE. ¿Qué propuesta tiene la SNMPE?
La Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) debe buscar la sostenibilidad de esas actividades especialmente en aspectos ambientales, fiscalización, sanción, salud y seguridad ocupacional; y se tiene que tomar medidas coordinadas desde el Ejecutivo para combatir la minería ilegal.
La minería ilegal de oro ha crecido respecto a su producción siete veces en los últimos 18 años, explica el 44% de las exportaciones de ese metal precioso y ocasiona una pérdida del 2.5% del PBI. Es importante que la ley MAPE contemple estas condiciones.
-¿Qué debería incluir esa normativa?
Debe plantearse un sistema simplificado para que el minero en proceso de formalización y de pequeña escala tenga un régimen que sea más sencillo y lo pueda cumplir, con los estándares mínimos de protección a sus trabajadores y al medio ambiente; pero es clave que haya un acompañamiento del Estado para para tener éxito en su aplicación.
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-En las propuestas que hasta ahora se ha planteado que la formalización recae en los gobiernos regionales, en cuyas manos no ha dado resultados. ¿Cree que esto lo debe asumir el Minem?
Sin duda siempre y cuando se dote a ese sector de recursos y la tecnología necesarios para hacer un acompañamiento al gobierno regional. Sin duda tiene que ser el Minem el ente rector, tiene que participar de la mano con otras instituciones como el OEFA, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), hasta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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