Un nuevo año escolar en el Perú inició, pero no solo teniendo como factor adverso las infraestructuras de los colegios en condiciones no óptimas. En el panorama del sector educativo también aparece, y sin mostrar mejoras, pendientes relacionados al tratamiento de la salud mental en los escolares y la lucha contra la violencia contra los menores.
Durante el 2024, el Ministerio de Educación (Minedu) reportó que, a nivel nacional, y considerando los segmentos de primaria y secundaria, se reportaron 18,376 casos de violencia escolar, ocurrido entre los propios estudiantes y de personal de la institución educativa hacia los alumnos. Este nivel es similar al del 2023 (18,516 casos).
Los tipos de violencia se segmentaron entre física, psicológica y sexual. Principalmente, estos fueron de carácter psicológico, evidenciándose en acoso, aislamiento, discriminación, intimidación, trato humillante o insultos, por mencionas algunos. Mientras que casi 7,300 fueron físicos y más de 3,800, sexual. En el primer caso, los reportes fueron por castigos físicos y también con lesiones.
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En tanto, los de tipo sexual se dividieron entre hostigamientos; tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos; acoso y; acoso a través de medios tecnológicos. En el reporte del Minedu también figura casos de violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos y de violación sexual, con 343 y 174 casos, respectivamente.
De estos últimos, a febrero, cinco figuraban como “pendiente de atención por la institución educativa, 100 estaban en “atención en proceso” y 221 con “atención finalizada”.
Los otros se encontraban en “Observado por UGEL” y “Atención finalizada por validar”. Se detalla que 187 casos reportados ocurrieron entre estudiantes, mientras que 156 teniendo como victimarios al personal de la institución.
Del total de más de 18,000 reportes de casos de violencia, estos fueron, principalmente, entre los propios escolares. De parte del personal educativo hacia los escolares ascendieron a casi 6,900 casos. Sin embargo, en los casos de violencia sexual, fue mayormente del personal educativo a escolares con más de 2,000 reportes.
Revisión del presupuesto contra la violencia en etapa escolar
En el marco de la atención de esta grave problemática, el Gobierno de Perú cuenta con algunos rubros a los que destina recursos para atenderla. Gestión recogió datos de dos que evidencian una mayor asignación de presupuesto respecto al año pasado, pero lejos de marcar una tendencia creciente.
La partida “Niños y niñas vivencian experiencias de aprendizaje para desarrollar sus competencias en prevención de la violencia sexual” tiene recursos, para este año, por más de S/ 3 millones, casi el doble de lo asignado en el 2024 y el 2023, cuando presentó una capacidad de gasto de más del 86%. En el 2022, los recursos fueron apenas la quinta parte de este año.
En tanto, en la partida “Estudiantes de inicial, primaria y secundaria vivencian experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias para la prevención del acoso escolar” se dispusieron más de S/ 1.13 millones, también reflejando una tendencia dispar. En el 2022, contó con S/ 622 mil; en el 2023, S/ 706 mil y; en el 2024, S/ 521 mil.
La crisis de psicólogos en los colegios
Marilú Martens, exministra de Educación y directora nacional de CARE Perú, indicó que el problema de salud en el país no viene siendo abordado como corresponde por el Gobierno, pese a mostrar un escenario preocupante.
“Es una realidad que necesitamos más psicólogos, que estén comprometidos y priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad”, indicó.
En la misma línea, Teresa Machado, decana nacional del Colegio de Psicólogos del Perú (CPP), mencionó que la relevancia que le da el Gobierno a la salud mental en los escolares viene siendo nula.
“Esto es el resultado de una serie de factores. Por ejemplo, aparecen un tema de desconocimiento de las autoridades y una normalización de la violencia entre los menores: hoy no se hace nada respecto a las burlas en los colegios y se excusa en que son niños. En la relación entre las personas hay, cada vez más, una violencia naturalizada”, explicó Machado.
A esto, Martens sumó que, a partir de las políticas públicas que se despliegan para atender la salud mental en los colegios y/o los casos de violencia, no hay una exposición tangible de resultados.
“De los casos reportados, es importante hacerles un seguimiento, pues cada uno tiene su procedimiento. En general, se requieren más que buenas intenciones, sino buenas estrategias. Lo primero está, pero la implementación continúa siendo todo un reto, debe ser focalizada”, apuntó la exministra.
También observó que es crítica la falta de resultados cuando, en términos macroeconómicos, viene orientándose significativos resultados al rubro educativo. Para este año, los recursos equivalen al 5.1% del Producto Bruto Interno (PBI).
En tanto, Machado señaló que existen algunos marcos normativos que plantean “buenas intenciones”, pero terminan siendo “letra muerta”. Una que destacó es la ley que plantea que cada colegio público cuente con un personal de psicología, pero observó que no se orientan recursos al respecto.
“El Gobierno quiere la presencia de psicólogos en los colegios, pero no destina recursos para ello. Resulta alarmante las gestiones que se realizan. Hay una ley que crea un convenio entre el sector salud y de educación y, en detalle, se aplica el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums). Es decir, se quiere brindar esta atención profesional, mediante un programa no profesional, en el cual no hay un pago acorde respectivo”, contó.
Machado precisó que, actualmente, existen más de 63,000 profesionales psicólogos y que sí podrían prestar el servicio, pero las propias condiciones normativas los alejan.
“Hay casos donde el Gobierno lanza vacantes CAS para los psicólogos y el salario termina siendo menor al de los auxiliares docentes. No corresponde”, sostuvo.
Las consecuencias de no abordar adecuadamente el desarrollo de la salud mental en la etapa escolar son varias y todas críticas. “Hay una serie de crisis de valores que se terminan llevando a las escuelas. Entre los riesgos están que se generen conductas como el consumo de drogas, caer en el alcoholismo, la sexualidad prematura, suicidios, desarrollo de personalidades sin empoderamiento y mucho más”, advirtió.
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Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
