Desde este domingo, los contribuyentes en Colombia comenzaron a pagar de forma anticipada el impuesto a la renta correspondiente al próximo año. La medida, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca reducir el creciente déficit fiscal que enfrenta el país.
Aumento de la presión fiscal a la industria extractiva
El decreto, publicado por el Ministerio de Hacienda, sube las tarifas de retención en la fuente y autorretención que deben pagar las empresas y establece que, desde este 1 de junio, las compañías deberán anticipar el pago de impuestos sobre los ingresos que esperan recibir en 2026.
La retención en la fuente es un mecanismo que permite al Estado recaudar impuestos por adelantado. Cuando una empresa o trabajador recibe un pago, una parte de ese dinero es retenida para la autoridad tributaria.
El mayor aumento en las tarifas afecta a la industria extractiva. El decreto fija una retención del 4.5 % para las actividades de extracción de gas, carbón, oro y otros metales preciosos, aunque para el petróleo crudo la tarifa será del 2.7 %.
Las actividades de servicios, sindicatos, asociaciones religiosas o políticas, las artes y las instituciones educativas tendrán una retención del 3.5 %. Las universidades, en cambio, tendrán una tarifa reducida del 1.10 %.
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Impacto limitado
El Gobierno estima que con esta medida se recaudarán cerca de 13,9 billones de pesos colombianos, un promedio de unos US$ 3,390 millones, lo cual es equivalentes al 0.8 % del PIB.
Sin embargo, algunos expertos, como el economista Henry Amorocho de la Universidad del Rosario, calculan que el monto sería de alrededor de 11 billones de pesos. Esto no resolvería el desajuste en las finanzas públicas.
El déficit fiscal ya se sitúa en torno al 7 % del PIB y podría elevarse hasta el 7.8 % este año si no se logra corregir el desfase en los ingresos estimado en US$ 6,585 millones. De concretarse este escenario, la deuda neta del Gobierno llegaría al 63% del PIB, superando incluso el nivel registrado durante la pandemia.
En medio de estas señales de deterioro fiscal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió en abril suspender la línea de crédito de emergencia que Colombia tenía desde 2009.
El segundo intento
Esta es la primera medida importante adoptada del nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien asumió el cargo en marzo tras la salida de su predecesor por discrepancias con el presidente Petro respecto al manejo fiscal.
Sin embargo, no es la primera vez que el Gobierno recurre al cobro anticipado de impuestos. En 2023 se aplicó un mecanismo similar, que complicó la financiación del presupuesto de 2024 y obligó a Petro a disculparse por lo que llamó un “error administrativo”.
Para Amorocho, este cambio de postura del presidente es “muy extraño” y dice estar de acuerdo con que la medida “es un gran error”.
Para el experto, los ingresos fiscales han sido más bajos de lo esperado y el Gobierno no ha hecho los recortes necesarios, así que éste ha sido el camino que ha encontrado para recuperar la solvencia económica de forma rápida ante la imposibilidad política de impulsar una nueva reforma tributaria, después de que el Congreso rechazara en diciembre pasado una segunda iniciativa en ese sentido.
Amorocho recuerda que en agosto de 2022 Petro heredó de su antecesor, Iván Duque, un déficit fiscal del 5.6% del PIB. Pero, según sus cálculos, solo en 2024 el gasto del actual Gobierno se multiplicó por ocho.
Críticas desde el sector empresarial
La disposición, publicada a un año de las elecciones presidenciales, ha sido cuestionada por gremios empresariales como el Consejo Gremial Nacional y la Cámara de Comercio Colombo Americana, quienes la describen como una “reforma tributaria encubierta” que puede poner en riesgo la liquidez del tejido empresarial.
“Puede llegar a generar inflación y pegar al crecimiento económico porque es posible que se atrasen emprendimientos y proyectos de empresas”, agregó Amorocho.
En tanto, el profesor asociado y director del Observatorio Financiero Rural de la Universidad Javeriana, Jairo Andrés Rendón, alertó que la medida ignora la realidad del agro, ya afectado por costos elevados y falta de estabilidad, lo que podría llevar a que pequeños productores abandonen el sistema formal.
