La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) y el Consejo Privado de Competitividad (CPC) expresaron su rechazo a la ley aprobada por el Congreso que modifica la estructura del Impuesto General a las Ventas (IGV), elevando de 2% a 4% el componente correspondiente al Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que va al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).
A través de un comunicado, las entidades advirtieron que esta medida, lejos de beneficiar al país, representa una “peligrosa distorsión del sistema tributario que debilita la sostenibilidad fiscal y amenaza la capacidad del Gobierno Central para financiar obras que atiendan servicios básicos“.
Según el pronunciamiento conjunto, el incremento afectaría negativamente el presupuesto nacional hasta por S/ 10,000 millones, al transferir dichos recursos a las municipalidades. Sin embargo, las entidades señalan que estas no han demostrado una adecuada capacidad de ejecución.
Por ejemplo, en 2024, el presupuesto para inversión pública asignado por Foncomun fue de S/ 2,264 millones, pero su ejecución fue de solo 71.4%. En general, los municipios contaron con S/ 28,977 millones para inversiones, con un avance de ejecución del 66.6%, lo que implicó un subejercicio de S/ 9,682 millones.
“Con todo este presupuesto no ejecutado, se pudieron hacer 1,936 postas médicas, 61 hospitales de complejidad media, 8 hospitales de alta complejidad o pavimentar el 5% de las vías vecinales y departamentales”, señala el comunicado.
Como se recuerda, en los últimos cinco años, las municipalidades han registrado el menor nivel de ejecución proporcional respecto a su presupuesto.
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Asimismo, el pronunciamiento detalla que, en 2023, un 74.5% de los municipios requerían capacitación en procedimientos administrativos, 70.8% en administración tributaria y 67.7% en formulación y evaluación de proyectos públicos, según datos del INEI.
Esto evidencia, según ComexPerú y el CPC, que otorgar más recursos sin una reforma del sistema de transferencias y sin mejorar la eficiencia del gasto subnacional no garantiza mejores resultados.
También se critica que la norma haya sido aprobada sin un sustento técnico ni evaluación de impacto fiscal, en un contexto preelectoral que refuerza su carácter populista.
“En vez de fortalecer el sistema tributario, lo debilita; en vez de cerrar brechas, puede profundizarlas”, afirman.
Ante este escenario, ComexPerú piden al Congreso y al Ejecutivo a priorizar la responsabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país, y exhorta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a observar la norma y retroceder en su promulgación.
“La solidez fiscal del país ha sido uno de nuestros principales activos durante décadas. No la pongamos en riesgo”, añaden.
