El incremento de la criminalidad principalmente vinculada con la minería ilegal se ha convertido en la actualidad en un factor que afecta la competitividad de la minería formal y del Perú, advirtió Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) durante su participación en la conferencia “Desregulación para la Competitividad” en el Perumin 37 que se realiza en Arequipa.
Al respecto, precisó que, según los resultados de la última Encuesta Fraser, el porcentaje de empresas mineras que considera a la inseguridad como un obstáculo fuerte o decisivo para invertir en el país pasó de 6% en el año 2018 a 29% al cierre del 2024, luego de registrarse un pico de 37% en 2023 tras las manifestaciones que iniciaron en diciembre de 2022.
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Impacto de la sobrerregulación
Grossheim señaló que el exceso de trámites afecta directamente el nivel de competitividad del Perú frente a otras plazas de inversión, pues se genera incertidumbre y falta de predictibilidad en el planeamiento de los proyectos mineros ocasionando desventajas comparativas frente a otros países mineros.
La excesiva sobrerregulación no es una problemática exclusiva de nuestro país, anotó, al citar que antes de la pandemia del covid-19, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un estudio en 18 países de la región que concluyó que los trámites burocráticos han proliferado a un ritmo asombroso en América Latina y que los procedimiento se han vuelto sumamente complejos que obliga a reiteradas visitas e interacciones con organismo públicos; y que el costo de atender estos procedimientos burocráticos es alto para los fondos de los Estados, pero también para los ciudadanos y las empresas.
Grossheim señaló que el exceso de trámites afecta directamente el nivel de competitividad del Perú frente a otras plazas de inversión, manifiesta Ángela Grossheim. (Foto: USI)
En ese contexto, manifestó que si bien hay algunos avances significativos con mejoras regulatorias a través de las Mesas Ejecutivas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aún no se ha realizado una real evaluación de todos los procedimientos administrativos y entidades públicas involucradas con la actividad minera.
“Es necesario reducir los procesos engorrosos, duplicidades y retrasos excesivos, sin que ello implique una reducción en las obligaciones de los administrados; así como trabajar para lograr la interoperatividad en la labor de las entidades públicas; impulsar la digitalización y sistematización de los trámites; y sobre todo fortalecer las capacidades del sector público”, puntualizó.
Finalmente, invocó a asumir el desafío de recuperar la confianza, forjar instituciones sólidas, establecer reglas claras y predicibles; y emprender una estrategia firme para enfrentar la criminalidad, ya que solo así será posible viabilizar la cartera de proyectos mineros, recuperar la competitividad perdida y aprovechar nuestro potencial geológico para impulsar el crecimiento, empleo y desarrollo regional.
