El Congreso de la República publicó la Ley N° 32386, que permitiría al Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutar una serie de medidas para combatir la delincuencia común y el crimen organizado.
El Articulo 4 de la norma permitirá poner en marcha el Plan Celador del sector Interior, ya que autoriza el pago para el personal policial que, de forma voluntaria, brinde servicios de patrullaje a pie o motorizado, así como operaciones focalizadas de investigación, durante sus días de franco o vacaciones.
Cabe mencionar que, el Plan Celador permite contar con más policías en las calles a través de la compra de sus días de franco y vacaciones. Ello se traduce en un aumento aproximado de 5,000 policías más cuidando las calles.
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Otras medidas
La norma dispone otras medidas extraordinarias de fortalecimiento institucional y modernización operativa, optimizando los recursos públicos, agilizando procesos operativos y priorizando la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Entre los aspectos principales de esta ley, figura la exoneración, de manera excepcional y temporal, de normas presupuestales que permitirá al sector Interior optimizar la gestión de gasto, orientados al Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, a fin de enfrentar el estado de emergencia decretado por la inseguridad ciudadana.
Asimismo, autoriza a los gobiernos regionales y locales realizar transferencias financieras a favor del Ministerio del Interior, las cuales serán destinadas a financiar productos, actividades y proyectos previstos en el mencionado programa presupuestal. Se precisa que estas cesiones deben ser aprobadas mediante la suscripción de convenios interinstitucionales.
En el Artículo 3 del documento, se autoriza al intervención inmediata y oportuna del Mininter, de los gobiernos regionales y locales para que, durante el estado de emergencia, puedan realizar contrataciones de bienes y servicios para la ejecución de acciones urgentes que permitan optimizar la labor de la Policía Nacional en contra de la criminalidad.
Otra medida importante de la Ley N° 32386, es que dispone que la Secretaría General del Ministerio del Interior, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional, realice una evaluación del estado situacional del sector y que, en un plazo de 90 días hábiles, entregue una propuesta de reestructuración de ambas entidades.
La norma tiene una vigencia de 180 días calendario contados a partir de su entrada en vigor, a excepción del artículo 4 que estará efectiva hasta que culmine el año fiscal 2025.
Finalmente, para implementar las medidas previstas en esta ley, se autoriza al sector Interior y los gobiernos regionales y locales realizar modificaciones presupuestarias con cargo al presupuesto institucional asignado a sus respectivos pliegos.
