Esta semana ingresó a trámite el dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que aprueba una nueva extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), esta vez hasta fines del 2027 (dos años más). Con esto queda a solo voluntad política de ser debatido en el Pleno.
La propuesta también considera una “ventana” para el retorno de 50,565 inscritos en el Reinfo que fueron excluidos, a mediados de este año, por estar en condición de suspendido y no reportar actividades por un año o más.
Para ello, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) establecerá los criterios “técnicos y objetivos” para la evaluación de las protestas. Tendrá un plazo máximo de 60 días calendarios para esta “reincorporación excepcional”.
Sin embargo, el proyecto normativo tiene otras aristas que lo vuelven cada vez más cuestionable y apuntarían a un sentido contrario a la formalización minera. Se trata de una disposición complementaria final que plantea una suspensión de los procedimientos de exclusión del Reinfo.
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En detalle, se propone suspender la tramitación e inicio de los procedimientos administrativos de exclusión del Reinfo, que se enmarcan en normativas del 2017 y el 2020. Esto tendrá duración hasta la entrada en vigencia de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape) o culmine el proceso de formalización minera.
Algunas de las causales de exclusión normadas son: no desarrollar actividad minera, tenerla fuera del derecho minero declarado en su Reinfo y obstaculizar acciones de verificación o fiscalización.
Tras un ajuste en su debate en la comisión, se agregó que este levantamiento de exclusión no se aplica para los “administrados que cuenten con sentencia condenatoria firme por delito de minería ilegal, lavado de activos (…) trata de personas, ni a aquellos que realicen actividades mineras en áreas no permitidas para el ejercicio de la minería (zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas)”, por mencionar algunos.
Así, desde el despacho de la congresista Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de la comisión, explicaron que esta “ventana” de suspensión alcanzará a los que tiene “procedimiento de exclusión abierto”, concluyéndose pero no efectuándose. También incidirá evitando nuevas exclusiones, salvo se incurra en las excepciones establecidas.
Detallaron que quienes fueron excluidos, distintos al grupo que se retiró a mediados de este año, continuarán en esa condición.
César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental, observó que el apartado de suspensión de los inicios de procesos de exclusión es una vulneración clara al proceso de formalización minera y resulta contrario al objetivo de este dictamen que será visto en el Pleno. La inconsistenia es significativa, consideró.
En el marco de esta nueva extensión del Reinfo, la propuesta considera nuevas responsabilidades. Este diario, hace unos días, destacó que se plantea extender responsabilidades en la verificación de heramientas e insumos mineros, así como también requerir un “sinceramiento obligatorio” ante del Minem de la ubicación de sus operaciones.
Ipenza explicó que, por normativa, el Gobierno junto a los gobiernos regionales realizan fiscalizaciones sobre este sector minero, pero si entra en vigencia esta propuesta no podrá efectuar exclusiones por el incumplimiento de estos nuevos requisitos de formalización, que se suman a los anteriores.
“¿Cuál es el incentivo de cumplir estos nuevos requisitos si no se le podrá iniciar un proceso de exclusión?”, criticó.
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En esta línea, Ángel Chávez, Counsel de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, indicó que esta propuesta pretendería que no se aplique la normativa del sector, bloqueando las exclusiones puntualmente, y así no se depure el proceso de formalización minera.
“Esta disposición le dice al Minem que, durante el tiempo que sale la nueva Ley Mape o se concreta el proceso de formalización minera, no realice nada. Se busca anular la capacidad de fiscalización de la autoridad. Se está yendo en el sentido contrario a la lógica misma de la formalización”, comentó.
Como se mencionó, una de las causales de exclusión es tener un Reinfo y no desarrollar actividad minera. Aquí cabe recordar que la congresista Gonzales denunció, recientemente, que algunos de estos registros vienen vendiéndose y alquilando en redes sociales. Con el bloque a las nuevas exclusiones, Chávez señaló que podría abrirse un espacio para la especulación al poner el registro al servicio de otros.
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“Una de las principales críticas de quienes defienden la prórroga del Reinfo son las concesiones ociosas. Pero ahora el Estado estaría impedido de suspender registros porque no desarrollan actividades mineras. Estamos hablando, entonces, de Reinfo ociosos”, indicó Chávez.
A su turno, Xennia Forno, Counsel del área minera de PPU, criticó que la suspensión está vinculada a la culminación del proceso de formalización, que abarca la ejecución de un censo nacional de la Mape y no ocurriría con resultados óptimos.
“La norma considera importante hacer un censo, lo cual no es una buena herramienta. Ya hay un Reinfo que se alimenta de información mediante declaraciones juradas. La data del sector ya existe”, subrayó.
Forno también mencionó que al bloquearse las exclusiones no hay incentivos reales para que se cumplan las condiciones mínimas de formalidad, pues no hay sanciones.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
