El congresista Wilson Soto (Acción Popular) presentó un proyecto de ley que busca regular la actividad de los creadores de contenido digital en el país e imponer requisitos para evitar la difusión de información falsa, especialmente en temas sensibles como salud, educación, seguridad y patrimonio. La propuesta abarca a “influencers”, “streamers” y líderes de opinión que generan contenido para plataformas digitales.
La iniciativa plantea que quienes difundan información especializada deberán contar con un título profesional o una certificación oficial que acredite su formación en la materia. Además, propone la creación del Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital, administrado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, donde todos los creadores deberán inscribirse para operar formalmente.
“No es un tema que queremos cortar la libertad de expresión. Hemos visto que en otros países ya se regula este tema. Lo que estamos planteando es que para que se hable de un tema específico, por ejemplo de salud, la persona tiene que conocer el tema y tener una profesión de medicina. Y si se quiere hablar de derecho, debe tener una carrera”, dijo este lunes en Canal N.
“No cualquier persona puede opinar o recomendar, para eso están los especialistas que han estudiado años (...) Los líderes de opinión (sin especialización profesional) pueden hablar de entretenimiento, humor, bailes, viajes, moda. No estamos privando”, añadió.
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Requerimiento y sanciones
Entre las obligaciones incluidas se encuentran informar con veracidad, citar fuentes oficiales, verificar previamente los datos difundidos y señalar si un contenido es pagado, gratuito o corresponde a una colaboración. También establece que los creadores deben diferenciar claramente entre opiniones personales y afirmaciones sustentadas en hechos comprobados, a fin de evitar confusiones entre sus audiencias.
El proyecto incorpora un régimen sancionador que contempla inhabilitaciones y multas. Para las infracciones muy graves, como difundir información que ponga en riesgo la salud o la vida, se prevé la inhabilitación de 60 días a un año para ejercer la actividad, además de una inhabilitación profesional de hasta tres años. En el caso de infracciones graves, como promover falsos tratamientos médicos, se aplicarían multas de hasta 5 UIT (26,750 soles).
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En la exposición de motivos, Soto Palacios sostiene que la medida es necesaria ante el “uso abusivo” de la libertad de opinión en medios digitales, donde —según señala— circula contenido sin sustento científico ni garantías de legalidad, generando riesgos para la población. Si la ley es aprobada, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para elaborar su reglamento.
