El Congreso de la República, nuevamente, busca cambiar el marco legal del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), esta vez a través de un proyecto de ley que “fortalece las reservas internacionales mediante la custodia de oro legalmente extraído por empresas mineras".
Según la propuesta, el BCRP quedaría autorizado a recibir, en calidad de custodia, el oro que provenga de la extracción legal. Esta podría ser solicitada voluntariamente por empresas mineras o por propietarios del mineral.
El plazo mínimo de custodia será de 10 años, prorrogables de manera automática si el titular no solicita el retiro del metal. Durante ese período, el propietario estará exento de pagar por el servicio de custodia y tendrá derecho a la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) que gravaría la exportación del oro.
Asimismo, el BCRP emitirá un título valor minero a nombre del titular, un instrumento negociable que podrá usarse en operaciones económicas, sin que ello altere la condición del oro como parte de las reservas internacionales.
La ley también encarga a la Sunat y al propio BCRP la fiscalización y supervisión de la ley, mientras que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) establecería mecanismos de control y trazabilidad para garantizar que el oro entregado provenga de fuentes legales.
Esta no es la primera vez que algún proyecto del Congreso plantea una medida similar. Previamente se propuso que el ente emisor compre oro a la pequeña minería para promover la formalización minera e, incluso, también se buscaba que el Banco de la Nación realice operaciones de comercialización de minerales.
Los especialistas coinciden en que la propuesta desnaturaliza las funciones del BCRP. (Fuente: Andina)
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¿Es viable?
Para Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), la iniciativa resulta peligrosa para la institucionalidad del BCRP y demuestra el desconocimiento de los congresistas sobre sus funciones.
“Las políticas públicas no pueden desarrollarse en función a criterios que no son técnicos. Lo primero es que al BCRP no le interesa tener más oro del que necesita (...) Si el oro es legal, no tiene por qué participar ninguna institución pública, ya sea para comprarla o para resguardarla”, comentó.
De hecho, precisó que las reservas internacionales requieren un nivel de liquidez adecuado, pero el oro no resulta un “activo muy líquido”.
En ese sentido, Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, remarcó que las reservas internacionales netas en el Perú están en un récord histórico.
“Tenemos US$ 85,000 millones. Nunca hemos tenido tantas reservas en nuestra vida republicana. Eso es 32% del PBI y es casi el nivel de nuestra deuda pública. No necesitas que el BCRP custodie más oro”, explicó.
Asimismo, Castellanos advirtió que la emisión del “título valor minero” que se propone en el proyecto podría derivar en un pasivo adicional para el país.
Este título, explicó el economista, representaría una forma de pago del BCRP a los propietarios del oro por el mineral que custodiarían.
“El BCRP no pagaría el oro con dinero, sino con ese título y (las empresas) lo podrían vender en el mercado secundario. Eso lo que está haciendo al final del día es aumentar la deuda externa del país, es decir, el BCRP debería más dinero. No tiene sentido destinar un dólar más de recursos para aumentar oro si tenemos suficientes reservas para manejarnos como país y como sistema monetario”, resaltó.
Un cambio innecesario como este en las funciones del BCRP podría arriesgar los bajos niveles de inflación alcanzados en los últimos 29 años, que vienen manteniéndose en un solo dígito, indicó Fuentes.
Además, recordó que en otros países donde los bancos centrales han intervenido en la compra de oro, los resultados no han sido positivos.
“Uno de los bancos centrales que tienen programas de compras de oro es el de Bolivia, que va camino a un periodo inflacionario muy duro. El otro es Ecuador, que ni siquiera tiene política monetaria porque su economía está dolarizada”, añadió.
Cabe recordar que, previamente, cuanto el Legislativo planteaba que el BCRP compre oro a la pequeña minería, Julio Velarde, presidente del ente emisor, aclaró que el problema del oro ilegal no es solamente sobre quién lo compra.
“A uno no se le ocurre crear una agencia para que compre la plata, el zinc, cobre. Hay un mercado que funciona y si hay una distorsión, se corrige la distorsión (...) Estados Unidos tienen como US$ 800 mil millones en oro, Alemania tiene como US$ 330 mil millones en oro. Pero, no compran una onza de oro hace 50 años. Más bien buscarían cómo deshacerse de ese oro, no les sirve de nada. El problema que si se deshacen, se derrumba el precio”, dijo.
¿Serviría para reducir la minería ilegal?
Como parte de la exposición de motivos del proyecto, se indica que la propuesta podría contribuir a reducir la minería ilegal al estimular la producción legal de oro, incentivando a los productores a formalizarse. Sin embargo, ambos especialistas coinciden en que el proyecto no atacará a la minería ilegal e, incluso, podría agravar el problema.
Fuentes advirtió que, actualmente, hay una falta de capacidad institucional que impide que el Minem pueda garantizar la trazabilidad del oro, pues no hay una autoridad ni estrategia clara sobre el combate a la minería ilegal.
Ante esta falta de trazabilidad, un riesgo significativo es la posibilidad de que la medida se convierta en un mecanismo para el blanqueo de oro ilícito.
“Sin duda cualquier tipo de iniciativa que involucre la compra o resguardo de oro podría ser un espacio para blanquear este tipo de actividades. Dado que las instituciones públicas no tienen esa capacidad (de trazabilidad), en la práctica estás abriendo espacios de discrecionalidad para la corrupción y, por lo tanto, para el blanqueo de este tipo de delitos”, sostuvo.
El especialista agregó que la magnitud de la minería ilegal en el país es considerable no solo por los precios internacionales muy altos y la incapacidad del Estado para controlar estas actividades ilegales, sino también por la complacencia y responsabilidad del Congreso para permitir nuevas iniciativas como esta.
Por ahora, el IPE estima que, para el cierre del 2025, las exportaciones ilegales de este mineral van a alcanzar a las cifras de los envíos legales, es decir, un 50% del oro exportado por Perú será de origen ilegal.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
