La Comisión de Energías y Minas del Congreso, presidida por Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), tuvo desde inicios del año la responsabilidad de trabajar y presentar una propuesta para regular el régimen especial para la pequeña, artesanal y tradicional minería, enmarcado en lo que se conoce la nueva Ley MAPE.
Esto, en un contexto donde la minería ilegal avanzó significativamente, dejando lamentables muertes, y camuflada en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Recién este martes 3 de junio, a poco de terminar la legislatura (a mediados de mes), Gutiérrez presentó una propuesta que, luego de recibir una serie de observaciones, fue enviada a un cuarto intermedio.
“De acuerdo a los espacios y tiempo, estaremos convocando a una sesión extraordinario para avanzar. Pasamos a un cuarto intermedio y, oportunamente, se les comunicará sobre la próxima sesión”, indicó Gutiérrez.
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Gutiérrez fue enfático al defender la propuesta que apenas llegó a los miembros de la Comisión el último viernes 30 de mayo. “No se está dando ‘amnistía’ a la ilegalidad, se está construyendo un puente para convertir la informalidad en una oportunidad (...) formalizar no puede ser castigar, es integrar; regular no es excluir, es dar las reglas justas”, sustentó.
La vicepresidenta de dicha comisión, Diana Gonzales (Avanza País), etiquetó la propuesta como un “Reinfo recargado” y apuntó al ejercicio de un “maquillaje legislativo” que busca como política pública “legalizar la ilegalidad”.
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Dos aspectos críticos que destacó Gonzales fue la ausencia de una definición de la minería formal y también la simpleza de requisitos para formalizarse.
“Basta con presentar el pedido de inscripción para ser formal. Eso es amparar la ilegalidad. Estamos frente a una propuesta distorsionada [de la formalidad minera]. Ahora se institucionaliza [la ilegalidad]”, criticó la congresista.
La legisladora Nilza Chacón (Fuerza Popular) observó que se introduzca sin un mayor sustento la categoría de minería tradicional. “Tampoco podemos ignorar que se debilita el sistema de interoperatibilidad para el uso de explosivos. Renunciamos a las pocas herramientas que tenemos para la trazabilidad”, enfatizó.
En tanto, Karol Paredes (Acción Popular), apuntó que la propuesta debe descartarse y mejorarse por una con mayor enfoque territorial y una verdadera sostenibilidad.
