El Congreso tiene un importante rol en el marco del lanzamiento del primer paquete del “shock regulatorio” del Gobierno, pues de las más de 400 medidas, 50 requieren de una intervención mediante una ley o un decreto legislativo.
Una revisión realizada por Gestión identificó que de este grupo de 50, uno de los aspectos que se busca lograr directamente es el impulso de la inversión, puntualmente, con 10 acciones.
Estas medidas rondan entre la optimización de procedimientos administrativos, la optimización de plazos y la mejora de procesos, con un efecto directo en el sector construcción (6) y de manera transversal en todos los rubros (4). Los sectores públicos alcanzados por estos escenarios por atender son el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Ministerio de Cultura (Mincul).
Ocho de estas 10 medidas requieren que su cambio se efectúe mediante ley y los otros dos por Decreto Legislativo (DL), precisamente modificando el 973, sobre contratos de concesión de obra pública; y el 1362, que regula las Asociaciones Público Privadas (APP).
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En tanto, el trámite de siete están “por iniciar” y tres “en proceso”. Uno es el del DL 973 y dos son propuestas de leyes para promover la expansión de infraestructura de servicios públicos y la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados.
Con estas medidas, Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones, saludó que el Gobierno intente acelerar la velocidad de ejecución de las obras, haciendo más rápidos los cronogramadas de intervención.
En la misma línea, Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, indicó que es positivo que se busque atender un panorama donde la inversión pública, ya sea por el esquema tradicional, la APP u otros, experimentó una signicativa sobrerregulación en los últimos 15 años.
“Tenemos un escenario donde el Estado le otorga a un concesionario una obra, pero el mismo Estado, bajo otra persona jurídica, como las municipalidades, impiden que se avance. Por eso nos terminan llevando ante el Ciadi: tiene todo el sentido que nos demanden y nos ganen”, subrayó.
¿Qué medidas de inversión verá el Congreso?
Para Carrillo, un aspecto importante son los cambios sobre las APP, que reformularán su organización y le brindará un mayor liderazgo y espacio de acción en los procesos. “Eso es muy potente, pues hoy se tienen muchos controles”, apuntó.
A su turno, una problemática reportada que destacó Lazarte es la relacionada a la demora en la liberación o remoción de predios. Al respecto, la experta señaló que la actual normativa peruana desatiende la realidad que se tiene, donde los predios tienen varios propiedtarios o, incluso, no hay un orden registral adecuada.
“Uno de los temas complejos es la relacionada a predios. Nuestra normativa asume que somos un país como Suiza, donde hay orden y no es así. Además, lo que el Estado debe garantizar es el valor del mercado y no precios menores, como en muchos casos ocurre, por ejemplo, en las comunidades cercanas a unidades mineras”, mencionó la exministra.
Otro punto que abordó es un eventual cambio en el silencio administrativo negativo en distintas ordenanzas municipales en el marco de ciertas autorizaciones. Esto no lo consideró una “mala idea”, aunque advirtió que se debe tener cuidado de eventuales accidentes. Sin embargo, Lazarte sí observó que, dentro de este primer paquete de “shock”, se propongan incentivos vinculados a mejoras en el presupuesto público, pero no castigos.
Por su parte, Carrillo sostuvo que tiene lógica que, ante la entrega de cierta concesión, se aprueben por defecto algunos permisos correspondientes, como los municipales. “Esto no significa que se paralizará el tráfico, sino que se debe planear cierta solución temporal con anticipación”, comentó.
A estas observaciones, la exministra agregó que es conveniente efectuar cambios ante la demora en la tramitación de permisos por intervenciones arqueológicas por parte del Mincul.
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“Para infraestructura nueva, hay que hacer una reforma relacionada a la arqueología. Es contraintuitivo que se exija un certificado nuevo en un país donde levantamos la piedra y encontramos vestigios. Podría orientarse o privilegiar el acompañamiento más cercano de las autoridades [en los proyectos]”, refirió.
Ambos expertos coincidieron, además, en que el Congreso tiene una ventana propicia para demostrar su compromiso con el país, brindándole prioridad a este tipo de obras, que finalmente se traducen en una mejora de servicios para la ciudadanía.
“Esperemos que el Congreso colabore, que haya un sentido de urgencia”, dijo Carrillo. “Confiaría en que el Congreso hará este esfuerzo para crecer como país. Estas medidas son, básicamente, para acelerar proyectos que ya existen”, complementó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
