Recientemente, en la Comisión de Economía del Congreso de la República se discutieron proyectos de ley, aprobándose algunos, que plantean modificaciones alrededor de las funciones del Banco de la Nación (BN) y la vinculan a la gestión de minerales, principalmente, del oro extraído en condiciones no formales.
En detalle, se trata de cuatro propuestas que giran en torno a ampliar las facultades del banco e impulsar la creación de dos sedes en diferentes regiones del país.
¿Cambios alrededor del Banco de la Nación y el oro ilegal?
Una de las medidas que se busca, como viene dando seguimiento Gestión, es cambiar la ley que crea el Banco de la Nación para autorizarla a realizar operaciones de compra, venta, exportación y comercialización de minerales, haciendo una mención puntual al oro, cuya explotación ilegal creció significativamente en los últimos años.
“Comprar o vender el oro y minerales en el mercado interno, así como exportarlo por cuenta propia o por encargo conferido para operaciones de comercio exterior a través de una persona jurídica (…) a fin de fomentar el desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)”, se lee en la propuesta impulsada por el legisladora Jorge Montoya (Honor y Democracia).
Solo en junio, el presidente de la comisión, Ilich López (Acción Popular), intentó debatirla para su aprobación, al menos, dos veces. La más reciente fue el lunes 30 de junio, pero no se pudo por “falta de tiempo”.
“Se sabe que la problemática de los minerales en el Perú, sobre todo de la minería artesanal e informal es que no se sabe a dónde llega a parar esa producción. La intención de este dictamen es tener esa trazabilidad”, dijo a Canal N.
La anterior vez fue a inicio de junio, cuando López consideró la medida como “audaz para intervenir la minería informal”. Entonces, sin embargo, fue enviada a un cuarto intermedio a partir de observaciones sobre si el Estado está en condiciones de asumir estas funciones comerciales.
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El legislador José Revilla (Fuerza Popular) recordó que el propio banco indicó que no cuenta con el personal capacitado al respecto y que la SBS alertó que se comprometería su solvencia.
El segundo proyecto, aprobado a inicio de junio y listo para debatirse en el Pleno del Congreso, es el 9476, presentado por Jeny López (Fuerza Popular). Su objetivo es ajustar la normativa que regula los servicios de transporte, custodia y seguridad de dinero y valores (Decreto Legislativo 1213), incidiendo en las facultades del Banco de la Nación.
“La modificación propone incorporar una excepción legal que permita al Banco de la Nación, de manera excepcional y en situaciones específicas, trasladar dinero en efectivo con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y/o las Fuerzas Armadas, sin necesidad de contratar empresas de transporte de caudales (ETCAN)”, precisa el documento.
Aunque se menciona textualmente solo “traslado de efectivo”, el cambio aprobado es sobre el artículo de “transporte y custodia de dinero y valores”.
Se agrega que el banco realiza este traslado “en vehículos propios o arrendados, así como en aeronaves de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú (PNP) o avionetas comerciales.
En este artículo también se describen las “situaciones extraordinarias o de emergencias”, entre las que está un escenario de “costos elevados del servicio de transporte de fondos y custodia de valores”. “Originados por la existencia de un único proveedor en el mercado, lo cual contraviene las normas fiscales de austeridad, racionalidad del gasto y manejo eficiente de los recursos económicos de la entidad”, complementa.
Otro aspecto apunta a “eventos imprevisibles que comprometan la seguridad del transporte o custodia regular de dinero y valores”, como desastres naturales, crisis financieras, conflictos sociales y situaciones de riesgos inminentes por ataques biológicos o pandemias.
Para la norma se solicitaron opiniones técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de Defensa, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a la SBS. Aunque la consideran “viable”, advierten de que no se establezcan límites sobre los criterios operativos, entre otros.
En tanto, la tercera y cuarto propuesta están orientadas a la declaración de interés de crear dos nuevas sucursales del Banco de la Nación: una en el distrito de Lambras (Huancavelica) y otro en Trompeteros (Loreto).
Las propuestas fueron presentadas por Wilson Soto (Acción Popular) a mediados de febrero último y aprobadas en la reciente sesión de la comisión.
Según el último censo del INEI, en Lambras, habitan menos de 2,500 personas, mientras que en Trompeteros menos de 8,400 personas. Ambas regiones, en los últimos años, tuvieron reportes de intervenciones contra la minería ilegal ante su evidente crecimiento.
¿Allanamiento a la ilegalidad?
Ante este escenario, Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas, consideró que pareciera que se busca allanar el terreno para los minerales obtenidos de manera informal e ilegal.
Si bien entre las propuestas se destaca que se busca el desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala, recordó que la minería ilegal e informal está camuflada bajo dichos amparos y una débil supervisión del Estado.
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“Los proyectos me parecen bien extraños, por ejemplo, el de aprobar la creación de nuevas agencias en sitios muy lejanos. Primero, porque esto le corresponde al mismo banco proponerlo y hacerlo técnicamente”, comentó.
En diálogo con Gestión, Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, también presentó sus cuestionamientos y preocupaciones sobre este conjunto de normativas y apuntó, principalmente, a la que establece que el banco compre oro.
“Merece una revisión a fondo. Me preocupa que se pretenda atribuirle a esta entidad funciones para las que no fue diseñada ni tiene experiencia, como intervenir en la comercialización de metales preciosos. Pero lo más delicado es que este proyecto podría terminar siendo una vía para limpiar oro de origen ilegal bajo la apariencia de formalización. Se corre el riesgo de institucionalizar la informalidad”, expresó.
A su turno, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), también apuntó su observación hacia la propuesta de que el banco comercialice oro por ser un negocio incompatible con su expertise.
“El banco es un brazo financiero que tiene el Estado y se busca cambiar su naturaleza. El banco tiene una inviabilidad operativa porque requiere otros conocimientos técnicos”, mencionó.
A esto sumó su crítica sobre la propuesta para que la entidad bancaria se encargue del transporte y custodia de dinero y valores.
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“No veo justificación técnica ni económica ante la existencia de la oferta privada. Para el banco mismo hay una serie de riesgos al trasladar oro de origen dudoso y cuando está pendiente su trazabilidad. Veo riesgos muy fuertes”, mencionó Grossheim.
Sobre esta propuesta, Julio Corcuera, gerente general de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Perú (ASEPRI), planteó que se estaría afectando la lucha contra la inseguridad ciudadana porque se encargaría a la PNP esta custodia y, por ende, se restarían elementos para este fin.
Corcuera recordó que, actualmente, se tiene un déficit policial de 60,000 efectivos. Y, aún así, se registran, a la fecha, 1,085 homicidios, 16% más que el año pasado en el mismo periodo.
“También es importante mencionar que la custodia de dinero y valores no es una actividad para la que están preparados necesariamente. Dentro de estas operaciones, hay un grado de especialización. Además, hay seguros y otras garantías. Esto no se está considerando. Mucho menos que los vehículos tienen que ser blindados y la propuesta habla hasta de arrendar”, comentó.
“En caso de pérdidas o robos, ¿la PNP dará la garantía para que se reponga el bien? ¿Acaso será el Banco de la Nación?”, complementó.
Medidas concretas contra la ilegalidad
El exministro Incháustegui consideró que desde el Congreso se evidencia que no se siguen criterios técnicos a la hora de proponer medidas para atender las problemáticas del país. “O se están dejando influenciar por presencia de ilegales. Las propuestas no son correctas técnicamente. En ningún otro país hay este tipo de propuestas”, comentó.
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Al respecto, indicó que una de las soluciones ante la minería ilegal debe pasar por promover la minería artesanal y de pequeña escala y que cumplan con todos los estándares. “El camino correcto es que haya un sistema de interoperabilidad”, comentó.
La congresista Gonzales sumó que debe considerarse controles rigurosos, trazabilidad real y una reforma de fondo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“Debemos tener claro que la lucha contra la minería ilegal no se resuelve creando atajos, ni mucho menos mecanismos que puedan prestarse a blanqueo de actividades ilícitas”, puntualizó.
DATO
Más de US$ 12,000 millones sería el monto valorizado de la exportación únicamente de oro ilegal en este año, estimó el Instituto Peruano de Economía (IPE). Este valor representa un incremento de más de 60% de lo que habría sido el año pasado.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
