En la Comisión de Economía del Congreso anida un proyecto de ley que pretende acreditar el pago de cupos a los extorsionadores como un gasto deducible para los negocios.
La propuesta — PL nro. 12793/2025-CR— ha sido remitida por la bancada Alianza para el Progreso (APP), y permite a los contribuyentes consignar, mediante una declaración jurada con firma legalizada, el gasto extraordinario que destinan al crimen organizado a fin de “proteger su vida”, y así “deducir de manera efectiva los montos reales de las pérdidas sufridas”. Ello, en un contexto donde más del 50% de negocios, solo en Lima, paga cupos —en datos de cajas municipales—, así como el 80% de transportistas.
El parlamentario Gustavo Cordero Jon Tay alega que los emprendedores víctimas de la extorsión se colocan en “situación de grave riesgo” a pesar de las denuncias, y por el miedo que infundan los sicarios, muchos optan por no acudir a la Policía en búsqueda de ayuda.
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“Atendiendo la grave problemática, proponemos que el requisito para la acreditación de pérdidas extraordinarias por delitos de extorsión no requiera denuncia policial, sino únicamente, la presentación de una declaración jurada con huella digital y firma legalizada notarialmente, acompañada de medios probatorios correspondientes”, argumenta Cordero.
Proyecto busca facilitar procesos para víctimas de extorsión, omitiendo denuncia policial y simplificando documentación; y con ello, que sea un gasto deducible del IR. Foto: GEC.
¿Qué implica deducir el pago de cupos al crimen organizado?
Katarzyna Dunin, especialista en derecho tributario, considera que el proyecto de Alianza para el Progreso desconoce el derecho tributario y lineamientos internacionales que no avalan hechos delictivos; y más bien, propicia la legitimación de este hecho delictivo.
“Hace unos años entró en vigencia una ley (DL nro. 1522) que prohíbe que sean deducibles como gasto las coimas que pueden pagar los contribuyentes, lo que es como una extorsión. Ahora, reconocer que el pago de cupos es un gasto deducible, es avalar una conducta ilegal”, sostiene para Gestión.
Vale acotar que el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta solo fija como deducibles los gastos por hechos fortuitos o de fuerza mayor —como un incendio o atentado—.
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Dunin reconoce el crítico momento que viven las mypes y negocios extorsionados y que, en el sentir de los emprendedores, ese gasto no lo deben asumir, pero la solución tampoco llegaría con esta ley.
“El Estado debe impedir que el crimen siga atacando al país en vez de colocar (el pago a extorsionadores) como gasto deducible. Sería legalizar la extorsión”, acota.
Según el PL, en caso un contribuyente aporte información falsa en su declaración jurada, se lo podrá denunciar penalmente ante el Ministerio Público si Sunat verifica dicho fraude.
