La autógrafa de ley que plantea un nuevo marco normativo para el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP) -también conocida como la reforma de Asociaciones Público-Privadas (APP)- podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas del Perú, advierte el Consejo Fiscal (CF).
A través de un reciente comunicado, basado en el Reporte Técnico N.º 01-2025-CF, el organismo señaló que las modificaciones propuestas debilitan los mecanismos diseñados para proteger el equilibrio fiscal en APP y evitar contingencias que comprometan la sostenibilidad de las finanzas del país.
Si bien el CF reconoció la urgencia de cerrar la brecha de infraestructura, precisó que este objetivo debe alcanzarse bajo criterios de eficiencia y resguardo de la hacienda pública.
Ante ello, el consejo coincidió con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la necesidad de observar la autógrafa. Cómo se recuerda, el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, anunció en exclusiva a Gestión que observará el texto para que regrese al Congreso y se establezcan modificaciones.
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Los puntos críticos
Para el CF, entre los puntos más críticos está la transferencia de la rectoría del SNPIP a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), lo que limitaría las competencias del MEF en materia de control presupuestario.
Esta decisión, indica el organismo, eliminaría herramientas claves como los gateways, los análisis de capacidad fiscal y las opiniones vinculantes, en contradicción con las mejores prácticas internacionales recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.
Otro aspecto preocupante es la desvinculación entre la programación presupuestal y la aprobación de proyectos APP. Esto, según el CF, podría llevar a la ejecución simultánea de megaproyectos que superen la capacidad de gasto adecuado.
“El CF considera que el MEF, como ente técnico responsable de administrar la hacienda pública, ejerce un rol insustituible en la preservación de la sostenibilidad fiscal”, subrayan.
En un contexto en que se planea una cartera de inversiones por US$ 70 mil millones, el doble de lo adjudicado en los últimos 15 años, la ausencia de controles eficaces representaría un riesgo.
En ese sentido, el CF advierte que la adjudicación de proyectos de esta magnitud generaría obligaciones presupuestarias rígidas debido a que “la mayoría de ellos requeriría cofinanciamiento público no solo en la etapa de inversión, sino también en las fases de operación y mantenimiento”.
Asimismo, señalan que la reforma no incorpora una evaluación integral de la compatibilidad entre los compromisos de gasto generados por las APP y la capacidad presupuestaria del Estado a mediano y largo plazo.
Por ejemplo, en el caso del Corredor Vial Interoceánico Sur, el costo anual para el Estado creció de S/ 86 millones en 2006 a S/ 1,400 millones en 2015, acumulando un gasto total de S/ 20 mil millones en dos décadas.
“Este proyecto debería servir como advertencia: sin controles técnicos estrictos, los costos reales terminan siendo significativos, comprometiendo la sostenibilidad fiscal”, alertan.
Por último, el CF sostiene que el cierre de brechas de infraestructura debe depender de una priorización técnica, no de un mecanismo de inversión específico.
Ante esta necesidad de destacar las iniciativas con mayor impacto en servicios públicos y productividad, se plantea abordar una planificación multianual que considere la modalidad más eficiente y las restricciones fiscales.
Esta reforma, añaden, debe construirse de manera transparente y con evidencia técnica, teniendo en cuenta la participación de todos los actores competentes y bajo un enfoque de largo plazo para consolidar un sistema de inversión orientado al desarrollo.
El caso del Corredor Vial Interoceánico Sur. (Fuente: Consejo Fiscal)
