
Tras realizar una auditoría, la Contraloría General de la República evidenció que decisiones contractuales y omisiones administrativas en la ejecución del Hospital de Apoyo Pomabamba II-1 (Áncash) generaron un perjuicio económico al Estado de S/ 81.8 millones. La obra, incluida en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), se ejecuta bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido. ¿Qué encontró?
La auditoría efectuada halló que el contratista inició trabajos de movimiento de tierras sin un diseño aprobado de sostenimiento de talud. Esto generó inestabilidad del terreno y daños a propiedades vecinas. Aunque las fallas eran atribuibles al contratista, este solicitó un evento compensable por mayores costos y plazos, que fue aprobado automáticamente ante la falta de respuesta del gerente del proyecto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), hoy Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
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Como resultado, la junta de resolución de disputas ordenó el pago de S/ 34.4 millones y la ampliación de 488 días para culminar la obra. Adicionalmente, el gerente del proyecto autorizó el pago de S/ 47.4 millones por trabajos de estabilización del terreno, pese a que los daños eran responsabilidad del contratista.
Otras irregularidades
La Contraloría también detectó otras decisiones contractuales que generaron sobrecostos. Se aceptaron mayores costos por equipos de ventilación y aire acondicionado (S/ 451,888), pese a que el contrato fue suscrito bajo la modalidad de suma alzada, que no permite ajustes de precio.
Asimismo, se reconocieron pagos y ampliaciones de plazo por supuestas modificaciones del terreno en la instalación del hospital de contingencia, así como por diseño y traslado de módulos COVID, con un impacto adicional de S/ 1.1 millones.
En total, el perjuicio identificado asciende a S/ 83 millones durante el periodo auditado (diciembre de 2020 a diciembre de 2023).
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Responsables de sobre costos
La Contraloría atribuyó responsabilidad civil, penal y administrativa funcional a dos gerentes de proyecto de la ANIN por su rol en la aprobación de pagos y ampliaciones que vulneraron lo estipulado en los contratos.
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