El dictamen que busca modificar la Ley de fiscalización de insumos químicos y productos fiscalizados no logró avanzar en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Con 9 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones, el documento no consiguió un acuerdo entre los congresistas.
Si bien se solicitó una reconsideración de la votación, la cual sí fue aprobada con 18 votos favorables, quedó pendiente una nueva votación de la comisión para determinar una aprobación del proyecto.
¿Qué plantea el dictamen?
El dictamen plantea modificar la Ley N° 27684, que regula la fiscalización de insumos químicos y productos fiscalizados, con el objetivo de fortalecer el control de estos insumos que suelen ser desviados hacia actividades de minería ilegal.
La iniciativa incluye medidas como la ampliación de la lista de insumos fiscalizados, la implementación de controles más estrictos para su comercialización y distribución, y la obligación de contar con permisos actualizados por parte de las empresas involucradas en su manejo.
Entre estos controles se indica que, de aprobarse el proyecto, los usuarios de estos insumos deben llevar un registro detallado de sus operaciones.
Además, están obligados a informar de inmediato a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) sobre pérdidas, derrames o delitos asociados al manejo de estas sustancias, en un plazo máximo de un día calendario.
Como parte de las modificaciones se establece que sería la Sunat la encargada del control de estos productos, con facultades para inmovilizar insumos, vehículos, documentación y registros, por un plazo de hasta diez días hábiles, prorrogables por el mismo periodo.
A parte de la Sunat, también se determina que instituciones como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) colaborarán en las tareas de fiscalización.
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Nuevas exigencias para el transporte
De acuerdo con la iniciativa, todo transporte de insumos químicos tendría que realizarse por las Rutas Fiscales previamente establecidas por la Sunat, y contar con documentación completa y vigente.
Asimismo, los envases que contengan estas sustancias deberán estar debidamente rotulados, conforme a las normas nacionales e internacionales.
Para esto también se establece que el uso de sistemas de geolocalización (GPS) será obligatorio en las unidades que transportan hidrocarburos, y la información será compartida con entidades como Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
En los casos en los que se detecten infracciones o delitos, la Sunat podrá incautar los insumos químicos y ordenar el internamiento de los medios de transporte involucrados. Estos bienes pasarán a ser de propiedad del Estado, que podrá optar por su venta, donación, destrucción o reasignación a entidades públicas.
¿Nuevas sanciones?
Respecto a las infracciones, el proyecto indica que toda infracción a la normativa constituirá una falta administrativa, sin perjuicio de eventuales acciones civiles o penales que también pudieran aplicarse.
Las sanciones contempladas incluyen la incautación inmediata de los insumos químicos involucrados y el internamiento del medio de transporte utilizado, el cual podrá ser retenido hasta por un plazo de nueve meses a partir de la ejecución de la medida. Este procedimiento será regulado por la Sunat.
La Sunat también ejercerá la potestad sancionadora mediante un procedimiento administrativo correspondiente. De aprobarse la ley se tendrán que encargar junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la tipificación de las infracciones y sanciones administrativas aplicables.
¿Qué opina el Poder Ejecutivo?
Como parte del documento, se presentaron las observaciones presentadas por el Ejecutivo. Para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el proyecto es inviable en su forma actual.
Según la PCM, el texto vulnera el principio de separación de poderes al asignar nuevas competencias a la Sunat, que son exclusivas del Poder Ejecutivo. Cuestionó también la falta de justificación técnica y legal, e indicó que varias de las medidas propuestas podrían implementarse vía reglamentación del Ejecutivo.
Por el lado del Ministerio del Ambiente (Minam), consideraron viable el proyecto, pero con modificaciones. Entre ellas, recomendó adecuar el contenido al Principio de Responsabilidad Ambiental, al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, e incluir disposiciones claras para el manejo, destrucción o donación de insumos incautados.
A su vez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), también consideró viable la iniciativa, aunque recomendó ajustes para evitar la sobreregulación de la Sunat y armonizar la propuesta con otras normas vigentes. Asimismo, sugirió que el Minem debería pronunciarse sobre algunos aspectos vinculados a hidrocarburos y minería.
