El Congreso de la Republica de Perú aprobó recientemente -en primera votación- que los trabajadores bajo Contratación Administrativa de Servicios (CAS) reciban Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones, y que quienes cubran plazas permanentes puedan acceder a contratos a plazo indeterminado. Con ello, este régimen se acerca al Decreto Legislativo N° 728 (régimen privado) y gana estabilidad.
Pero la discusión no se quedó ahí durante el debate en el pleno del Parlamento. La medida cambió el mapa laboral del Estado y, sobre todo, reavivó la intención de derogar la Ley del Servicio Civil (Ley Servir).
LEA TAMBIÉN: Pese a las críticas, Boluarte justifica su aumento de sueldo: “Estamos cumpliendo con el programa Servir”
Un mapa laboral en transformación
La ampliación de beneficios para los trabajadores CAS cambiaría el punto de referencia en el empleo público.
Este régimen, que nació en 2008 como un contrato temporal, ahora ofrece gratificaciones, CTS y la posibilidad de ser indefinido, acercándose al estándar del régimen privado (Decreto Legislativo N° 728).
Si bien el Congreso de la República busca darle CTS y gratificaciones a los CAS, lo cierto es que el Poder Ejecutivo también presentó un proyecto de ley, que aún no es debatido, para darle a los trabajadores bajo CAS solo CTS.
Con este avance, el CAS se convertiría en una alternativa más atractiva frente a otros esquemas, lo que podría modificar las decisiones de contratación de las entidades estatales.
En paralelo, quedan sobre la mesa interrogantes sobre el destino de los demás regímenes, como el Decreto Legislativo N° 276 que garantiza estabilidad, pero no CTS; o los locadores de servicios que no tienen cobertura social, y que en muchos casos son contratos que terminan siendo desnaturalizados. Con lo impulsado hasta ahora, no sería una sorpresa si también se buscará ir tras estos regímenes.
Ante este panorama, surgen dudas sobre si el Congreso y el Poder Ejecutivo están configurando de facto un nuevo régimen base que, con el tiempo, podría desplazar a los demás y convertirse en el estándar de contratación pública.
Congreso aprueba CTS y gratificaciones para CAS y reaviva debate sobre derogatoria de Servir. (Fuente: El Peruano)
LEA TAMBIÉN: Servir se deslinda del aumento de sueldo a Dina Boluarte: “No es de nuestra competencia”
Ley Servir en la mira del Congreso
La discusión se intensifica cuando se pone en contexto la Ley del Servicio Civil. Hoy existen tres proyectos de ley en el Congreso que buscan su derogatoria, impulsados por quienes consideran que el tránsito a Servir ha sido lento, costoso y poco atractivo para los servidores.
Con el fortalecimiento del CAS, algunos legisladores sostienen que no tendría sentido obligar a los trabajadores a migrar hacia un régimen que exige evaluaciones y podría implicar reubicaciones, si ya cuentan con beneficios equivalentes y mayor flexibilidad.
Otros, en cambio, advierten que eliminar Servir sería renunciar a un modelo que buscaba profesionalizar el empleo público, homogeneizar escalas salariales y garantizar procesos de selección meritocráticos.
Mantener regímenes paralelos, incluso si el CAS se asemeja cada vez más al 728, podría elevar el gasto público y dificultar la gestión eficiente de recursos humanos en el Estado.
LEA TAMBIÉN: Servir y MEF trabajan en actualización de beneficios para optimizar el Servicio Civil en Perú
Impacto de la medida sobre el régimen CAS
Mario Pasco, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, señala que la aprobación de gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS marca un punto de inflexión en la historia de este régimen.
Recuerda que el CAS nació como una fórmula transitoria para formalizar a quienes trabajaban con contratos irregulares y sin beneficios, y que con el paso de los años fue acumulando derechos hasta convertirse en un régimen paralelo casi idéntico al 728.
“El CAS ya cumplió su función histórica de formalización. Lo que debería hacerse es eliminarlo como régimen independiente y trasladar a sus trabajadores a un sistema ordenado de servicio civil”, afirma.
Brian Ávalos, socio en Derecho Laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, complementa esta visión destacando que el problema no es reconocer derechos, sino la manera en que se adoptan estas decisiones.
“Es un ‘parche populista’ que compromete partidas presupuestales y no soluciona los problemas estructurales del empleo público”, advierte, al recordar que el país debe abordar esta discusión como una reforma integral y no como una serie de medidas aisladas.
Congreso fortalece al régimen CAS y tensiona el tránsito hacia un servicio civil unificado. (Fuente: El Peruano)
LEA TAMBIÉN: Un nuevo “hueco” en Servir: Tribunal Constitucional saldrá del régimen
Efectos en la Ley Servir
Ambos especialistas advierten que este fortalecimiento del CAS puede terminar debilitando el tránsito hacia un servicio civil unificado.
Ávalos es enfático en que otorgar beneficios sin coordinación con la entidad rectora deslegitima el rol de Servir: “Si los trabajadores ven que pueden obtener beneficios sin migrar a un régimen que exige evaluaciones y movilidad, será cada vez más difícil convencerlos de hacerlo”.
Pasco complementa esta advertencia señalando que el verdadero objetivo debería ser fortalecer Servir o un sistema equivalente que profesionalice el empleo público y ponga fin a la coexistencia de regímenes dispersos.
Para Pasco, la norma aprobada no resuelve el problema de fondo y podría perpetuar el desorden administrativo.
LEA TAMBIÉN: Locadores de servicios: ¿Pueden unirse a sindicatos? Informe de Servir revela la respuesta
En el plano económico, Ávalos recuerda que el presupuesto es limitado y que cada beneficio nuevo significa restar recursos a otras áreas sensibles, por lo que debería existir un plan progresivo que permita financiar estas obligaciones sin comprometer otras partidas.
Pasco, en la misma línea, advierte que el problema no es solo presupuestal sino de gestión. Mantener un mosaico de regímenes, explica, implica un riesgo de planillas sobredimensionadas y contrataciones clientelistas que no necesariamente responden a las necesidades reales de la ciudadanía.
Para él, ordenar el sistema es tan importante como reconocer derechos, porque de lo contrario se corre el riesgo de afectar la calidad del servicio público.
LEA TAMBIÉN: Servir: 120 entidades del Gobierno corren contra el reloj para transitar
Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
