El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, presentó al presidente del Congreso de la República un proyecto de ley que regula la aprobación de feriados nacionales y días no laborales.
Esta iniciativa legislativa tiene la finalidad de fortalecer la atención del servicio público a la ciudadanía, la productividad y competitividad del país, ante el alto número de días de descanso que se han establecido en los últimos cuatro años en perjuicio de la economía y los derechos fundamentales de las personas.
En el proyecto presentado se da a conocer los efectos negativos que produce la aprobación de feriados y de días no laborables para la productividad de las entidades y los conflictos de carácter laboral que se generan, posicionando al Perú en el ranking de los países con el mayor número de días de descansos remunerados en Sudamérica.
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El titular de la Defensoría del Pueblo indicó que en el año 2020, el Perú contaba con 12 feriados no laborables declarados por ley; no obstante, en los últimos años se aprobó 4 nuevas festividades no laborables, por lo que suman 16 los días de descanso remunerado para los trabajadores del sector público y privado, aumentándose a 46 si consideramos los 30 días de su periodo vacacional.
“Esta situación convierte al Perú en un país menos atractivo para las inversiones debido a los costos que se tiene que asumir para pagar una contraprestación sin recibir un trabajo a cambio. También debe pagarse una triple remuneración al trabajador si se necesita que la actividad de su empresa no paralice”, expresó Gutiérrez Cóndor.
Se añadieron feriados compensables
Asimismo, la Defensoría del Pueblo recordó que el Ejecutivo aprobó los denominados feriados compensables, que se establecen en las fechas seguidas a los feriados no laborales. El año pasado, por ejemplo, se declararon inicialmente 7, a los que posteriormente se agregaron para Lima y Callao 3 más por la realización del APEC, sumando en total 10 feriados compensables.
Si se realiza un cálculo total a los feriados legales se dieron un total de 26 feriados para el sector público y 56 si se suman las vacaciones.
Este número elevado de feriados genera un impacto en el PBI, según ha sostenido el Banco Central de Reserva (BCR) en su Reporte de Inflación de setiembre 2023, refiriéndose a los efectos producidos por el aumento de feriados adicionales en la economía, anotó.
Se recordó que el BCR señala que este incremento de feriados adicionales podría tener efectos diferenciados, y en algunos casos no deseados sobre las actividades económicas, además de elevar los costos laborales, afectando la contratación formal, con un impacto susceptible en los sectores no primarios.
Disminución de horas de atención al público
Otro impacto significativo sustentado por la Defensoría del Pueblo es que los feriados para el sector público generan consecuencias negativas para los ciudadanos, debido a que la disminución de horas de atención al público frustra las gestiones que las personas quieren realizar en el trámite de sus derechos civiles, sociales y económicos. Sobre todo existe una afectación en los servicios esenciales, como en la educación, y por consecuencia a los miles de estudiantes de escuelas públicas de todo el país.
Por estos motivos, el proyecto de ley establece la obligación de realizar una evaluación técnica económica y social previa a la aprobación de feriados nacionales y no laborables para evaluar sus efectos a corto y largo plazo, asegurando que el porcentaje de beneficios para la población sea inferior al de sus costos. De igual manera, precisa que la competencia para declarar feriados le corresponde exclusivamente al Congreso de la República y no a los Gobiernos Regionales y Locales.
Con esta iniciativa legislativa, la Defensoría del Pueblo busca prevenir el incremento de los costos laborales y la reducción de la producción y competitividad, así como la paralización innecesaria de procesos, trámites y diligencias de toda índole en el servicio público. Todo ello, en consonancia con la economía social de mercado y el incremento de la actividad productiva, que debe marcar el esfuerzo de todas las entidades del Estado para este 2025 y los próximos años.
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