El plazo de las facultades legislativas que el Congreso de la República otorgó al Gobierno peruano a fines de septiembre vence este viernes 22 de diciembre, fecha hasta la cual el Poder Ejecutivo tenía prevista la aprobación de 50 decretos legislativos.
Al cierre de esta nota, al 21 de diciembre, ya fueron publicadoss 44 decretos legislativos vinculados principalmente a seguridad ciudadana, pero también se emitieron algunos relacionados a temas de infraestructura, transporte, telecomunicaciones, Servicio Civil y agricultura.
Uno de los primeros D.Leg. establecía el fortalecimiento del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario para brindar subvenciones agrarias hasta por S/ 10 millones, y posteriormente se publicó uno que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, así como la modificación de la ley que busca el destrabe de obras públicas paralizadas, entre otras medidas de infraestructura y gasto público relacionadas a la prevención ante el fenómeno de el Niño.
También se aprobaron cambios para agilizar el chatarreo de vehículos internados en depósitos y declarados en abandono, así como procedimientos para la regularización del derecho de propiedad predial y el Bono de Regularización de Edificaciones.
Solo ayer se aprobaron 13 decretos legislativos y entre los últimos emitidos se incluyen cambios en la Ley del Servicio Civil y la creación del Fideicomiso de Titulización para el desarrollo del Transporte y de la Movilidad Urbana en Lima y Callao, ¿de qué tratan?
Cambios en el Servicio Civil
A través del Decreto Legislativo Nº 1602, el Poder Ejecutivo modificó tres artículos y disposiciones complementarias de la Ley del Servicio Civil, que promueve el acceso de los trabajadores públicos a ese régimen laboral.
La presidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Ana Pari, explicó a Gestión que este decreto tiene dos grandes aspectos: uno vinculado a la creación de perfiles para acceder al Servicio Civil en general y otro para poder fortalecer los directivos idóneos.
Pari precisa que para fortalecer el Servicio Civil las entidades públicas debían realizar un Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), es decir, debían identificar los perfiles y características de los puestos que requieren en el personal que va a ingresar a la entidad pública.
“Pero, esa labor que tenían que hacer no tenía un plazo. Ahora en el decreto legislativo se establece que las entidades públicas del Poder Ejecutivo lo hagan en 180 días (...) Se está estableciendo ese plazo para las entidades que tienen trabajadores solo administrativos y 270 días para las entidades que tienen trabajadores administrativos y carreras especiales, como el sector salud y educación, por ejemplo”, explica.
Actualmente solo 18 entidades públicas de las más de 170 que existen en el Estado tienen listos los perfiles. A nivel de ministerios, solo son tres los que ya los tienen listos: el Ministerio de Ambiente, el de Energía y Minas, y el de Economía y Finanzas.
“Lo que se quiere con el Decreto Legislativo es que todas las entidades del Poder Ejecutivo tengan sus perfiles y que, en adelante, el ingreso, la contratación de nuevos trabajadores al Estado sea con los perfiles idóneos”, agrega.
La presidenta de Servir señala que por ahora solo hay cerca de 2 mil trabajadores en el régimen del Servicio Civil, en parte porque al haber pocas entidades que tienen listos sus CPE, no se pueden hacer concursos.
“Lo que sucedía es que cuando se hablaba de tránsito ya se hablaba de concurso, de presupuesto, de los tiempos que iba a tomar. Cómo nos centraremos en que faltaba presupuesto, en que había que mejorar las remuneraciones, las entidades públicas dejaron de un costado los documentos de gestión (...) No podemos hablar de que más trabajadores ingresen si previamente las entidades no tienen sus perfiles”, sostiene.
Respecto a la contratación de directivos públicos, Pari señala que la normativa establece que quienes no ingresan por un puesto de confianza tenían que ingresar por concurso, el cual debía llevar a cabo la entidad. Antes las entidades podían, de forma voluntaria, pedir la asistencia técnica de Servir para la evaluación previa a firmar el contrato con un directivo, pero ahora estarán obligadas a hacerlo.
“Cuando se realiza por concurso la contratación del directivo, hay una etapa que es la evaluación de competencias. Lo que se está poniendo como regla es que todo directivo público que vaya por concurso pase por dicha evaluación de competencia”, añade.
Fideicomiso para obras de transporte
Luego de algunos meses de anunciarse la medida, el Decreto Legislativo N° 1613 dio finalmente luz verde a la creación del Fideicomiso de Titulización para el desarrollo del transporte y de la movilidad urbana en Lima y Callao.
Según había explicado el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, el mecanismo tendrá inicialmente como foco a los proyectos para la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte había señalado que el fideicomiso tenía como fin “obtener créditos y recursos financieros para el desarrollo de proyectos de movilidad urbana, ejecutados bajo la modalidad de contratación Estado a Estado”.
Finalmente, el decreto indica que se buscará autorizar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para que se transfiera a una sociedad titulizadora recursos líquidos, bienes y/o derechos en dominio fiduciario para la constitución del Fideicomiso de Titulización, con el objetivo de obtener financiamiento para el desarrollo de proyectos de infraestructura en la capital.
Con esto, se buscaría que un inversionista brinde un financiamiento para ejecutar la obra, mientras este a cambio recibe el derecho a ingresos futuros que pueda genera la obra con, por ejemplo, la recaudación en el cobro del pasaje en la operación, pero ello debe ser resguardado por el Estado. Con lo cual se genera un compromiso estatal en caso ello la recaudación sea más baja de lo estimado.
Para Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, la idea es buena, pero el problema para llevarla a cabo es que no existe certeza sobre cuándo iniciarían los proyectos que se están planteando, lo que sería poco atractivo para los inversionistas.
“Creo que es una buena idea que podría no concretarse en el mediano plazo porque hacer un fideicomiso de titulización de los activos futuros implica que ese activo tiene una fecha cierta. Estamos hablando de las líneas de metro que al día de hoy los predios no están expropiados, no hay proceso de concurso de Gobierno a Gobierno, no hay más allá de unos planos referenciales, no existe una idea de cuándo va a comenzar. ¿Qué inversionista te va a comprar un bono que está sustentado en un ingreso futuro de un proyecto que no tiene fecha cierta de inicio?”, comenta.
El experto señala que hubiera sido una opción que el mecanismo incluya alguna garantía del Estado, la cual no tiene. Aunque se dice que el fondo puede ser llenado con ingresos fiscales, el día de hoy no han estipulado recursos para eso.
“Hubiera tenido más sentido si se garantizaba con recursos del Gobierno. Quizás el camino más cercano hubiera sido que el Estado peruano emita deuda para proyectos de infraestructura”, sostiene.
Hay que considerar que ya ha habido algunos cuestionamientos sobre si este mecanismo por el que hoy apuesta el Gobierno a futuro afectaría la caja fiscal.
Carrillo señala que otro problema que se observa en este caso no es que solo no se tiene una fecha certera para el inicio de las obras incluidas en el mecanismo, sino que en experiencias anteriores -como la línea 2 del metro de Lima- los proyectos en el país suelen tener retrasos, lo que hace aún más compleja e incierta la realización de este fideicomiso.
Los últimos decretos legislativos
En edición extraordinaria, se publicaron los últimos seis decretos legislativos, principalmente vinculados a seguridad ciudadana:
-Decreto legislativo N° 1618, que actualiza la Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
-Decreto Legislativo N° 1619, que establece disposiciones de carácter excepcional sobre la remisión condicional de la pena y beneficios penitenciarios.
-Decreto Legislativo N° 1620, que modifica el Decreto Legislativo N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Sobre este D.Leg., hay que recordar que trajo discusiones entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), así como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Donde el ministerio señaló que se necesita sincerar todo el esquema tarifario y el financiamiento, mientras que el regulador advirtió de riesgo de injerencia política para fijar tarifas de agua.
-Decreto Legislativo N° 1615, que crea el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI), una entidad que, informó Gestión, será una entidad rectora para diseñar proyectos de inversión.
-Decreto Legislativo N° 1616, que modifica el Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo N.º 635 a efectos de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y el tráfico ilícito de armas de fuego.
-Decreto Legislativo N° 1617, que regula el procedimiento administrativo disciplinario inmediato para servidores/as penitenciarios/as en casos de falta disciplinaria flagrante y otros supuestos.
