Depósitos Químicos Mineros (DQM), una empresa de capitales noruegos, adelantó a inicios de este año que podría llevar al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Esta alternativa se va haciendo más sólida toda vez que ahora se suma una nueva preocupación para DQM. Gestión cuenta los detalles.
¿Qué pasó entre DQM y Doe Run Perú?
En 2007, DQM firmó un contrato con el complejo minero Doe Run Perú (DRP) para almacenar ácido sulfúrico producido en el Complejo Metalúrgico de La Oroya.
Tres años después, DRP ingresó a un concurso de insolvencia. “Según la ley concursal, los pagos por servicios esenciales, como los brindados por DQM, deben ser considerados como créditos corrientes, lo que significa que deben pagarse de inmediato, sin esperar a que concluya el proceso de insolvencia”, refirió la empresa en la data brindada a este diario en enero último.
Sin embargo, subrayó DQM, cuando ingresa un nuevo liquidador en 2014, Doe Run niega que los servicios de la empresa sean esenciales y considera su deuda como parte del concurso, dejando sin efecto los pagos de crédito corriente.
En 2015, DQM demandó a DRP por US$ 16.8 millones por los servicios no pagados (sin contar intereses ni penalidades) ante el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El Laudo Final, ordenó a DRP pagar US$14.3 millones, más intereses y penalidades, considerando el crédito como corriente. Además, se dictaron tres medidas cautelares para garantizar el pago.
Aquí está el tema clave que detonó todo, pues -informó DQM- DRP incumplió las medidas del Laudo Arbitral y desde 2022 estarían intentando ser compensados.
El cuestionamiento principal recae en que, para la empresa, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no estaría haciendo que se cumpla lo dispuesto. Es más, se suma -para DQM- que el ministerio ha avalado que Consultores A-1 continúe como liquidadora en el proceso. ¿Por qué esto los pone en alerta?
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Preocupaciones por el liquidador de Doe Run
DQM está preocupado por el actual liquidador del proceso, Consultores A-1. El paso de Consultores A-1 tiene dos tiempos: la consultora estuvo al frente de la liquidación desde inicios del 2022 hasta finales del 2024. Sin embargo, perdió su registro en diciembre del año pasado, pero lo recuperó nuevamente. De hecho, en febrero de este año, la Junta de Acreedores de DRP lo ratificó.
“Hemos solicitado, vía acceso a la información, solicitado a Indecopi la resolución de sanción -esta es la segunda- que ha emitido la comisión de procedimientos concursales contra Consultores A-1 y su representante legal. Esta resolución es del 12 de febrero de este año (y se enfoca en un periodo del 2022)”, explicó Adrián Simons Pino, abogado del estudio Simons & De Noriega.
Agregó: “No entendemos cómo es que el Minem continúa respaldando la designación de un liquidador tan cuestionado. Ya en diciembre, había sido retirado y ha ingresado otra vez. De hecho, fue retirado por no cumplir con los requisitos de ley para continuar como liquidador; ahora, como parte de las investigaciones que tiene, salió la primera sanción por incumplimiento de realizar acciones de resguardo en los intereses de la masa concursal“.
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El abogado explicó que esta resolución de Indecopi evaluó 34 gastos de Consultores A-1 en el 2022 (entre mayo y junio de ese año). “Estos 34 gastos llegan a un total de US$ 569,948.83 y S/ 45,778.6. Todo ello, en este corto tiempo, han sido realizados -según Indecopi- sin sustento, es decir, que el liquidador no ha podido acreditar documentariamente el sustento de estos gastos, hay de todo, desde servicios legales, alquileres, pago a contadores, gasto de alimentación, entre otros”, apuntó.
Simons cuestiona que el perjuicio a los acreedores sea equivalente a S/ 2.1 millones “en este periodo tan corto”. "(Indecopi) ha sancionado individualmente a Consultores A-1 y a su representante para que paguen cada uno 100 UIT de multa (S/ 535,000 cada uno). Como es que una entidad del Estado, como el Minem, sigue respaldando la designación de esta liquidadora", insistió.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
