Una dosis del talento intelectual encuentra una escenografía en la economía naranja; es decir, la industria del cine proporciona, además de réditos emocionales, monetarios. Sin embargo, el panorama es más oscuro.
Sobre la mesa del Congreso hay un proyecto de ley enfocado en crear incentivos económicos y fiscales para el fomento de actividades cinematográficas y audiovisuales peruanas. Se ha popularizado como la Ley del Cine. Pero, en la sesión del Pleno del 20 de marzo, cual suspense thriller, el debate se entrampó al pasar a un cuarto intermedio.
¿Los motivos? Una desplazada participación de la Comisión de Cultura en la iniciativa y el riesgo de desproteger —incluso más— al cine regional. ¿Por qué?
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Cine regional: ¿papel principal o secundario?
En la propuesta se establece un tope porcentual al monto subvencionado: entregar solo el 70% del coste de la actividad, salvo que se trate de la primera obra cinematográfica o audiovisual de un autor de cine regional.
En el caso de que un profesional, con algunas obras acumuladas, estime continuar con su creación, tendrá que hacerlo con un 30% monetario a cuestas, “de su bolsillo”.
Esta visión desatiende la pluralidad. Hasta el 2015, la Unesco había clasificado al Perú en el conjunto de países de pequeña producción, aquellos que estrenan anualmente entre una y 19 películas. El contador, vale decir, también lo nutren las regiones, las mismas que se expresan, muchas veces, mediante narrativas que difieren de un objetivo mercantil.
“En Lima, a diferencia de las regiones, hay mayor acceso a financiamiento privado. Las grandes empresas usualmente subvencionan películas orientadas a un público masivo”, explica Samuel Urbina, cineasta y docente de la Universidad de Piura.
Insiste en que hay predominancia comercial hacia los filmes limeños porque las grandes compañías obtienen visibilidad: la probabilidad es alta ante los 10 millones de habitantes.
Él, como exganador de los incentivos económicos del Ministerio de Cultura, advierte que el porcentaje sin cobertura es desmesurado para un profesional de provincia, quien debe solventar otros gastos a propósito de la distancia geográfica.
Estos consumos los detalla Walter Manrique, productor arequipeño de la cinta quechua Kinra. “En algunas regiones no hay un solo cine y los estímulos económicos, precisamente, han permitido la apertura de salas alternativas que descentralizan y democratizan el acceso a la cultura. Gracias a ellas se pueden ver películas que, de otra forma, no llegan”.
La lista de brechas continúa. “Como no hay personal técnico, hacer una película en regiones resulta más caro por el traslado del personal desde Lima, lo mismo ocurre con el alquiler de equipos”.
En suma, si un 100% del presupuesto resulta corto para saldar —además del producto audiovisual— los otros vacíos que genera la centralización; un 70% pone en serio aprieto la ejecución.
Parte del equipo de Kinra durante un día de rodaje. (Foto: Walter Manrique)
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Subsectores de la industria: luces cámara y dinero
Manrique aclara que, aunque cada película contemple características particulares, siempre una participación profesional exige presupuesto, sobre todo en la postproducción: edición, montaje, distribución y marketing.
“Los dos últimos pueden ser incluso mayores que los costos de realización de la propia película. Por eso es que competimos con desventaja (el 30% menos)”, asegura.
Pero se detiene a especificar que el rodaje es uno de los pasos más dinamizadores de la economía local.
“Si son cerca de 40 participantes, hay 40 personas que están siendo alimentadas por un mes. [...] Elenco, director, productor, pero también la señora que nos prepara los desayunos, el maquillador, las personas que nos alquilan las movilidades y los hoteles. No es dinero que se desperdicia”, resume.
Argumenta, además, que la cadena es grande porque “el cine es el arte que más artes involucra”. Enumera las intervenciones de un compositor musical, un letrista, intérpretes, el especialista de la fijación fonográfica, diseñadores gráficos, publicistas, comunicadores sociales y más.
Desde su experiencia, habla de una inversión. “Luego pagamos tributos por cada entrada que se vende. Es una inversión para el Estado. Por supuesto, no debemos perder el foco de que el cine no solo es una actividad económica, es una actividad cultural”, acota.
Urbina, por su parte, detecta que las estructuras de distribución demandan más ahínco. “Las salas donde se puedan transmitir las películas responden a una empresa que tiene necesidades en el mercado. Entonces, ahí también podría haber una inversión, a lo mejor, de redes de salas alternativas, como las hay en muchos países”, sugiere.
Una película, agrega, requiere un buen lugar de estreno para recaudar lo invertido. En la Ley del Cine, este factor ha quedado olvidado.
Urbina durante el rodaje de la película Aquella sombra desvanecía. (Foto: Samuel Urbina)
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El factor especialización
Urbina se fija también en dos aristas de la educación. Asocia la primera con la expertise del cuerpo que pretende manejar estos incentivos y colocarlos siguiendo un criterio de moralidad. Un grupo evaluaría si las películas abordan temas sensibles o atentan contra la seguridad nacional: roza así, en algunos casos, con la censura.
“Esta ley le deja toda la responsabilidad a PromPerú, y PromPerú no tiene la logística ni el conocimiento sobre la industria cinematográfica. [...] Se está malinterpretando, se cree que el cine únicamente tiene que ser turístico”, señala.
Sería oportuno, ante ese contexto, la presencia de un grupo de trabajo al que el especialista llama un film commission.
El otro aspecto está enraizado en la concepción que gestan los talentos jóvenes alrededor de la industria. “La gente no vive de los estímulos, pero sí del sistema que se crea a partir de ellos. Inyectan espíritu. Recién se ha podido hablar de técnicos, por ejemplo, en Piura, en Chiclayo. Antes no existían”.
Se refiere a que el campo audiovisual ya muestra un crecimiento en la generación de empleo, gracias a una elección de personas que buscan dedicarse a esta rama aun cuando la oferta formativa es escasa.
Coincide Manrique. “En regiones hay menos espacios formativos. Al menos han surgido escuelas privadas, pero las personas que no pueden pagar simplemente no tienen acceso a esa educación”, subraya.
Asimismo, reflexiona sobre la falta de priorización por las destrezas artísticas en cada una de las etapas educativas.
Ante ello, Urbina resalta el elemento de pertenencia para erradicar el estigma. “Eres de la costa, sierra o selva y logras reconocerte en una película. Ahí radica la importancias del cine”, finiquita.
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Ley del cine: otras deficiencias legales
Diego Arce, abogado especializado en Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia del estudio Rodríguez Angobaldo, considera que el proyecto de ley evidencia otras carencias.
“No define el alcance de los contratos de servicios de producción, o lo que se debe interpretar como obra audiovisual, lo cual puede repercutir negativamente en la protección de los derechos de autor reconocidos en el ordenamiento”, sostiene.
Así, podría asumirse como “obra” cualquier producción, incluso aquella que no alcance la originalidad suficiente para ser protegida por la Ley de Derecho de Autor.
La debilidad en las condiciones del contrato de servicios de producción afecta, además, los lineamientos del empleo. “Se podría equipar contenidos creativos originales como meros servicios técnicos, lo que implicaría tratar aportes autorales (guiones, musicalización, etc.) como servicios contratados, diluyendo la titularidad de quien haya realizado la obra“, precisa.
Es decir, los creadores nacionales podrían verse reducidos a meros proveedores de servicios y no serían reconocidos como autores o coautores de las obras audiovisuales.
En conclusión, para el especialista, se dejaría sin contenido la figura del autor como titular original de una obra, la misma que se expondría a una explotación sin la participación de los titulares.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
