El Poder Ejecutivo aprobó la sección primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), que reemplazará al actual Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), mediante el Decreto Supremo Nº 067-2025-EF.
La medida se enmarca en la implementación de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que redefine el enfoque de la contratación estatal, priorizando la eficiencia y el acompañamiento técnico a las entidades públicas.
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Con la entrada en vigencia del nuevo marco legal el próximo 22 de abril, el OECE comenzará a ejercer funciones clave como la asistencia técnica y la orientación directa a entidades en sus procesos de contratación. Además, asumirá la gestión de datos y la evaluación de plataformas digitales como el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Otra de sus atribuciones será generar evidencia sobre el desempeño de entidades públicas y proveedores, así como administrar y supervisar el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
El OECE brindará servicios a más de 3,200 entidades en los tres niveles de gobierno, las cuales movilizan cada año cerca de S/ 86,000 millones en contrataciones, lo que representa aproximadamente el 36% del presupuesto nacional. Actualmente, el sistema cuenta con más de 1.8 millones de proveedores registrados.
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El nuevo ROF, elaborado en línea con los Lineamientos de Organización del Estado, establece una estructura orgánica más ágil, reduciendo de 46 a 43 unidades organizacionales, con el objetivo de optimizar la gestión interna y responder a los retos de una contratación pública moderna, eficiente y centrada en el valor público.
El documento, compuesto por tres títulos y 46 artículos, define las competencias generales y funciones específicas del OECE, y cuenta con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que garantiza su alineación con los principios de modernización del aparato estatal.
Con esta reforma, el OSCE no solo cambia de nombre, sino que inicia una transformación profunda en su rol institucional, fortaleciendo su capacidad para impulsar una mejor gestión de los recursos públicos a través de contrataciones más eficientes, transparentes y orientadas a resultados.
