
El Perú se ha convertido en el principal foco de proyectos mineros de cobre detenidos en el mundo. Nueve de los 29 mayores emprendimientos paralizados a nivel global están en territorio nacional, lo que representa el 22% de la producción potencial de este metal.
Así lo advirtió Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE). El diagnóstico forma parte del estudio “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero del Perú”, elaborado por el IPE a pedido del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que analiza las trabas regulatorias y sociales que mantienen a la inversión en pausa.
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Entre las iniciativas afectadas destacan La Granja y Michiquillay (Cajamarca), Conga (Cajamarca), Los Chancas (Apurímac), Río Blanco (Piura) y Pampa de Pongo (Arequipa). Según Gallardo, estos proyectos podrían estar avanzando si existieran procesos más ágiles y un marco más competitivo con estabilidad social y política.
El economista remarcó que, pese al escenario favorable de precios, el Perú no está capitalizando la oportunidad. “Hoy el Perú debería estar con una inversión minera cercana al 5% del PBI, similar al 2013, pero en lugar de eso nos mantenemos alrededor del 2%”, señaló. En contraste, Chile sí ha acelerado sus desembolsos en exploración y desarrollo.

Cuellos de botella
Gallardo identificó como principales obstáculos la tramitología y la conflictividad social, factores que no solo alargan los plazos de exploración y factibilidad, sino que también desincentivan el ingreso de nuevos capitales.
El IPE propone tres medidas centrales para revertir la situación: implementar una ventanilla única para permisos, reforzar el rol del Estado frente a la minería ilegal y mejorar los mecanismos de participación ciudadana y distribución del canon.
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“No se trata de relajar estándares ambientales, sino de tener procesos más claros y eficientes que permitan que los proyectos viables avancen”, concluyó Gallardo.