
Si bien el Perú es un país con un gran patrimonio forestal, al tener más de 72.8 millones de hectáreas de bosques, enfrenta una amenaza creciente: la tala ilegal, que ha tenido un avance silencioso en comparación con otros delitos ambientales, como la minería ilegal y el tráfico de especies.
En los tres último años, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) ha logrado reducir la extracción no autorizada de madera en las áreas con permiso para el aprovechamiento de recursos forestales (con títulos habilitantes); sin embargo, en las zonas boscosas fuera de estas concesiones este delito sigue teniendo un fuerte impacto y las cifras así lo demuestran.
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De acuerdo con información de Osinfor, a la que accedió Gestión, entre los años 2015 al 2025 se ha identificado la extracción y/o movilización de un volumen de madera proveniente de áreas no autorizadas superior a los 2′126,000 m³ rollizos (troncos).
Del total, la región Loreto concentra el 76.9 % del volumen, seguida de Madre de Dios, con 12.4 %, y Ucayali, con 5.4 %. Otras jurisdicciones comprometidas son Amazonas, Junín, Tumbes, Pasco y Huánuco, entre otras más.

En lo que respecta a las zonas con títulos habilitantes, solo en lo que va del año se registran 278 casos de tala ilegal, que representa un total de 42,913.142 m³ de madera extraída sin autorización. Esto equivale a aproximadamente a 944 camiones cargados de madera.
De este total, se ha detectado a través del procedimiento de seguimiento y monitoreo más de 7,000 m³ correspondientes a 26 casos de tala ilegal que se encuentran en proceso de investigación administrativa. Las multas por extracción no autorizada van desde las 3 UIT (S/ 16,050) hasta las 5,000 UIT (S/26′750,000).
Producto de esta extracción no autorizada de madera en estas zonas, se ha identificado que, solo en este año, un total de 177,444.11 hectáreas de bosque fueron afectadas. Son dos las regiones que concentran esta afectación: Madre de Dios (53 %) y Loreto (21 %).
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EL ‘BLANQUEO’ DE LA MADERA: ¿CÓMO SE REALIZA EL PROCESO?
Desde Osinfor indicaron a este diario que la extracción no autorizada en las zonas con títulos habilitantes es exclusivamente de madera ‘blanqueada’.
¿Cómo es el proceso? Las personas talan los árboles que se encuentran fuera de las zonas permitidas y supervisadas; sin embargo, posteriormente utilizan los títulos habilitantes, guías de transporte o contratos para darle una forma de legalidad al producto forestal.
De esta manera, este mecanismo de ‘blanqueo’ permite que la madera de origen ilícito ingrese a la cadena comercial, lo cual afecta la trazabilidad y distorsiona el mercado formal.
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Precisamente, en junio pasado dicha institución recibió una solicitud de monitoreo satelital de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios. Esto, debido a que en un puesto de control habían intervenido cuatro camiones que trasladaban 305,839 m³ de madera con guías de transporte forestal correspondientes a una titular de título habilitante.
Aparentemente, todo estaba en regla; no obstante, las imágenes satelitales no mostraban actividad en el área autorizada. Las fotografías captadas en distintos momentos no mostraron cambios o perturbaciones por actividades de aprovechamiento en la cobertura boscosa.
Tras advertirse esta inconsistencia, se determinó que la madera transportada habría sido extraída ilegalmente de otro lugar y que estarían intentando darle una apariencia de legalidad. Dicho cargamento quedó inmovilizado y se inició la investigación penal correspondiente.

Al respecto, el ingeniero agroforestal y especialista en tala ilegal, Elvis Príncipe Miranda, explicó que el blanqueo de la madera se debe, en muchos casos, a la falta de control al milímetro de toda la actividad forestal. Según dijo, la principal responsabilidad recae en las gerencias forestales de los gobiernos regionales, que estarían lucrando con los saldos del volumen de la madera.
“Como no hay un sinceramiento y la corrupción está metida en las mismas autoridades forestales, la información de los volúmenes de madera salen de ahí (...) los que administran los volúmenes de las maderas son las gerencias forestales. Ellos son los que administran esto, saben a quiénes les sobra volumen. Ellos tienen la información de todo. Entonces, se debería aprobar una norma para decidir qué se hace con los saldos de manera, con la finalidad de evitar este blanqueo”, indicó a Gestión.
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LAS RUTAS QUE UTILIZAN LOS TALADORES PARA MOVER LA MADERA
En cuanto a las rutas que utilizan los taladores ilegales, se han identificado tres grandes corredores de transporte: norte, centro y sur.
Ruta norte: La madera extraída en Loreto tiene dos vías principales. La primera sigue el río Ucayali hacia Pucallpa (Ucayali), en donde los troncos son aserrados antes de ser enviados a los mercados del corredor central, con Lima como principal destino. La segunda ruta sale por el río Huallaga hacia Yurimaguas (Loreto), desde donde la madera se transporta por vía terrestre hacia Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Ruta sur: La madera de Madre de Dios abastece principalmente los mercados del corredor sur, que incluye Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, Cusco, Apurímac y Ayacucho. En algunos casos, el flujo también se extiende hacia Ica y Lima.
Ruta central: Desde Ucayali, la madera viaja por río hasta Pucallpa, donde se procesa en los aserraderos locales y luego se transporta por carretera hacia Lima y otras ciudades de la sierra y selva. A esta ruta se suma parte de la madera procedente de Loreto, tanto en troza como aserrada.

Respecto a este punto, la fiscal superior adjunta Ana Trillo, de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), explicó a este diario que los principales puntos de destino de la madera extraída sin autorización son Chiclayo y Lima. Dentro de la capital, el mayor volumen va hacia el distrito de Villa el Salvador, mientras que otra cantidad es llevada al Callao para su exportación al exterior.
“Normalmente las mafias realizan la extracción y los árboles son tumbados y lanzados al río, para que con la corriente puedan avanzar hasta cierto punto, en donde se han establecido unas embarcaciones especiales. Desde de ahí son enviados hacia ciudades principales en las que hay movimiento de madera, a fin de que ingresen a aserraderos. En todo este interín mínimamente han pasado por lugares donde hay comisarías y presencia de la Marina, quienes deberían haber realizado el respectivo control”, indicó la fiscal al ser consultada por la movilización de la madera extraída de forma irregular.
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Añadió que cuando la madera ingresa a los aserraderos también se produce otra especie de blanqueo.
“Una vez que sale la madera aserrada, se le otorga una nueva documentación en la que, de alguna manera, se pueda justificar la procedencia lícita del producto. Ahí tenemos a otros actores en este complejo sistema de blanqueo de la madera: los aserraderos”, acotó la fiscal, tras precisar que las autoridades forestales de los gobiernos regionales son los que deben realizar una labor de fiscalización en estos recintos.
“Son muy pocos los aserradores que se han podido intervenir porque finalmente los dueños se excusan en que sólo reciben la madera, que no hacen una verificación y que no son responsables de la información que contienen las guías de transporte forestal”, agregó Trillo.
Cabe precisar que, de cada 5 camiones de madera aserrada que llega a los mercados para su comercialización, 1 lleva en su interior productos que fueron extraídos de forma ilegal.
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DE CADA 10 CASOS DE TALA ILEGAL, EN UNO SIEMPRE HAY UN FUNCIONARIO
Otras cifras que demuestran el avance de la tala ilegal en el país son las diversas investigaciones que se llevan a cabo en el Ministerio Público. Solo hasta julio de este año se registraron un total de 885 investigaciones por el delito de tala ilegal o contra los bosques y/o formaciones boscosas.
Si hacemos un comparativo desde el año 2017 al 2024, se aprecia que la comisión de este delito ha tenido un comportamiento fluctuante de incremento y disminución. Esto se debe principalmente a la suspensión de operativos y labores de fiscalización en los años más álgidos de la pandemia del covid-19, situación que de alguna manera fue aprovechada por los que cometen delitos ambientales.


El tráfico ilegal de productos forestales (madera) también se encuentra en auge. Solo hasta setiembre de este año se registraron 1,751 investigaciones. Además, hasta el mes pasado se han incautado 130,854 m³ de madera, 312,292 pies tablares y 2,542 trozas extraídas sin autorización.


Al ser consultada por estas investigaciones, Ana Trillo indicó que es recurrente que en la mayoría de los casos esté involucrado un funcionario o servidor de un gobierno regional.
“De cada 10 casos de tala ilegal y tráfico de madera que investigamos, en uno siempre hay un funcionario o servidor público involucrado”, advirtió.
Además, denunció que muchas de estas personas renuncian a sus cargos tras conocerse que son investigados, pero son contratados en otros gobiernos regionales por su “experiencia” en estos temas.
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Como se recuerda, el delito de tala ilegal o contra las formaciones boscosas es sancionado con una pena no menor de 4 años y no mayor a 6 años de cárcel. Si hay un agravante de por medio, por ejemplo, que el delito se cometa en áreas naturales protegidas, la pena oscila entre 8 a 10 años de prisión. Si el delito se comete bajo un esquema de organización criminal, la pena de prisión efectiva se eleva hasta los 12 años.
En lo que respecta al delito de tráfico ilegal de productos forestales (madera), el sentenciado recibirá una pena no menor de 4 años y no mayor de 7 años.
ADVIERTEN QUE LA TALA ILEGAL SE ESTÁ TRANSFORMANDO
Finalmente, la fiscal exhortó a las autoridades a implementar un plan de trabajo para combatir de manera eficiente la tala ilegal. Esto, para evitar que siga creciendo a la par de otros delitos como la minería ilegal y el narcotráfico.
“La tala ilegal es un delito que va de la mano con la minería ilegal y el narcotráfico. En la amazonía, la tala no siempre se da con el fin de obtener recursos del árbol. No siempre se va a cortar el árbol, ponerlo en trozas y comercializarlos, también se realiza el desbosque del área; o sea, la deforestación, para sembrar en el lugar hoja de coca o para establecer las pozas de maceración y hacer las pistas de aterrizaje clandestinas”, sostuvo.
En la misma línea, Príncipe Miranda consideró que este delito se está transformando para ser un complemento perfecto del narcotráfico y la minería ilegal. Frente a ello, planteó una mejor coordinación entre la Fiscalía, el Osinfor y los gobiernos regionales, así como exhortó al Ejecutivo que atienda las necesidades de las comunidades nativas o personas con predios aledaños, a fin de ayudarlos a que se formalicen y no se dediquen a otras actividades.
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“La misma necesidad en las personas hizo que la tala se transforme en un complemento del narcotráfico. Pueden haber personas que digan que se dedican a otras cosas, a sembrar sus cultivos de arroz u otros productos, pero todos sabemos que la agricultura sin maquinaria, sin logística, no es rentable, por lo que migrarán a otras actividades”, remarcó.

Es importante precisar que la tala ilegal mueve una importante cantidad de dinero en el país. De acuerdo con un último reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre el 2015 y setiembre de este año se registraron 63 reportes de operaciones sospechosas (ROS) ligados a este delito, por un monto de US$136 millones.
La mayor parte de los avisos vienen de los bancos (43%); notarios (16%), compraventa de vehículos (10%), comercializadoras de maquinaria (8%), Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (6%) y “otros” (17%).

Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.








