La economía peruana viene alcanzado mejores resultados de lo que se esperaba en 2025, pero cada vez está más expuesta a riesgos fiscales, de inversión y de gestión pública, dejando un escenario preocupante especialmente a medio año de las elecciones de 2026.
De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), el país podría cerrar el 2025 con un avance del PBI ligeramente superior al 3%. Sin embargo, con los altos precios de minerales y la baja inflación podríamos haber alcanzado un crecimiento más cerca del 4%.
Para el último mes del 2025 y el primer trimestre del 2026 se observaría una desaceleración producto de la incertidumbre electoral. Por ello, las acciones que tomen en el próximo gobierno serán claves para mantener la senda de crecimiento económico en el 2026.
Ante esto, ¿cuáles deberían ser las prioridades que debería tener el gobierno que ingrese el próximo año? Durante el foro “Perspectivas: Más allá de la turbulencia electoral”, el director del IPE, Diego Macera, señaló tres ejes en los que podrían centrarse: ordenar las cuentas fiscales, aprovechar el contexto favorable de precios de los minerales y fortalecer el servicio civil del Estado.
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Corregir los desequilibrios fiscales
Uno de los principales retos del nuevo gobierno será restablecer la disciplina fiscal. Macera recordó que el Perú lleva dos años sin cumplir su meta de déficit fiscal y hay temores de que el incumplimiento continue al cierre del 2025 y 2026.
Ante este riesgo, el director del IPE plantea que el próximo Ejecutivo impulse mecanismos para frenar la expansión del gasto público sin sustento técnico.
“Un espacio que deberíamos institucionalizar muchas más es la coordinación entre Ejecutivo y Legislativo para que las iniciativas de gasto que vienen del Congreso tengan algún control o espacio de coordinación con el MEF”, explicó a Gestión.
Esa coordinación, que ha sido un pedido del Tribunal Constitucional (TC), sería clave para evitar gastos adicionales de miles de millones de soles.
Por ahora, consideró que el gobierno de transición podría adelantar una medida presentando acciones de inconstitucionalidad frente a leyes que comprometan la sostenibilidad fiscal.
“Ojalá se puedan plantear algunas demandas adicionales al Tribunal Constitucional para frenar gastos que han venido desde la parte del Congreso (...) Lo que me preocupa es que se pueda ir en el sentido inverso, en el que el rol del MEF, que si bien no había venido siendo el guardián fiscal de antes, se pueda ver debilitado, con mayor flexibilidad para erosión de ingresos o incremento de gastos”, sostuvo.
El director del IPE, Diego Macera, se presentó en el foro “Perspectivas: Más allá de la turbulencia electoral” organizado por Gestión.
Foto: Rafael Cornejo V. / @photo.gec
Aprovechar los precios del cobre
Un segundo eje que plantea Macera es aprovechar el actual contexto de altos precios de los commodities, en especial de minerales como el cobre. Actualmente, resaltó, se están dando cotizaciones históricas.
Con ese panorama, el economista advirtió que el país no puede darse el lujo de demorar los proyectos mineros, considerando los largos plazos que suelen requerir.
Esta ventana de precios no será eterna pues, mientras más sube el precio del cobre, más incentivo hay para que se busque cómo reemplazarlo.
“Probablemente no suceda en cinco años, pero nadie garantiza que de acá a 10 o 15 sigamos con este precio. Si nos estamos demorando 20 o 25 años en sacar un gran proyecto, los que están muy atrás simplemente no van a valer la pena si nos demoramos tanto”, alertó.
Reforma del servicio civil
Otra prioridad que deberá tener el próximo gobierno está relacionada a la eficiencia del Estado, es decir, la necesidad de mejorar el servicio civil.
Macera indicó que el país necesita un Estado mucho más competente y eficiente, que asegure que el incremento del gasto público se traduzca en mejores resultados.
“Estamos gastando más en remuneraciones que hace diez años, y eso debería venir de la mano con mayores exigencias, con mejores resultados. Si estamos invirtiendo más en salud, educación, seguridad o infraestructura, debemos preguntarnos qué resultados, enfocarnos en qué servicio le hemos dado al ciudadano con ese gasto”, resaltó.
Para la reforma del servicio civil se deben tener dos frentes: mejorar la estructura, las capacidades de quienes ya están dentro del Estado y elevar los estándares de ingreso al sector público.
Uno de los principales ejemplos de lo que se necesita, indicó, es lo que se hace en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), donde se ingresa por meritocracia y se preparan profesionales desde jóvenes.
