
Aunque ya se coloca en su último año de Gobierno, doce diferentes actores del sector privado levantan su voz para exigir que en este tramo final se deje “la casa ordenada” y se combata frontalmente a la inseguridad ciudadana y las economías ilegales.
Según las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la economía crecería 3.1% este año y 2.9% en el 2026. El sector privado cree que aún se pueden dar pasos importantes para dejar un mejor camino para el inicio del próximo Gobierno.
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Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)
Cuatro temas clave. Seguridad ciudadana: ¿Cuál es la estrategia para combatir el clima de inseguridad, delincuencia y extorsiones?
Firmeza contra la minería ilegal que es fuente de otros delitos y guerras entre mafias, explotación de trabajadores y destrucción del medio ambiente. No se debe retroceder en el combate a la ilegalidad.
Déficit de infraestructura: cómo resolver la brecha que tenemos, cómo cambiar la situación por la cual muchas obras se paralizan y quedan inconclusas. La promoción de la infraestructura a través de Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI) al parecer ha perdido fuerza y es necesario reimpulsarla. Relacionado a este tema, está el Tren Bioceánico; Perú tiene que fijar una posición clara.
Finalmente, ¿Qué hacer para mejorar nuestros estándares de educación y salud?

Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
Esperamos, sobre todo, que la presidenta Dina Boluarte pueda compartir los planes que tiene respecto a seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. Este es el foco, un paraguas para todo lo que se viene, porque de este se decantan varios temas.
Vinculado a ello, tenemos la expectativa de que pueda confirmar cuáles son los planes o cómo se va a luchar contra la minería ilegal y si se va a continuar de manera decida a sentar las bases de la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, mejor conocida como Ley MAPE.
Además, esperamos se anuncie que sí se van a simplificar los permisos mineros y energéticos, reduciendo los tiempos, no los estándares. Eso es lo que nosotros queremos. Hay muchos permisos, la actividad minera es la más regulada, pero lo que queremos es que se pueda acelerar la respuesta y permisos, pero –como mencioné– manteniendo los estándares.

Leonie Roca, presidenta de Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)
No puede faltar un llamado a priorizar inversiones públicas responsables, evitando comprometer recursos que el país no tiene en proyectos que carecen de la madurez técnica y financiera necesaria.
Debe estar presente el compromiso de garantizar servicios públicos de calidad para todos los peruanos, sin importar dónde vivan, así como la necesidad de generar empleo formal a través de proyectos de infraestructura.
Otro punto imprescindible es reafirmar la importancia de la seguridad jurídica, como pilar para atraer inversiones y generar confianza, junto con la seguridad ciudadana, que es indispensable para el desarrollo del país.
Finalmente, es fundamental asegurar una transición ordenada al próximo Gobierno, dejando establecidas cuatro o cinco políticas públicas prioritarias.

Gabriel Amaro, presidente de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP)
Esperaríamos sobre todo siete anuncios. Promover unas elecciones transparentes y una transición ordenada al nuevo Gobierno, entregando un país en crecimiento y con paz social; aprobar la nueva ley agraria que impulse el sector para seguir contribuyendo con el crecimiento económico, la formalización del agro, la inclusión de la pequeña agricultura, la atracción de inversiones y la generación de miles de empleos en las zonas rurales; y avanzar en la desregulación y simplificación administrativa.
Además, impulsar el paquete de 23 proyectos de irrigación mediante APP y garantizar la operatividad del Proyecto Olmos; fortalecer el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) para que acompañe el desarrollo de todo el sector agrario; continuar abriendo nuevos mercados para el agro; y ampliar el seguro catastrófico y créditos para los pequeños agricultores.

César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNC)
Es importante que se anuncie la derogación de algunos feriados y días no laborables del sector público que afectan proyectos e ingreso de recursos en diversos sectores. Contar con un nuevo Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura que podría incluir costos de mantenimiento de vías, carreteras, puentes, escuelas y hospitales.
Terminar con oligopolio en arbitrajes y este sería un buen momento para anunciar que la resolución ministerial que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mantiene vigente permita que más dos o tres Centros Arbitrales resuelvan las diferencias entre el sector y contratistas.
Finalmente, centralizar la ejecución de proyectos en menos entidades públicas, hay más de 10 ministerios que ejecutan proyectos y esto dificulta en el Poder Ejecutivo el control para el avance de cierre de brechas en el país.

José Espantoso, presidente de Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip)
Promover la vivienda formal es fundamental para cerrar las brechas sociales. Sin embargo, solo el 0.25% del presupuesto público 2025 está destinado a subsidios para vivienda nueva.
Se requiere con urgencia reforzar esta política con mayores recursos, la creación de un fondo de garantía estatal que atienda a hogares con ingresos informales, una ley de financiamiento habitacional y mejoras en la seguridad de obras.
Asimismo, es clave priorizar la inversión en agua y saneamiento que permita habilitar suelo urbano con servicios desde el primer día. Este desarrollo debe dinamizarse mediante mecanismos ágiles como las APP y OxI.
Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
En su último año de Gobierno, la presidenta debe garantizar un proceso electoral totalmente transparente y confiable.
Continuar el combate a la criminalidad, dotando a la Policía de los medios necesarios. No ceder al chantaje de la minería ilegal y asegurar la libre circulación en las carreteras, tanto de personas como del transporte.
En lo económico, debe anunciar medidas concretas de destrabe y desregulaciones ya trabajadas con el Ministerio de Economía y Finanzas, medidas para impulsar un crecimiento de la economía por encima del 3%, y reducir el déficit fiscal.
También debería anunciar el inicio de grandes obras de infraestructura como trenes y carreteras, además nuevas inversiones en petróleo, minería y energía. Debe trazar la ruta de lo que será su último año.

Roberto De la Tore Aguayo, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
La presidenta Dina Boluarte debe garantizar la estabilidad jurídica, política, económica y social que el país necesita para reactivar la economía, generar empleo y reducir la pobreza.
De cara a las elecciones generales, urge asegurar un proceso transparente y una transición ordenada para el próximo Gobierno.
Es clave impulsar e implementar el shock desregulatorio, con las medidas que se había anunciado para julio, así como promover la inversión y fortalecer las APP.
La disciplina fiscal debe mantenerse, sin más flexibilizaciones, marchas y contramarchas, ni “salvatajes” o “reestructuraciones” de Petroperú.
Combatir las economías ilegales y el crimen organizado debe ser prioridad para recuperar la seguridad que exige el país.

César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex)
Esperamos que la presidenta Dina Boluarte anuncie medidas concretas orientadas a mejorar la seguridad ciudadana y la productividad de nuestros trabajadores.
El Perú necesita recuperar su capacidad de generar empleo formal y sostener un crecimiento económico duradero. Es indispensable promover un entorno más competitivo, combatir decididamente la inseguridad y la informalidad, fortaleciendo sectores estratégicos.
Desde Adex, consideramos fundamental apostar por el desarrollo del capital humano, impulsando la educación técnica desde los últimos años de la secundaria. Es necesario abordar con seriedad el impacto que los cuatro nuevos feriados han tenido sobre la actividad económica.
Con visión de futuro y decisiones valientes, este Gobierno tiene la oportunidad de dejar encaminado al país hacia un desarrollo verdaderamente sostenible.

Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas del Perú (MUP)
Desde el 2023 hasta la fecha, más de 700 mil empresas cerraron, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los sectores más golpeados son comercio y servicios, en este contexto las mype esperamos con interés lo que anunciará la presidenta Dina Boluarte en su discurso de Fiestas Patrias.
Entre los anuncios que queremos escuchar están la lucha contra la inseguridad ciudadana, créditos garantizados para las mype, solucionar las deudas del Estado a las micro y pequeñas empresas y presupuesto para Compras MYPErú.
Además, queremos solicitar al Congreso de la República leyes de promoción a la exportación de servicios como la Ley REMA (Régimen de Elaboración, Manufactura, Maquila y Almacenamiento), y eliminar barreras al comercio, como la Ley Seca, una norma que afecta directamente a muchos negocios.
Finalmente, consideramos idóneo el cambio de ministros para enfrentar su último año de gestión.

Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)
Los peruanos exigimos firmeza y autoridad para frenar el avance de las economías ilegales como la minería y pesca ilegal. Estas sostienen otras actividades ilícitas, así como la inseguridad y violencia. Este es el principal enemigo del país. El Gobierno no debe dar ni un paso atrás.
En el sector pesca, se debe continuar con el impulso de la pesquería de anchoveta que ha demostrado ser sostenible y es reconocida en el mundo por su buena gestión.

Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP)
Hoy más que nunca, el país exige compromisos concretos frente a los desafíos que afectan a millones de ciudadanos. El sector del transporte terrestre requiere atención prioritaria.
Es inaceptable que, pese a generar más de 1’636,579 empleos formales –equivalentes al 10 % de la PEA ocupada– y aportar más del 15% de la recaudación tributaria, el transporte formal y sus actividades conexas continúen siendo relegados.
Se hace imprescindible una gestión técnica, estable y planificada. El mensaje presidencial debe expresar una visión clara hacia un sistema seguro, eficiente y sostenible, fundamental para el desarrollo nacional. El país necesita un liderazgo capaz de dar continuidad a las reformas y ejecutar proyectos que transformen de manera sostenible la realidad del transporte terrestre.
