La minera peruana Alpayana S.A.C. cuestionó públicamente la reciente decisión de Sierra Metals Inc. de otorgar compensaciones por aproximadamente US$3 millones a cinco altos ejecutivos de su antigua plana directiva, a través de acuerdos de separación firmados poco antes del cambio de control de la compañía. Según Alpayana, estos pagos fueron efectuados sin su consentimiento, en medio de un contexto de crisis de liquidez y con poca transparencia hacia los accionistas.
En un comunicado, Alpayana señaló que los acuerdos fueron suscritos el 12 de mayo de 2025 entre Sierra Metals y sus principales ejecutivos: el entonces CEO Ernesto Balarezo, el CFO Jean Pierre Fort, y tres vicepresidentes más. Estos acuerdos derivaron en pagos inmediatos por concepto de “cambio de control”, es decir, compensaciones económicas otorgadas a ejecutivos que dejan sus cargos luego de que la empresa es adquirida o pasa a nuevas manos.
Uno de los principales cuestionamientos de Alpayana recae en la modificación del mecanismo de protección tradicionalmente conocido como “doble gatillo”. Esta cláusula, habitual en contratos de altos ejecutivos, condiciona los pagos por cambio de control a que se produzcan dos hechos simultáneamente: un cambio en el control de la empresa y la salida involuntaria del ejecutivo (por despido sin causa, por ejemplo).
Sin embargo, según la denuncia, la directiva saliente de Sierra habría eliminado ese requisito y habilitado los pagos de manera automática, permitiendo que los ejecutivos cobren las compensaciones sin que Alpayana —nuevo propietario— pudiera decidir si deseaba mantenerlos en sus cargos. “Se ha privado a Alpayana del derecho de evaluar la continuidad del equipo ejecutivo. Los pagos se activaron sin necesidad de despido ni evaluación por parte del nuevo controlador”, indica el comunicado.
Según Alpayana, estos pagos fueron efectuados sin su consentimiento, en medio de un contexto de crisis de liquidez y con poca transparencia hacia los accionistas. (Foto: GEC)
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Pagos en medio de dificultades financieras
La crítica adquiere mayor gravedad dado el contexto financiero en el que se encuentra Sierra Metals. Durante su oferta pública de adquisición (OPA), Alpayana ya había advertido sobre el alto endeudamiento y los elevados gastos corporativos de la minera canadiense. Según revelaron, incluso el propio directorio de Sierra había reconocido en junio que la empresa enfrentaba problemas de liquidez y que estaba priorizando el uso de caja para cubrir obligaciones urgentes.
En ese marco, Alpayana considera “inapropiado” que se hayan desembolsado millones de dólares a ejecutivos salientes, afectando aún más la ya debilitada situación financiera de la empresa.
Otro aspecto criticado es la demora y opacidad en la comunicación pública de estos acuerdos. Aunque los documentos fueron firmados el 12 de mayo, no se revelaron hasta el 8 de julio, y fueron incluidos en una circular de accionistas sin mayor visibilidad. Según Alpayana, esto forma parte de un patrón de ocultamiento de información material, que también se reflejaría en la falta de detalles sobre otras enmiendas contractuales previas.
Además, se desconoce si otros empleados o ejecutivos de Sierra también recibieron pagos similares. Alpayana anticipó que solo podrá acceder a los registros completos después de la reunión de accionistas convocada para el 29 de julio.
La disputa refleja la tensión que suele acompañar a procesos de adquisición hostil, como fue el caso de la OPA lanzada por Alpayana para quedarse con Sierra Metals. Aunque ya obtuvo el control, Alpayana insiste en que las decisiones previas del equipo saliente podrían haber afectado la integridad financiera de la empresa adquirida.
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