En el Perú, la matriz energética se ha sustentado históricamente en dos fuentes primarias: la hidroelectricidad y el petróleo. La tercera fuente llegó casi medio siglo después, con el desarrollo del gas natural. Este recurso logró una expansión significativa en la generación eléctrica, pero no alcanzó el mismo nivel de crecimiento en otros sectores, lo que abre el reto de consolidar su incorporación plena dentro del esquema energético nacional. En ese contexto, durante el evento Gestión Responsable, organizado por el Diario Gestión, se reunieron diversos especialistas para debatir sobre los desafíos de la transición energética en el país.
Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), comentó que que la transición energética, entendida como el cambio de la matriz de generación, constituye un tema fundamental para el país. Desde el ángulo geopolítico, la región atraviesa una coyuntura crítica: Bolivia enfrenta una severa crisis energética, Ecuador presenta limitaciones, Colombia ha decidido dejar de apostar por los hidrocarburos y Chile carece de recursos propios suficientes. “Frente a este panorama, el Perú se encuentra en una posición privilegiada al contar con la posibilidad de desarrollar una matriz balanceada, liderada por el gas natural, una fuente limpia, producida íntegramente en territorio nacional y con un precio regulado”, indicó.
Según explicó Cantuarias, la transformación de la matriz energética debe garantizar tres objetivos centrales. En primer lugar, sostener el crecimiento económico, ya que sin ampliar la capacidad instalada no será posible cubrir la creciente demanda de energía. En segundo término, fortalecer la seguridad energética reduciendo la dependencia de combustibles importados y, en tercer lugar, impulsar una verdadera descentralización económica, dado que el costo de la energía fuera de Lima es exponencialmente más alto.
En materia de avances en el Perú, Alexandra Boero, gerente de Asuntos Corporativos de Promigas Perú, comentó que actualmente existen alrededor de 2,5 millones de usuarios de gas natural, de los cuales cerca del 80% se concentra en Lima. En el norte, la concesión de la compañía atiende aproximadamente a 370,000 usuarios, mientras que en Ica, bajo la operación de Contugas, hay cerca de 100,000. En el sur, donde la concesión pasó a ser administrada por el Estado, la cifra apenas alcanza los 10,500 usuarios.
Si bien reconoció que se han logrado progresos, persisten barreras importantes como la falta de infraestructura, la concentración de la demanda en Lima y la disparidad de precios respecto a las regiones. “Para alcanzar la próxima meta —llegar a 3 millones de usuarios, lo que supone sumar 500 mil nuevos hogares— se requieren inversiones en infraestructura estimadas entre US$ 6,500 y US$ 7,000 millones. El desafío, por tanto, es cómo viabilizar esas inversiones para llevar el gas natural a más regiones del país”, enfatizó la directiva.
Cálidda tiene la concesión de distribución en Lima y Callao hasta 2048. (Foto: Difusión)
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Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, señaló que el potencial renovable del país es enorme, suficiente para cubrir las necesidades energéticas hasta fin de siglo e incluso para exportar. Sin embargo, subrayó que este desarrollo requiere tiempo y planificación. En el corto plazo, el Perú depende del gas natural, aunque las reservas actuales no son abundantes frente a las demandas de largo plazo.
“Mirando hacia adelante, considero necesario retirar el gas del sector eléctrico y sustituirlo por hidroenergía. El sector eléctrico concentra alrededor del 70% del consumo de gas, mientras que el residencial y comercial apenas alcanzan el 5%. Redirigir el gas hacia estos segmentos, así como al transporte y a la industria, permitiría un uso más eficiente y con mayor impacto”, afirmó. En esa línea, planteó que el país debe avanzar hacia una matriz energética 100% renovable, utilizando el gas únicamente como soporte durante la transición.
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Cuando lo político supera lo técnico
Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió que muchas veces lo político termina imponiéndose sobre lo técnico, con un impacto directo en la forma en que se enfrentan los desafíos energéticos del país. Un primer ejemplo es la persistencia de subsidios que distorsionan las decisiones de los agentes económicos sobre qué fuente de energía utilizar. Según un estudio del IPE, el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles ha representado un costo de S/18,000 millones, lo que en la práctica significa que la población ha financiado principalmente el consumo de diésel.
A ello se suma la menor recaudación por exoneraciones al impuesto selectivo en la Amazonía, donde, con amplia evidencia, se subsidia indirectamente la actividad ilegal. El caso de Madre de Dios es ilustrativo: su consumo de combustible per cápita es cinco veces superior al de cualquier otra región amazónica.
Gallardo también advirtió sobre el riesgo de caer en “fiebres energéticas” con una sola fuente. En el caso del gas natural, se ha insistido en extender ductos a regiones donde no es rentable, pese a existir alternativas más eficientes como el transporte virtual, que es autofinanciable.
Al mismo tiempo, en las zonas rurales, el 65% del consumo energético proviene aún de biomasa —principalmente madera—, cuando el GLP debería estar disponible de manera masiva. “Resulta esencial analizar con criterios técnicos qué fuente de energía es más adecuada para cada territorio, considerando su densidad poblacional, condiciones geográficas y viabilidad económica, a fin de que la política energética responda a objetivos técnicos y no políticos”, sostuvo.
El lote Camisea concentra más del 90% de las reservas probadas de gas natural del Perú.
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Innovación para enfrentar los retos de sostenibilidad
José Luis Velásquez, Partner de PwC, expuso que el cambio climático, el estrés hídrico, la pobreza y la seguridad alimentaria constituyen hoy algunos de los principales temas de sostenibilidad que plantean riesgos significativos tanto en el Perú como en el resto del mundo. Sin embargo, los avances alcanzados hasta el momento resultan insuficientes, y la materialización de estos riesgos será cada vez más evidente y de mayor magnitud en los próximos años si no se aceleran las acciones.
Según el directivo, más allá del cumplimiento de compromisos y metas definidos en el pasado, las soluciones basadas en innovación se perfilan como un camino viable para enfrentar estos desafíos, aportando alternativas de alto impacto. “La aplicación de tecnologías emergentes —como la inteligencia artificial, el blockchain o los modelos predictivos— ofrece oportunidades para anticipar y gestionar riesgos, al mismo tiempo que abre nuevas alternativas en la búsqueda de soluciones sostenibles“, indicó.
Finalmente, una de las principales limitaciones identificadas es la falta de financiamiento, lo que incluye no solo la disponibilidad de recursos, sino también la necesidad de asegurar una canalización efectiva de dichos fondos hacia proyectos sostenibles.
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Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.
