El Tribunal de Distrito de La Haya celebró hace poco su primera audiencia para determinar la jurisdicción en el caso contra Repsol de Países Bajos (Repsol NL) a raíz del derrame de crudo generado por su filial en el mar de Ventanilla, suscitado a inicios del 2022.
En total son 50,000 víctimas defendidas por la Stichting Environmental and Fundamental Rights (SEFR); y se estima que en seis semanas dicho tribunal emita su decisión para saber si tiene competencia en el caso.
Según SEFR —fundación neerlandesa que representa a los afectados— Repsol NL ejercía un control directo sobre las operaciones de la refinería La Pampilla, por lo que “conocía o debería haber conocido los fallos que causaron el desastre”.
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Se estima que hasta 12,000 barriles de crudo se vertieron en el mar de Ventanilla durante la descarga de la nave petrolera Mare Doricum: en total, se afectaron 106 kilómetros de costa, 21 playas y miles de aves, peces y mamíferos marinos murieron.
SEFR recalcó que Repsol atribuyó, en principio, el derrame a un “oleaje anómalo” por la erupción del volcán Hunga Tonga de Tonga pero luego atribuyó la responsabilidad a la nave en cuestión.
De confirmarse la jurisdicción, la segunda audiencia sobre la responsabilidad de Repsol se daría a inicios del 2026. Tras ello, habría una sentencia al respecto en el mismo año. Calculan que para 2027 se desarrolle la decisión sobre la indemnización de US$ 1,000 millones por daños y perjuicios.
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Tom Goodhead, CEO y socio director global de Pogust Goodhead —estudio que colabora en la demanda judicial— sostuvo que la audiencia “marca un hito importante para las comunidades afectadas, y confiamos en que el tribunal afirmará el derecho de las víctimas a reclamar justicia contra Repsol en los Países Bajos“.
“Los daños medioambientales y sociales en Perú continúan y, en muchas zonas, empeoran. La mayoría de las víctimas aún no han recibido una indemnización justa o adecuada”, resaltó.
