La mitad de las empresas que buscan pasar una homologación en compliance (cumplimiento normativo en las organizaciones) no lo logra. Así lo revela CIAL Dun & Bradstreet, que identifica fallas estructurales en las áreas de prevención de lavado de activos, lucha contra la corrupción y cumplimiento normativo, lo que impacta en el logro de nuevos contratos.
La homologación en compliance es una evaluación formal que mide si una empresa cumple con normas anticorrupción, prevención de lavado de activos (PLA) y estándares internacionales como las ISO 37001 y 37301. En ese sentido, no basta con declarar buenas prácticas: se puede demostrar con procedimientos, políticas y formación continua.
Este tipo de evaluación ya es exigida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para varios sectores, incluyendo minería aurífera, casinos, inmobiliarias, constructoras e instituciones financieras. Además, las grandes empresas y multinacionales están empezando a exigir esta certificación a todos sus proveedores, como parte de su gestión de riesgos reputacionales.
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¿Qué pasa si una empresa no se homologa?
Las empresas que no cumplen con estos estándares enfrentan consecuencias directas: exclusión de cadenas de suministro, pérdida de oportunidades de negocio y sanciones indirectas si sus proveedores están involucrados en actos ilícitos.
“Si tu proveedor incumple, tú también puedes quedar expuesto”, explica Sebastián Hasenauer, gerente para la región andina de CIAL Dun & Bradstreet. Casos como el del Club de la Construcción muestran cómo los incumplimientos pueden arrastrar a toda una industria.
Sebastian Hasenauer identifica brechas estructurales comunes en las empresas que buscan homologarse en sectores como minería, construcción y finanzas. (Foto: Cial)
¿Por qué la mitad de las empresas no aprueban?
Según datos de CIAL, el 50% de las empresas evaluadas no logra superar la homologación. Las razones principales: no cuentan con un oficial de cumplimiento independiente, no realizan capacitaciones verificables sobre prevención de lavado de activos (PLA)y no hacen una debida diligencia que sea efectiva en su cadena de valor.
Esto implica riesgos mayores. Algunas empresas terminan trabajando con proveedores ligados a minería ilegal o narcotráfico sin saberlo, lo que puede derivar en sanciones o pérdida de licencias para operar.
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¿Cómo han cambiado los riesgos de lavado de activos en el Perú y qué tan efectiva es la fiscalización estatal?
Hace una década, el principal riesgo era la corrupción. Hoy, la minería ilegal lidera el ranking, seguida del narcotráfico. Zonas como Madre de Dios o Pataz son monitoreadas por presentar indicadores de crecimiento patrimonial atípico.
Este nuevo mapa de riesgos obliga a las empresas a replantear su enfoque de cumplimiento. “No solo hay que mirar adentro, sino también afuera: quiénes son tus socios, proveedores y a qué zonas estás expuesto”, advierte Hasenauer.
Aunque la SBS y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han avanzado en regulación, todavía hay vacíos. Por ejemplo, la Superintendencia del Mercado de Valores solo actúa si hay una solicitud del Ministerio Público, lo que reduce su capacidad preventiva.
Según el marco legal vigente, la Superintendencia del Mercado de Valores no puede iniciar investigaciones penales de oficio y debe actuar en coordinación con el Ministerio Público o la UIF, lo que limita su capacidad preventiva ante casos complejos de lavado de activos.
Además, los gobiernos regionales no tienen oficiales de cumplimiento, y la ley de contrataciones públicas no exige verificación de PLA antes de adjudicar obras, lo que permite el ingreso de empresas con antecedentes cuestionables.
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¿Las certificaciones sirven realmente como ventaja competitiva?
Sí. Una empresa que aprueba una homologación en compliance mejora su reputación, gana acceso a mercados exigentes y reduce su exposición a riesgos legales. En Europa, por ejemplo, ya se exige que las empresas certifiquen la sostenibilidad y legalidad de toda su cadena de suministro.
La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) fue aprobada por el Parlamento Europeo en 2024. Obliga a empresas grandes que operan en la UE —incluyendo extranjeras— a identificar, prevenir y mitigar riesgos ambientales y de derechos humanos en toda su cadena de valor.
Aunque no es un requerimiento legal universal, las grandes mineras formales que exportan en la región, cotizan en bolsa o tienen auditorías internacionales sí están adoptando certificaciones en compliance como un estándar operativo.
